El Tribunal Supremo español acogerá los días 13 y 14 de diciembre una reunión preparatoria para la próxima Cumbre Judicial Iberoamericana, que se celebrará el año que viene en Ecuador, para que los representantes que la componen evalúen los informes sobre diferentes aspectos de la justicia.
Veintidós de los veintitrés países que forman la Cumbre Judicial Iberoamericana debatirán los informes de los grupos de trabajo creados para organizar los temas que se tratarán en la cita de 2018, informó hoy 7 de diciembre del 2017 el Consejo General del Poder Judicial de España.
En la Cumbre del próximo año, que tendrá lugar en abril, se abordarán, entre otras cuestiones, la justicia abierta, las innovaciones procesales o la ética judicial.
Los países que forman parte de esta organización son Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
La entidad coordina desde 1990 la relación entre los Poderes Judiciales de los países de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, aglutinando en un solo foro a los presidentes de las Cortes y Tribunales Supremos de Justicia y a los máximos responsables de los Consejos de la Judicatura iberoamericanos.
Asimismo, el próximo día 15 se presentará -en un acto presidido por el rey de España, Felipe VI- el “Diccionario Panhispánico del español jurídico“, publicado en colaboración con la Real Academia Española (RAE), según la fuente.
América aporta unos 20 000 términos al que es el primer diccionario panhispánico jurídico, y que incluirá escuetas definiciones para entender, de forma simple, la manera de juzgar la realidad jurídica en el idioma español.
Así lo dijo en entrevista con Efe Susana Cordero, directora de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, al comentar que el glosario se viene trabajando desde hace un año, tomando como base el diccionario jurídico de Santiago Muñoz Machado, jurista español, miembro de la RAE y de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.
Cordero sostiene que la Comisión que trabaja en España en el diccionario panhispánico ha recibido “con total apertura” los aportes de los países, “sin prejuicio con la juridicidad” para que todo aquello que realmente aporta al español jurídico, se incluya “con la marca” del país correspondiente.
“El derecho es una forma sustancial de la vida de los pueblos, y al tener un mismo idioma, nuestras formas de ejercer el derecho a decidir, el derecho a vivir, a ser, en una sola palabra, coinciden en muchísimos aspectos, pero en otros pueden diferir”, apuntó.
La publicación constará de 2 220 páginas, divididas en dos volúmenes, y más de 40 000 entradas, en cuya redacción han participado numerosos profesores y catedráticos seleccionados por especialidades del Derecho.