1 de diciembre de 2017 14:51

El CNE advierte que ninguna autoridad puede interferir con la consulta

Se calcula que serán 13 072 108 electores, 400 votantes por junta, 1 566 recintos de transmisión de actas, y 35 152 juntas receptoras del voto y la papeleta será en tamaño A3. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO

Se calcula que serán 13 072 108 electores, 400 votantes por junta, 1 566 recintos de transmisión de actas, y 35 152 juntas receptoras del voto y la papeleta será en tamaño A3. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO

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Adriana Noboa

Los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) aclararon que desde hoy, 1 de diciembre de 2017, está declarado el periodo electoral, frente a la consulta popular y referendo constitucional.

Nubia Villacís, su presidenta, advirtió que “una vez que se ha declarado el periodo electoral y se ha aprobado la convocatoria a elecciones, nada ni nadie las puede detener. Todas las demás funciones del Estado se ponen al servicio de la democracia, los servidores públicos de todos los niveles de Gobierno tienen que prestar las facilidades al CNE, de nosotros requerirlo”, agregó.

Esto en referencia a la demanda de inconstitucionalidad que presentó una facción de Alianza País, ayer (30 de noviembre) ante la Corte Constitucional, en contra de los decretos que convocan a la consulta y referendo.

El consejero Mauricio Tayupanta citó el artículo 286 del Código de la Democracia, que dice que “la autoridad que incumpla las órdenes legalmente emanadas de los órganos electorales competentes” será sancionada “con destitución del cargo y la suspensión de los derechos políticos y de participación por el tiempo de seis meses”.

Pero Tayupanta agregó que “no pueden emitir un pronunciamiento sobre supuestos”, por lo que en cualquier caso habría que analizar lo que suceda y que “esto no es ningún tipo de amenaza”.

El consejero Paul Salazar agregó: “nosotros somos los administradores del proceso electoral, no podemos permitir que nada ni nadie entorpezca un ejercicio democrático que está consagrado en la Constitución”. Esto sobre las siete preguntas que “ha planteado en su legítimo derecho, dentro del marco de sus competencias, el Presidente de la República”.

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