17 de marzo de 2015 10:15

El cerdo en el menú escolar reabre el debate sobre el laicismo en Francia

Vista de la Torre Eiffel en París, Francia. Foto: EFE

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Agencia EFE

En plena campaña de las elecciones departamentales francesas, donde los sondeos auguran una victoria al ultraderechista Frente Nacional (FN), la convivencia interreligiosa vuelve a generar debate porque un pueblo ha decidido eliminar los menús sin cerdo de los comedores escolares.

En nombre del laicismo, un municipio de menos de 50.000 habitantes del este de Francia llamado Chalon-sur-Saône ha decidido que las comedores de sus colegios públicos dejen de servir menús sin carne porcina a partir del próximo curso, poniendo fin a 31 años de almuerzos mixtos en sus centros educativos.

"La oferta de restauración no puede tener en cuenta las consideraciones religiosas. Proponer un menú de sustitución en lugar de cerdo es una discriminación entre niños que no se puede aceptar en el marco de una república laica", justifica su decisión el alcalde de la localidad, el conservador Gilles Platret.

Su partido, la Unión por un Movimiento Popular (UMP) que preside Nicolas Sarkozy, parece la única fuerza política capaz de arrebatarle la victoria al FN de Marine Le Pen en los comicios que que se celebrarán a dos vueltas este domingo y el próximo.

"Las cantinas deben volver a ser espacios de neutralidad", insiste, en un comunicado difundido a través de la web del municipio, su primer edil, quien considera que "la discriminación comienza con el doble menú".

Para Platret, copresidente del grupo "Laicismo" dentro de la Asociación de Alcaldes de Francia, los comedores escolares de Chalon "deben volver a ser espacios de neutralidad".

La ministra de Educación, la socialista Najat Vallaud-Belkacem, ha señalado que la iniciativa de Platret se ajusta a derecho, pero ha llamado a los dirigentes políticos municipales a actuar con sensatez.

"Un responsable político debe garantizar que ningún niño pase hambre. Nada en los textos (legales) impone a una colectividad local adoptar uno u otro menú, pero hasta ahora siempre se ha decidido con discernimiento", declaró la ministra a la televisión "BFM TV".

Junto con el formulario de inscripción al comedor para el próximo curso, que arranca en septiembre, el alcalde de Chalon-sur-Saône ha enviado una notificación a los parientes de los 3.800 alumnos escolarizados en el municipio anunciándoles la nueva medida.

Responsables escolares de Chalon explicaron que tan solo se pone cerdo en el menú una o dos veces al mes y se preguntaron por qué hay que preparar una comida alternativa para una determinada comunidad, en referencia a la musulmana, y no para otras como podrían ser los vegetarianos.

Sin embargo, hay quienes desconfían de que la decisión responda exclusivamente a una férrea defensa del laicismo republicano, como el presidente del Observatorio Nacional contra la islamofobia, Abdallah Zekri.

"Comprendo muy bien que se acercan las elecciones y algunos intentan navegar sobre las ideas del Frente Nacional", apuntó Zekri en declaraciones a esa misma televisión, donde calificó de "tontería" la práctica que Chalon-sur-Saône pretende imponer.

El debate sobre qué prácticas culturales o religiosas deben respetarse en el espacio público y cuáles deben plegarse a la neutralidad del laicismo es habitual en Francia, donde las niñas no pueden llevar velo islámico en los centros escolares públicos.

En cambio, sí pueden llevarlo en la universidad, aunque también ha empezado a cuestionarse recientemente que algunas musulmanas se cubran la cabeza en el aula magna.

Capítulo aparte merece el "burka" o "niqab", prohibido en todos los espacios públicos de Francia desde que en 2010 Sarkozy, entonces jefe del Estado, lo sacó de los espacios de convivencia común en nombre de la no discriminación de las mujeres. Vestir esas prendas, telas generalmente negras que cubren casi por completo el cuerpo y el rostro de las féminas, está penado en Francia con multas de hasta 150 euros.

El castigo para quienes obliguen a las mujeres a llevarlo puede alcanzar penas de hasta un año de cárcel y 15.000 euros.

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