24 de abril de 2015 19:50

Catalina Botero: 'Reportar actos criminales de altos funcionarios públicos no es un delito, es una noticia'

Catalina Botero, originaria de Colombia, estuvo a cargo de la  Relatoría Especial para la Lbertad de Expresión de la CIDH durante seis años. Foto: Archivo

Catalina Botero estuvo a cargo de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH durante seis años. Foto: Archivo.

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El Nacional De Venezuela
Neomar Bonilla
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Entrevista a Catalina Botero​, exrelatora de la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre la libertad de expresión y la demanda al diario El Nacional.

¿Qué consecuencias legales tendría el Gobierno de Venezuela si se llegara a concretar esta nueva amenaza contra los medios independientes?

Está hoy claro que en Venezuela existe una desconfiguración de las garantías legales para el ejercicio del periodismo y de la libertad de expresión. Se manifiesta muy rápidamente la normativa de la Ley Resorte, existe casi un control absoluto de la radio y la televisión, imposición de multas, restricciones de papel periódico, controlan Internet a través de Cantv, y comienzan a imponer este tipo de demandas dirigidas a personas y directivos a los medios.

Además los pocos medios independientes que ha resistido valientemente tanto acoso por divulgar información ni siquiera propia sino publicada por medios extranjeros, lo que buscan es instaurar la autocensura dentro de cada medio. Esto es un proceso sistemático para asfixiar a los medios en Venezuela. En este caso en particular, reportar algo sobre un alto funcionario público, es acusado por un exfuncionario de pertenecer a un grupo criminal, no es un delito, es una noticia. En ninguna parte del mundo el reporte fiel es considerado un delito. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Herrera Ulloa en Costa Rica es muy similar a esa situación, el diario La Nación de dicho país reportó de manera fiel de otros diarios europeos, información de las acusaciones de corrupción contra altos funcionarios costarricense y la CIDH protege el reporte del medio en cuestión.

En el caso de la demanda al diario El Nacional es preocupante porque dice que los medios deben verificar la veracidad de la información, y lo que dijo la CIDH es que la información es veraz. El diario ABC publicó lo referente a Diosdado Cabello y los diarios venezolanos sólo replicaron, lo cual la demanda no puede proceder. Los medios de comunicación no son policías por lo tanto ellos no deben estar demostrando nada ya que no son el poder judicial ni moral.

-¿Entonces la demanda carece de fundamento legal?

Totalmente, si esa demanda llegara a prosperar, quiere decir que en Venezuela, no se puede hacer reportajes contra funcionarios públicos que estén inmersos en casos de corrupción o a fines, ni siquiera testimonio que certificaran dichas denuncias. Esto es una interpretación errada del derecho penal y ya lo dijo la CIDH bajo la figura de reporte fiel.

-¿Cree que se concretará el cierre del diario El Nacional?

Espero que no, El Nacional ha resistido una serie de presiones muy fuertes, como la restricción al papel periódico, y además son pocos los espacios que oxigenan los debates públicos y más ahora sobre la denuncias sobre el posible vínculo de Cabello con el cartel de los Soles. Si en Venezuela existiera independencia de los poderes públicos y se respetara la Constitución pues esa demanda automáticamente se rechazaría.

-¿Cuál es el miedo del Gobierno de Maduro a la verdad si tienen en su poder la mayoría de los medios de comunicación?

Un Gobierno que tenga que acudir a su enorme poder para atacar a los pocos medios independientes, de silenciar el debate público es síntoma de la gran fragilidad que tiene el régimen de Maduro y que tiene mucho miedo.

Hegemonía comunicacional

Botero concluyó que cada vez está más sofocada la libertad de expresión en Venezuela, es una manera de ahogar los espacios democráticos. Los jueces venezolanos deben entender que deben defender los derechos humanos, como en el caso de la juez Afiuni, es una situación difícil pero deben dar la cara por su país. Sino defienden las leyes que juraron defender estarían siendo responsables de todos estos crímenes.

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