9 de December de 2014 21:13

CIDH examina el papel del Estado en muertes taromenane

Después de la matanza del 2006, se conformaron dos comisiones investigadoras. Foto: Archivo / EL COMERCIO

Después de la matanza del 2006, se conformaron dos comisiones investigadoras. Foto: Archivo / EL COMERCIO

Compartir
valorar articulo
Descrición
Indignado 19
Triste 2
Indiferente 0
Sorprendido 0
Contento 1
Estefanía Celi R. Redactora
politica@elcomercio.com (I)

El 26 de mayo del 2003, entre 12 y 26 miembros del pueblo taromenane fueron asesinados. Eran hombres, mujeres y niños, cuyas casas fueron quemadas y sus cuerpos cercenados. Más de 11 años después, el Estado ecuatoriano aún no halla a los culpables de esta matanza.

Los hechos son recogidos en el informe de admisibilidad que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó el 6 de noviembre pasado, con el que se inicia el análisis de las posibles vulneraciones a los derechos humanos de los pueblos no contactados tagaeri y taromenane de parte del Estado ecuatoriano.

El documento detalla la información que se refiere a las matanzas de miembros de estos pueblos en 2003, 2006 y 2013. Ninguno de los tres casos tiene hasta ahora una sentencia, lo que hace que la Comisión considere que estas circunstancias implicarían, a primera vista, un retardo injustificado.

“La CIDH nota que no cuenta con información sobre las conclusiones a las cuales habría llegado la autoridad investigadora en los más de 10 años transcurridos desde que aconteció la primera presunta matanza”, señala el informe.

La petición fue realizada en el 2006 por Fernando Ponce Villacís, Raúl Moscoso, Juan Guevara y Patricio Asimbaya. En ella alegan responsabilidad del Estado por las violaciones de los derechos humanos de estos pueblos indígenas. Ahora que se ha admitido el caso, la Comisión deberá analizar el fondo del asunto.

Alejandro Ponce Villacís, abogado especialista en derechos humanos, señala que se espera que en alrededor de un año la Comisión se pronuncie sobre si hubo o no violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, ese informe no puede incluir sanciones, sino ser el primer paso para un trámite en la Corte Interamericana, para que dicte una sentencia.

Para esto, dice Ponce, la CIDH deberá solicitar a los peticionarios que presenten una comunicación en la que señalen su posición sobre la existencia de violaciones a derechos humanos y luego de esto el Estado deberá dar observaciones al respecto.

No obstante, Ecuador se ha negado a entregar a la Comisión información sobre este caso en ocasiones anteriores. En mayo pasado, el Estado aseguró que no reconoce las medidas cautelares emitidas por la CIDH, por lo que “no emitirá respuesta sobre ellas”.

Las cautelares estaban vigentes desde el 2006 y buscaban la protección de los pueblos en aislamiento voluntario.
Por ello, Ecuador deberá cambiar su estrategia ahora que se admitió a trámite la petición a favor de los pueblos en aislamiento voluntario.

Verónica Potes, abogada experta en derechos indígenas, comenta que dentro de la tensa relación que mantiene Ecuador con la CIDH, si el Estado quisiera negarse a entregar información tendría que cuestionar la capacidad de la Comisión para investigar violaciones a los derechos humanos.

Los argumentos de Ecuador, recogidos en el informe de admisibilidad, se enfocan en negar que haya vulneración de derechos mas no niegan que los hechos efectivamente hayan sucedido.

Según un comunicado enviado a la Comisión, Ecuador ha detallado las acciones dentro del Plan de protección a los tagaeri y taromenane. Pero además alega que la petición pretende construir a los órganos del Sistema Interamericano en una cuarta instancia, tanto pareciera que la petición pretende que la CIDH “se pronuncie sobre la inocencia o culpabilidad de las personas involucradas en los hechos”.

Además, solicita que el análisis de la Comisión debe centrarse en los hechos de 2003 y 2006, pues la matanza de 2013 no había ocurrido aun cuando se presentó la solicitud.

La matanza del 2013 es clave, pues se dio meses antes de que el presidente Rafael Correa declarara de interés nacional la explotación de los bloques 31 e ITT, zona donde habitarían estos pueblos.

Sin embargo, ambos argumentos fueron desechados por la CIDH y no se consideraron porque, primero, no hay instancia nacional que permita solicitar la protección para terceros y, segundo, porque la Comisión considera que los hechos del 2013 “guardan relación con el objeto y fundamento del reclamo inicial presentado por los peticionarios”.

Descrición
¿Te sirvió esta noticia?:
Si (4)
No (2)