8 de January de 2010 00:00

Un cierre apresurado

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Editorial Diario El Comercio

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Finalmente, la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) dejó de funcionar luego de 11 años de erráticas gestiones, inestabilidad gerencial y una actitud poco transparente en la rendición de cuentas.

La AGD se va con el estigma de haber sido creada por el Congreso de 1988, con mayoría socialcristiana, para absorber el impacto de una crisis en la que los ex accionistas de grandes bancos como El Progreso y Filanbanco fueron los mayores responsables de una situación que perjudicó gravemente al Estado y que arrasó con el dinero de millones de ecuatorianos.

Sin embargo, pese a que se cumplió el plazo que dio el Gobierno para el cierre de la AGD, el largo y tormentoso proceso que llevó este organismo no concluye: los 28 bancos con problemas pasaron al Banco Central, mientras que las cinco entidades cuyos trámites de liquidación todavía siguen, se encuentran ahora bajo el control del Ministerio de Finanzas. La veeduría ciudadana creada para el caso ha pedido explicaciones sobre el no cierre de este último grupo.

En teoría, se acató el cronograma y el ultimátum que el Presidente dio a sus funcionarios, pero no se ha resuelto el gravísimo problema humano y social que significa que, 11 años después, miles de  perjudicados sigan esperando que se les devuelva su dinero.

Con los problemas que dejó la AGD en manos del Banco Central y del Ministerio de Finanzas, ahora serán estas dos instituciones gubernamentales las que deberán afrontar no solo la obligación de atender los requerimientos de los ex clientes, sino también la recepción de información parcial, los procesos incompletos, la verificación de los pagos pendientes, etcétera. Todo esto lleva a preguntarse por el sentido de un cierre que no cumplió los objetivos trazados.

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