Córdova expuso que todavía se encuentra en análisis, junto a sus abogados, la posibilidad de emprender acciones legales en contra de la ministra Alvarado. Foto: Archivo / EL COMERCIO
Ángel Polivio Córdova, titular de la encuestadora Cedatos, no será enjuiciado por supuesto uso de documento falso. El juez a cargo del caso dictó el sobreseimiento, es decir, que el proceso judicial se suspende antes de llegar al juicio.
Desde abril del 2017, tras la segunda vuelta electoral, la empresa y su titular son objeto de una investigación por supuestamente haber alterado los resultados de los sondeos de intención de voto, lo que habría beneficiado al opositor Guillermo Lasso. La denuncia la puso la ministra de Justicia, Rosana Alvarado, que en ese momento era asambleísta.
El caso se destapó luego de que algunos medios de comunicación, apenas terminado el proceso, divulgaron los resultados del estudio a boca de urna de Cedatos, en el que resultaba ganador Lasso. Pero, luego, los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE) determinaron la victoria del ahora presidente Lenín Moreno.
Alvarado basó su denuncia en información que se reprodujo a través de un video que se colgó en las redes sociales. Ahí, un supuesto excolaborador de la firma hablaba de la manera en la que se habían cambiado los resultados.
Según el registro del Consejo de la Judicatura, el sobreseimiento se dio este miércoles, 13 de diciembre de 2017. En el acto judicial se especifica que esta decisión se tomó con base al dictamen abstentivo presentado por la fiscal Cecilia Garzón Cadena.
Este jueves, Córdova dio a conocer los resultados de los últimos estudios hechos por Cedatos. Ahí aprovechó para hacer el anuncio. “Hemos recibido cartas de varias organizaciones mundiales de apoyo. Porque Ecuador es el único país del mundo donde se ha perseguido y acusado a una institución que se dedica a hacer estudios y encuestas, como es Cedatos”, dijo.
Además, expuso que todavía se encuentra en análisis, junto a sus abogados, la posibilidad de emprender acciones legales en contra de la ministra Alvarado, por los daños ocasionados a él, a su familia y a su empresa, mientras duró el proceso.