Redacción Sociedad
El informe el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Conea), que planteó el cierre de 26 universidades, puede convertirse en papel mojado.
La Comisión de Educación, Cultura y de Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional aprobó un informe preparado por la Subcomisión que fue encargada de analizar el estudio del Conea.
Los antecedentes
En el informe del Conea, difundido en noviembre del 2009, se ubicó a las universidades en cinco categorías: A, B, C, D y E.
La evaluación del Conea a las universidades duró 15 meses. Intervinieron todos los estamentos de 71 universidades y 288 institutos. Participaron 31 especialistas, en todas las provincias.
El Conea recomendó depurar 26 universidades que, según la evaluación, se ubicaron en la categoría E. El informe está disponible en www.conea.net. En el texto aprobado por la Comisión se concluye que existieron falencias. Una de ellas es la falta de difusión del modelo de evaluación. También se critica la falta de participación de los actores universitarios en el proceso. Otra fue el tiempo limitado.
El presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, recibirá el informe, lo evaluará y lo presentará al Pleno para su votación.
En el texto se menciona que el Conea no tiene la facultad de determinar el cierre de universidades. “Los informes presentados por el Conea y el Conesup no son vinculantes para la toma de decisiones”, añade.
La Comisión de Educación recibió -el año pasado- los informes del Conea y del Consejo Nacional de Educación Superior (Conesup) para evaluarlos y a partir de eso redactó un reporte.
En julio del 2008, mediante el mandato constituyente 14, la Asamblea había ordenado a las dos entidades que evalúen a los centros de educación superior.
Al Conea le correspondía entregar un informe técnico sobre el nivel de desempeño institucional. El Conesup debía determinar la situación académica y jurídica. Los informes finales se entregaron a finales del 2009. En enero de este año, la Asamblea encargó a la Comisión de Educación, Cultura y de Ciencia y Tecnología el análisis de los dos reportes.
El informe del Conea causó conmoción al presentar una lista de 26 centros que se ubicaron en la categoría E de su evaluación y que debían cerrarse.
Después de esto, explica Xavier Tomalá, presidente de la Subcomisión, se convocaron a los rectores de las universidades que no estaban de acuerdo con los resultados. Asistieron 30 centros con una serie de documentos. “Se quiso dar oportunidad de que cada quien exponga y se defienda (…)”.
Pero Arturo Villavicencio, presidente del Conea, había presentado sus argumentos en febrero. Dijo entonces que los criterios de evaluación no fueron arbitrarios y que los centros se analizaron bajo los mismos criterios. Además, señaló que el Conea mostró una lista de 17 actas de las sesiones.
Tomalá, en cambio, insiste en que se debe usar un modelo de evaluación socializado. “No de la noche a la mañana… Se aplicó un modelo como para empresas, no para centros de educación”.
El informe aprobado propone, además, que se incluya una disposición transitoria en la Ley Orgánica de Educación Superior. Tomalá señala que la evaluación tomará tres años y se realizará en tres etapas: autoevaluación, evaluación externa y la acreditación.
La Comisión de la Asamblea propone que se haga un plan de mejoramiento institucional. En respuesta al argumento de que hubo poco tiempo para la evaluación a las universidades, el Conesup respondió que se hizo un análisis minucioso y que se cumplió con el tiempo establecido por el mandato 14, que era de un año.