Redacción Negocios y Guayaquil
La liquidación del Filanbanco, Progreso y la Mutualista Benalcázar pudiera extenderse más allá de este mes, pese a que el Presidente de la República dio plazo para cerrar 33 entidades financieras hasta el 31.
Gastón Bolaños, presidente de la veeduría que sigue el proceso de cierre de estos bancos, explicó que la complejidad de las operaciones de Filanbanco y Progreso impide que este plazo se cumpla.
Ambas entidades concentran el 80% del volumen de operaciones de los bancos en liquidación.
Solo el Progreso tiene 142 juicios por quiebra e insolvencia, por USD 255,6 millones. En tanto, el Filanbanco lleva 69 juicios por 107 millones, según la Superintendencia de Bancos.
A este problema se suma una deficiencia contable y financiera que nunca fue legalizada por los ex administradores y ex liquidadores de estas instituciones.
Bolaños señaló que recién este año la ex liquidadora de Filanbanco, Soraya Bajaña, y Hulda de la Torre, del Progreso, se “arriesgaron” a firmar balances hasta el 30 de septiembre pasado.
Y en el caso de Filanbanco, la nueva liquidadora, Cecilia Zurita, tendrá que resolver varias tareas pendientes que dejó Bajaña.
Entre ellas la publicación de la lista de deudores, la recuperación de créditos y juicios de coactiva.
También el traspaso de cartera y bienes al Banco Central, la emisión de títulos de crédito en contra de administradores y liquidadores que hubieren causado perjuicios a la institución…
Bajaña, además, dejó un informe que no ha sido avalado y que determinó la existencia de créditos vencidos por USD 1 055 millones. Pero para cerrar definitivamente los balances es necesario que se crucen las cifras con el resto de cuentas, a fin de determinar el déficit patrimonial final, que deberá ser cubierto por los ex accionistas de la entidad.
Xavier Castro, abogado de los ex dueños de Filanbanco, sostuvo que todavía no se conoce el informe donde se actualiza el hueco patrimonial y tampoco ha sido aprobado por la Junta Bancaria. “Nadie sabe qué dice ese informe y con qué documentos lo hicieron. Nadie nos ha notificado ni ha pedido nuestra opinión”.
Recién la próxima semana está previsto que se reúnan los miembros de la Junta Bancaria (JB).
Respecto a la Mutualista Benalcázar, Bolaños dijo que hay problemas en sus proyectos inmobiliarios. “Conocemos que el IESS está en conversaciones con el liquidador para hacerse cargo de estos proyectos”. Y también están en proceso de remate los bienes de esta institución.
Por otra parte, los veedores están a la espera de la información del resto de bancos, para analizar los procesos de liquidación.
Hasta ayer solo tenían informes de 25 entidades sobre la transferencia de activos al Banco Central. De los títulos de créditos en contra de administradores de los bancos no tienen evidencia. Tampoco tienen información de las pérdidas de cada entidad. “Estamos esperando que cierren los balances al 30 de noviembre”.
Lo que la Veeduría sí conoció fue cuántos bonos entregó el Estado para el saneamiento de las instituciones financieras.
Según el Ministerio de Finanzas y la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), se entregaron USD 1 410, 2 millones en bonos.
Y en efectivo se dieron otros USD 333,5 millones, pero Finanzas no especificó el destino de estos recursos. No obstante, la cifra de bonos difiere con la del Banco Central, que es de USD 1 402 millones. La diferencia de USD 7,7 millones deberá ser aclarada por las entidades responsables, señaló la Veeduría, que hoy dará una rueda de prensa para ampliar los avances de su gestión.