16 de julio de 2015 14:27

Chevron busca anular una sentencia de la Corte y reparación del Estado

Chevron

Este 16 de julio se realizó en la Corte Constitucional una audiencia pública dentro de acción extraordinaria de protección planteada por la empresa transnacional Chevron. Foto: Alfredo Lagla / EL COMERCIO

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Diego Puente

En la Corte Constitucional se realizó, la mañana del jueves 16 de julio del 2015, la audiencia pública dentro de acción extraordinaria de protección planteada por la empresa transnacional Chevron Corporation, que se resiste a cumplir la condena impuesta por la Corte Nacional de Justicia de Ecuador.

El abogado de la petrolera, Adolfo Callejas, sostuvo que la sentencia de la Corte supuestamente violó el derecho constitucional de Chevron a la seguridad jurídica. En ese sentido, pidió declarar la nulidad del proceso judicial desde su inicio y ordenar la reparación integral de tales derechos.

Pablo Fajardo, abogado de los demandantes ecuatorianos afectados por Chevron, sostuvo que el recurso legal no debe ser admitido en la Corte Constitucional, puesto que la acción extraordinaria de protección es una figura especial que solo se puede aplicar cuando existen vulneraciones a derechos constitucionales, que no caben en este caso. Advirtió que la petrolera trata de convertir a la Corte Constitucional en una cuarta instancia dentro de este caso.

La jueza constitucional, Wendy Molina, escuchó los reparos y las presuntas faltas al proceso que alegaron los representantes de la firma Chevron. Ellos rechazan la sentencia emitida por la Corte en la que se ratificó que la transnacional debía pagar cerca de USD 9 000 millones a las comunidades afectadas por la contaminación de la operación de Taxaco en la Amazonía ecuatoriana.

En su intervención frente a la jueza, Fajardo recordó que la sentencia emitida por la Sala Única de la Corte Provincial de Sucumbíos, en el 2012, y la ratificación de esta suscrita por la Corte Nacional de Justicia en el 2013, fue un acto de justicia por los severos daños ambientales y a la salud de ecuatorianos registrados en la Amazonía, como las piscinas con residuos de crudo abandonadas en la selva y las tuberías que llevaban petróleo a los ríos, en los lugares en donde operó Texaco, empresa que después fue absorbida por Chevron.

El abogado de los demandantes expresó que Chevron está dilatando la sentencia emitida por la Justicia de Ecuador. “Primero, todo lo que hace (la transnacional) es encontrar impunidad eternamente; segundo, quiere endosar la responsabilidad al Estado ecuatoriano; y, tercero, quiere negar justicia a las víctimas que han sufrido por 50 años”.

En la audiencia pública de este jueves también participó Christina Gaibor, delegada de la Procuraduría General del Estado. La funcionaria recordó lo que ha hecho Chevron para tratar de evadir su responsabilidad con las comunidades afectadas. “Se basa (la empresa) en lo que a su criterio constituye un fraude judicial y en sus interpretaciones propias del derecho ecuatoriano”, cuestionó.

Humberto Piaguaje, representante de los afectados por el daño causado en la explotación del petróleo en la Amazonía, dijo que las acciones que interpone la empresa impiden seguir procesos en otros países, en donde opera la petrolera.

Molina, la jueza constitucional, dio cinco días a las partes para legitimar sus intervenciones y presentar reparos por escrito, en caso de que los hubiese.

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