17 de December de 2009 00:00

El cierre de Filanbanco, Progreso y Benalcázar demandará más tiempo

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Redacción Negocios y Guayaquil

La liquidación del Filanbanco, Progreso  y la Mutualista Benalcázar pudiera extenderse más allá de este mes, pese a que  el Presidente de la República dio plazo para cerrar  33 entidades financieras  hasta el 31.

Gastón Bolaños, presidente de la veeduría que sigue el proceso de cierre de estos bancos, explicó que la complejidad de las operaciones de Filanbanco y Progreso impide que este plazo se cumpla.
 
Ambas entidades concentran el    80% del volumen de operaciones de los   bancos en liquidación.

Solo el Progreso tiene 142 juicios por quiebra e insolvencia, por USD 255,6 millones. En tanto, el Filanbanco lleva  69 juicios por 107 millones, según la Superintendencia de Bancos. 
 
A este problema se suma una deficiencia contable y financiera que nunca fue legalizada por los  ex administradores y ex liquidadores de estas  instituciones.

Bolaños señaló  que recién  este año la ex liquidadora de Filanbanco, Soraya Bajaña, y  Hulda de la Torre, del Progreso,  se “arriesgaron” a firmar balances   hasta el 30 de septiembre pasado.

Y en el caso de Filanbanco,  la nueva liquidadora, Cecilia Zurita, tendrá que resolver varias tareas pendientes que dejó Bajaña.
Entre ellas la publicación de la lista de deudores, la recuperación de créditos y juicios de coactiva.
 
También el traspaso de cartera y bienes al Banco Central, la emisión de títulos de crédito en contra de administradores y liquidadores que hubieren causado perjuicios a la institución...
 
Bajaña, además, dejó un informe que no ha sido avalado y que determinó  la existencia de créditos vencidos por  USD 1 055  millones.  Pero para cerrar definitivamente los balances  es necesario que se crucen las cifras  con el resto de cuentas,  a fin de determinar el déficit patrimonial final, que deberá ser cubierto por los ex accionistas de la entidad.

Xavier Castro, abogado de los ex dueños de Filanbanco, sostuvo que todavía no se conoce el informe donde se actualiza el hueco patrimonial y tampoco ha sido aprobado por la Junta Bancaria. “Nadie sabe qué dice ese informe y con qué documentos lo hicieron. Nadie nos ha notificado ni ha pedido nuestra opinión”.

Recién la próxima semana está previsto que se reúnan los miembros de la  Junta Bancaria (JB).
 
Respecto a la Mutualista Benalcázar, Bolaños dijo que  hay problemas en  sus  proyectos inmobiliarios. “Conocemos que el IESS está en conversaciones con el liquidador para hacerse cargo de estos proyectos”. Y también están en proceso de remate los bienes de esta institución.  

Por otra parte, los veedores están a la espera de la   información del resto de bancos, para analizar los procesos de liquidación.
Hasta ayer solo tenían informes de 25 entidades sobre la transferencia de activos al Banco Central. De los títulos de créditos en contra de administradores de los bancos no tienen evidencia. Tampoco tienen información de las pérdidas de cada entidad. “Estamos esperando que cierren los balances al 30 de noviembre”.

Lo que la Veeduría sí conoció fue cuántos bonos entregó el Estado para el saneamiento de las instituciones financieras.
Según el Ministerio de Finanzas y la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), se entregaron USD 1 410, 2 millones en bonos.
 
Y en efectivo se dieron otros USD 333,5 millones, pero Finanzas no especificó el destino de estos recursos. No obstante, la cifra de bonos difiere con la del Banco Central,  que es de USD 1 402 millones. La diferencia de USD 7,7 millones deberá ser aclarada por las entidades responsables, señaló la Veeduría, que hoy dará una rueda de prensa para ampliar los avances de su gestión.

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