15 de junio de 2016 00:00

La falta de recursos postergó la aprobación de postgrados en el CES

La Universidad Andina está en la lista con más programas de postgrados pendientes. Foto: Paúl Rivas / EL COMERCIO

La Universidad Andina está en la lista con más programas de postgrados pendientes. Foto: Paúl Rivas / EL COMERCIO

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Redacción Sociedad

Un proyecto de postgrado debe ser aprobado por el Consejo de Educación Superior (CES) en un período máximo de seis meses. Es lo que establece su reglamento.

Pero en lo que va de este año el plazo, en algunos casos, ha tenido que alargarse. Según el CES, por una reducción de recursos que impide la contratación de expertos evaluadores, que son los encargados de hacer un informe de los postgrados para determinar si son viables. Hasta la semana pasada había 122 proyectos de postgrado pendientes.

El rubro para el pago de estos expertos fue suprimido del presupuesto del CES para este año. La Comisión Permanente de Postgrados (CPP) había invertido entre el 2012 y el 2015 unos USD 245 000 en la contratación de peritos; se pagaba USD 500 por programa.

Rocío Rueda, presidenta de la CPP, indica que este pago es mínimo teniendo en cuenta la preparación que los evaluadores deben tener, al menos para título de cuarto nivel. “Algunos lo hacían por el compromiso de mejorar la educación”, señaló.

Para revertir el retraso en los procesos y viabilizar los programas, la Comisión propuso al pleno del CES una reforma en el reglamento de escalafón de los docentes universitarios. Ahora, los profesores se postulan voluntariamente para ser evaluadores y a cambio reciben 25 horas de capacitación para su expediente.

Estas horas son parte de los requisitos que un profesor necesita para subir de nivel y categoría dentro del escalafón y aumentar sus ingresos económicos. Por ejemplo, para la promoción del personal académico titular auxiliar 2 agregado 1, se necesita, entre otros ítems, haber realizado 96 horas acumuladas de capacitación y actualización profesional.

Esta gratificación es posible en las instituciones de educación superior (IES) públicas.

Los centros particulares y cofinanciados manejan las promociones y categorías docentes con base en sus reglamentos. Sin embargo, Rueda se ha reunido con varios rectores de estas casas de estudios para motivar a que de una u otra forma paguen el voluntariado de los maestros.

Actualmente el CES cuenta con una base de 1 088 docentes que están dispuestos a ser evaluadores en el país.

Incluso algunos ya han empezado su labor. En el 2016 ya hay 51 programas aprobados. Pero los otros 122 están en espera. Aunque no todos por el tema del evaluador.

Ocho esperan la designación de evaluador y 49 están en otras instancias del proceso. Otros están en diferentes etapas del trámite (ver tabulado). Uno de estos es la firma de la carta de compromiso. En esta fase los evaluadores se comprometen a no contactarse con la IES. Además -según Rueda- un evaluador no puede revisar propuestas de su propia universidad, ni tampoco de una institución radicada en su ciudad o provincia.

También pensando en agilitar el proceso y salir de los pendientes, el CES decidió reducir el plazo que el evaluador tiene para emitir el informe de 24 a 15 días. El ideal es que en cada reunión semanal del Consejo se aprueben al menos cuatro programas. Es decir 20 al mes.

Otra modificación tiene que ver con el análisis de cobro de aranceles. Antes este proceso era dirigido por el CES. Ahora, se “ha pedido la colaboración a los expertos de la Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) para esta parte del trámite”, dice Rueda.

Jorge Ortiz, director académico de la Universidad Central del Ecuador -institución que tiene cuatro trámites en proceso- indica que estos cambios si han generado perjuicios. Primero, detalla que ya se tenía previsto implementar los programas. Además, habla del trabajo de los docentes que se han inscrito como evaluadores en busca de una promoción. “Están muy atareados”.

Finalmente, menciona un “exceso de regulación”. Explica que todos los pasos y trámites que se deben cumplir para aprobar un postgrado limitan la generación de ideas. “Entiendo que un inicio debía haber rigurosidad. Pero ya las universidades de mala calidad se cerraron y ahora debemos dar el siguiente paso”, dice.

Maribel Paredes, directora del Centro de Postgrados de la Universidad Técnica de Ambato, indica que si bien la contratación de expertos para la evaluación retrasó el proceso al inicio de este año, en el último mes la velocidad se duplicó y en el caso de este centro se aprobaron programas que estaban pendientes desde el 2015.

La Universidad Andina es el centro con más programas pendientes (24). Sin embargo, las autoridades prefirieron no pronunciarse sobre el tema.

De los 122 proyectos pendientes, 77 pertenecen a entidades públicas, 33 a particulares autofinanciadas y 12 a particulares cofinanciadas.

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