15 de junio de 2016 00:00

Clientes perjudicados en caso Proinco llegan a 1 300, según Christian Cruz

Las oficinas de Proinco, ubicadas en la Av. Orellana y Amazonas en el norte de Quito. Foto: Pavel Calahorrano / EL COMERCIO

Las oficinas de Proinco, ubicadas en la Av. Orellana y Amazonas en el norte de Quito. Foto: Pavel Calahorrano / EL COMERCIO

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Redacción Negocios

Unas 1 300 personas, entre ellas exclientes de Proinco, recibieron pagarés o derechos fiduciarios que no han podido ser cobrados. Estos papeles corresponden a firmas que, al parecer, están relacionadas con la financiera.

Así lo dijo ayer, 14 de junio, el Superintendente de Bancos, Christian Cruz, en entrevista con este Diario, al añadir que Proinco entró hace más de un año en un proceso de supervisión con miras a convertirse en una entidad auxiliar del sistema financiero, ya que la figura de sociedad financiera no está contemplada en el Código Monetario y Financiero.

Esa conversión, según Cruz, tenía el compromiso de que la entidad pague en efectivo al 100% de sus depositantes, pero quedó un remanente por cancelar de USD 280 000 a nueve depositantes.

Proinco, además, debía cobrar créditos que había otorgado a empresas, al parecer vinculadas. Se trata de tres firmas. Según el funcionario, esas tres empresas ofrecían a personas, entre ellas exdepositantes de Proinco, una rentabilidad de hasta el 18% por captar recursos para la inversión en los proyectos inmobiliarios, garantizados a través de papeles como pagarés o derechos fiduciarios.

“Por eso los clientes que se han acercado a las diferentes oficinas o medios de comunicación ya no son clientes de Proinco Sociedad Financiera”. Ellos son de los procesos de captación que se realizaron a través de las tres empresas que estarían vinculadas a las sociedad financiera, dijo el Superintendente.

Esto configuró, según Cruz, una captación ilegal de depósitos por parte de esas tres empresas, que tenían objetos sociales ajenos al sistema financiero. Bajo este mecanismo las empresas habrían captado unos USD 80 millones.

Por estos hechos, Santiago R., presidente del Consejo Consultivo de Proinco, fue detenido la madrugada del sábado, 11 de junio. Contra él existe una orden de detención por supuesto delito de estafa.

Clientes de estas firmas acudieron ayer, 14 de junio, a la Fiscalía en búsqueda de respuestas. María V. tiene un pagaré y una cesión de derechos como respaldo de una de las empresas supuestamente relacionadas con Proinco. Su pagaré venció en marzo del 2016 y todavía no se le ha pagado su dinero. “Nos dijeron que no tenían liquidez”. Cuenta que, junto a su hermana, invirtieron USD 50 000.

Freddy Larreátegui tiene un pagaré por USD 13 000, que venció en febrero pasado, de otra empresa que estaría relacionada. Le ofrecieron un rendimiento de 11% anual.

Mauricio Aguirre, abogado de Santiago R., dijo a este Diario que su defendido no es accionista ni representante legal de Proinco, por lo que la detención no cabe. Puntualizó que las firmas mencionadas en el caso “no son vinculadas”, sino que existen “alianzas estratégicas” que permitían generar productos a los clientes.

Sobre la supuesta entrega de pagarés a exclientes de Proinco, Aguirre sostuvo que es falso. “Todas las infracciones son totalmente falsas y las vamos a desvirtuar”, dijo e insistió en que se pagó unos USD 40 millones a acreedores, quedando un remanente de USD 280 000 que estaba por ser solucionado.

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