Redacciones Sucumbíos y Quito
Mañana se cumplirán cinco meses desde que 691 879 barriles de agua de formación tóxica se derramaran en el pozo Shuara 24, en Sucumbíos, sin que hasta el momento las poblaciones afectadas hayan recibido las remediaciones del caso.
Y mientras las autoridades del Ministerio del Ambiente y de Petroecuador se lanzan la pelotita, las comunidades decidieron tomar medidas por su propia cuenta. La Asociación Forestal de Campesinos 1 de Mayo, en representación de las comunidades afectadas y por medio de su presidente, Rodrigo Rosillo, inició la demanda por daño ambiental contra la compañía de Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa).
Cruz María Ávila, abogada de Pdvsa, desestimó las acusaciones y deslindó a la compañía de toda responsabilidad. “Mi representada puso a disposición de Petroproducción dos torres de perforación de su propiedad (incluido personal técnico). Por lo tanto, la acción debe presentarse en contra de Petroproducción, responsable de todas las operaciones”.
Alejandro Orellana, abogado de la parte demandante, se ratificó en la acusación y alegó que “de acuerdo con la Ley de Gestión Ambiental de la actual Constitución, quien contamina el ambiente es el responsable directo de la reparación de los daños”.
El presidente de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos, Juan Núñez, tras escuchar a las partes en el caso, determinó la apertura de la causa a prueba.
Sobre la demora en los trabajos de remediación, Brummel Vásquez, vicepresidente Corporativo Ambiental de Petroecuador (VAS), señaló que “se negoció con las comunidades acerca de las indemnizaciones. Se les ha dado la asistencia del caso. Respecto a la remediación, estamos a la espera del informe que nos debe remitir el Ministerio del Ambiente para empezar con los trabajos”.
Sin embargo, con fecha 17 de julio de 2009, el Ministerio del Ambiente multó a la estatal con USD 43 600 y dispuso la “atención a la población y el inicio de la remediación ambiental”.
Pero, según los afectados, no se han observado tales trabajos, a pesar de que Petroecuador ofreció en reiteradas ocasiones remediar las zonas. Ramón Chichanda, quien vive en una de las poblaciones perjudicadas por el derrame, se dedica a la agricultura y su familia la integran 10 personas. “Casi ya no tengo nada, las plantas se murieron y eso me tiene muy mal. Yo estoy perjudicado y quiero que me reubiquen o que descontaminen inmediatamente”.
Según Rosillo –demandante-, algunos moradores han presentado problemas como dermatitis, artritis, parasitosis e infecciones respiratorias.
En un recorrido por la zona, EL COMERCIO constató la afectación en el lugar, donde hay desechos del agua tóxica y muchos árboles ya no se pueden sostener.
“Tras el incidente nos visitaron por cuatro días unas brigadas médicas, nos sacaron sangre para estudios y no regresaron más. Debieron venir después de un mes para obtener verdaderos resultados. Mas aún, impúdicamente dejaron la sangre de la gente botada en el camino. Somos pobres pero tenemos dignidad”. Asegura Segundo Jaramillo, uno de los vecinos afectados.
Los afectados no confían en los ofrecimientos de las autoridades porque consideran que no habrá una remediación adecuada y completa. Alegan que la VAS ha trabajado en algunos frentes sin terminar. Asimismo, demandan que Petroproducción cumpla puntualmente con la entrega de agua ofrecida mediante el abastecimiento de tanqueros.
Hoy, los habitantes del Shuara 24 quieren recuperar su vidas, piden justicia y respeto.
La cronología
26 de junio 2009. El golpe de una máquina de la compañía Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en un tubo causa el derrame de agua de formación tóxica en el pozo Shuara 24D.
30 de junio de 2009. El desfogue del agua de formación no puede ser controlado. Hasta ese momento, el cálculo estimado es de 1 44 000 barriles vertidos hacia las poblaciones y ríos aledaños.
10 de julio de 2009. La torre de perforación de Petróleos de Venezuela es trasladada a otro campo estatal. Los habitantes de la zona evitan que se retire la torre, pero Petroproducción interviene y negocia con ellos.
4 de agosto de 2009. Petroproducción finalmente cuantifica en 691 879 la cantidad de barriles de agua tóxica derramada. Una área aproximada de 27 hectáreas fue impactada por el percance. La estatal empieza a organizar el plan de remediación.