29 de January de 2010 00:00

CIDH emite fallo sobre denuncia contra Ecuador interpuesta por el pueblo Sarayaku

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Washington, Ansa

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió su decisión, de momento confidencial, sobre la denuncia interpuesta contra Ecuador por el pueblo Kichwa de Sarayaku, por las violaciones cometidas al autorizar a una empresa petrolera argentina a explotar el territorio de la comunidad indígena.

Hace tres días, la CIDH informó al pueblo indígena, al Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES) y al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) que había aprobado un informe de fondo sobre el caso y se lo había entregado a Ecuador, que ahora tiene dos meses para responder.

Según el artículo 50 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, si en una disputa ante la CIDH no se llega a una solución amistosa la Comisión debe emitir un informe de fondo en el que expone sus conclusiones.

Si las recomendaciones no son acatadas, la Comisión puede decidir enviar el caso a la Corte.

Este caso data de 1996 cuando Ecuador firmó un contrato con la empresa privada argentina Compañía General de Combustible  (CGC) para la exploración y explotación petrolera en una zona que afecta el territorio del pueblo Kichwa de Sarayaku, ubicado en la provincia amazónica de Pastaza, en el centro-sur de la región amazónica ecuatoriana.

La firma del contrato se hizo sin consultar a la comunidad indígena. En defensa de la propiedad de sus tierras, el pueblo de Sarayaku se opuso al ingreso de la compañía a su territorio, a pesar de lo cual trabajadores petroleros entraron en el lugar acompañados de patrullas militares fuertemente armadas.

Las actividades de la petrolera implicaron, entre otras cosas, la tala de bosque, la movilización de tierra, vegetación y materiales, la colocación y detonación de explosivos, y la construcción de helipuertos y campamentos, así como amenazas y violencia en contra de miembros de la comunidad, según explicaron los denunciantes.

Todo ello tuvo un gran impacto en la vida comunitaria del pueblo, añadieron.

Al presentar el caso ante la CIDH, el 19 de febrero de 2003, el pueblo de Sarayaku, CDES y CEJIL alegaron que al firmar dicho contrato, y al permitir y apoyar el desarrollo de actividades en el territorio de Sarayaku, Ecuador restringió el derecho de sus habitantes a la propiedad colectiva, entre otros derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, firmada y ratificada por dicho país.

Sarayaku y las organizaciones que lo apoyan solicitaron a la CIDH que establezca la responsabilidad internacional del Estado por haber violado los derechos a la vida, a la integridad y libertad personal, a las garantías judiciales y protección judicial del Pueblo de Sarayaku.

Además, pidieron a la CIDH que recomiende al Estado adoptar las medidas adecuadas a fin de reparar los daños producidos a las víctimas y asegurar que no se repitan estos hechos.

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