6 de September de 2014 00:05

Los choferes no logran consenso de Gobierno y alcaldes sobre pasajes

El presidente de la República, Rafael Correa, durante el Gabinete Itinerante, realizado en el coliseo de Guayllabamba. Foto: Miguel Ángel Romero/Presidencia de la República.

El presidente de la República, Rafael Correa, durante el Gabinete Itinerante, realizado en el coliseo de Guayllabamba. Foto: Miguel Ángel Romero/Presidencia de la República

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Redacción Política (I)
politica@elcomercio.com

La discusión está zanjada. Los municipios deben lidiar con la regulación tarifaria de los pasajes urbanos. Así lo dijo ayer, 5 de septiembre, el presidente Rafael Correa, durante el gabinete itinerante en Guayllabamba. El Gobierno central no solucionará los problemas de las alcaldías para ayudarles a cumplir con sus “ofertas demagógicas” de campaña.

La resaca electoral del pasado 23 de febrero parece no terminar. El oficialismo perdió en las ciudades grandes del país. Y, ahora que los transportistas de todo el país exigen un alza de pasajes, el Ejecutivo cierra la posibilidad de una coordinación con los gobiernos locales.

Los choferes ya pusieron sus propuestas en manos de las autoridades nacionales y locales. Y desde ese momento el Gobierno se mantiene en su posición: no continuará con los subsidios al transporte urbano. A medida que los cabildos vayan asumiendo las competencias del tránsito deberán enfrentarse a ese problema.

¿Tienen los gobiernos locales la capacidad para mantener el subsidio? No. Todos los involucrados en el debate lo saben. Por eso el Primer Mandatario les señaló una solución: subir el costo de la matrícula vehicular. Pero afirmó que no lo hacen porque se contradecirían, “ellos ganaron las elecciones diciendo que van a bajar impuestos”.

Aunque nunca mencionó su nombre, las declaraciones hacían referencia al discurso del alcalde capitalino Mauricio Rodas. Él, sin embargo, no negó la responsabilidad y ya se reunió con los choferes.

Pero el argumento del Cabildo es que se requiere primero las políticas tarifarias emitidas por el Ministerio de Transporte. El Presidente también rechazó esta afirmación porque, a su forma de ver, dichas políticas son otras, por ejemplo, el tiempo máximo de uso de las unidades de transporte. “No hay vueltas que darle”, sentenció.

Según el Jefe de Estado, los alcaldes no aceptan su responsabilidad porque quieren dividir el golpe. Ahora “tienen que aceptar una subida al transporte” y que, lo reconoció Correa, conlleva “un costo político”.

La Alcaldía de Quito reiteró que actúa de forma responsable en el tema al cuidar el bolsillo de todos los quiteños. El diálogo con los representantes de los transportistas está en marcha y continuará en los próximos días para analizar el servicio en su integralidad.

La entidad también destacó la actitud constructiva y de diálogo del gremio que, junto a su apertura, servirá para construir acuerdos que beneficien a todos.

El concejal oficialista Jorge Albán coincidió con el Mandatario. El Alcalde de Quito hizo muchas ofertas para ganarse al electorado con la reducción impositiva y eso le complica las cosas.  Ahora tiene que ver cómo las sustenta. Y enumeró que ofreció bajar tarifas y mejorar el transporte y además de bajar impuestos y las multas. “Pero es un escenario que se construyó él solo”.

No obstante, el edil señaló que las transferencias del Estado para el Cabildo serán superiores el próximo año y que el sistema de transporte municipal no recibe subsidios. Con estos factores en cuenta, aseguró que las decisiones deberán tomarse con calma.

Pero en medio de las diferencias políticas entre ambos niveles de Gobierno están los choferes. Jorge Yánez, uno de los dirigentes del transporte urbano, respondió que el sector tiene inquietudes porque en medio de ese laberinto político ellos son una especie de sánduche.

Los transportistas temen que, si el Municipio acepta iniciar la regulación de tarifas, al final el Gobierno central resuelva que la decisión no es legal, por falta de las políticas ministeriales. No se van a arriesgar, quieren que el Ejecutivo les envíe un documento en donde se asegure que aquello no sucederá.

Y también criticó que el Gobierno no les haya advertido con anticipación sobre el fin del subsidio. Además, reconoció que los cabildos no tienen ni la capacidad económica ni la competencia legal para reemplazar ese monto. Y que en cualquier caso se podría conceder algún tipo de subvención.

Pero el gremio no se cierra a dialogar con ambas partes para mejorar su situación laboral. Todo dependerá de la voluntad y actitud del Ejecutivo y los cabildos. Y eso está por verse aún.

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