15 de noviembre de 2015 00:00

En 70 casos de lesa humanidad se revelan torturas y violaciones

En el 2014, los familiares de militares acusados por lesa humanidad protestaron en la CNJ. Foto: Archivo / EL COMERCIO

En el 2014, los familiares de militares acusados por lesa humanidad protestaron en la CNJ. Foto: Archivo / EL COMERCIO

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Sara Ortiz

Su cuerpo desnudo fue colocado boca abajo, en un piso de cemento mojado. Tenía una funda negra en la cabeza que le impedía ver, pero escuchaba las risas e insultos de unos hombres. Le colocaron unas pinzas metálicas en las axilas y segundos después su cuerpo saltaba y se convulsionaba en el suelo.

Kléver Bravo tenía 20 años cuando soportó las descargas eléctricas. Fue detenido el 28 de agosto de 1986 en la parroquia Sabanilla, en Celica (Loja), junto a otros jóvenes estudiantes. En total eran 35 personas, 10 de ellas eran menores de edad.

La Comisión de la Verdad, creada por este Gobierno para investigar supuestos abusos a los DD.HH. entre 1984 y 2008, recopiló los testimonios de estos jóvenes y los publicó en su informe final. En total, entregó a la Fiscalía 136 expedientes.
De estos casos, hay 70 que por la gravedad de los abusos se habría configurado un delito de lesa humanidad. El 60% se habrían cometido de 1984 a 1988.

En ese informe se detalla que Bravo y los demás estudiantes fueron supuestamente detenidos arbitrariamente y torturados por miembros del Ejército.

Ese 28 de agosto, los muchachos asistieron a un campamento organizado por la FESE.

Pasadas las 13:00 se alistaban a almorzar, pero no pudieron hacerlo porque fueron abordados por un grupo de personas armadas vestidas de civil. Bravo asegura que los rodearon y apuntaron con sus armas.

Un alto oficial arribó en helicóptero. Frente a todos los chicos arrodillados les indicó que quedaban detenidos “por realizar actividades subversivas”.

La Comisión identificó que el 77,9% de los presuntos responsables serían miembros, activos y pasivos, de las Fuerzas Armadas y la Policía. De hecho, en el primer caso de lesa humanidad judicializado en el país están involucrados cinco oficiales del Ejército.

El proceso debía resolverse esta semana, en una audiencia de juzgamiento en la Corte Nacional. Pero por la ausencia de uno de los procesados, la diligencia no se instaló. Quienes sí llegaron fueron los altos jefes de las tres fuerzas, hecho que generó críticas desde el Gobierno.

Ayer, el presidente Rafael Correa ratificó sus críticas a la presencia de los oficiales en la Corte. Pero informó que no habrá ninguna sanción.

El exministro de Defensa, José Gallardo, cree que el proceso judicial “afecta el prestigio de la institución militar, que no se ha caracterizado por agredir al pueblo ecuatoriano, por irse contra los derechos; al contrario, los ha garantizado”, dijo en una entrevista.

Otro de los casos que investiga la Fiscalía es el de Consuelo Benavides, relacionada con AVC, que fue detenida, torturada y asesinada el 1 de diciembre de 1985. Posiblemente por agentes de la Infantería Naval en Quinindé (Esmeraldas).

Nueve días después, los trabajadores de una hacienda hallaron el cadáver de una mujer con el rostro desfigurado.

En estos casos, la Comisión ha identificado que las víctimas fueron trasladadas sin orden judicial a dependencias militares y policiales e incluso a lugares clandestinos.

En el caso de los 35 estudiantes, ellos estuvieron en el cuartel de Celica. Milton Andrade tenía 19 años cuando lo llevaron encapuchado hasta una de las habitaciones en donde supuestamente lo golpearon. Estuvo tres días en el cuartel y luego, junto al grupo, fue llevado a la cárcel de la ciudad de Loja, donde permaneció tres meses.

En el juicio, las evidencias que hallaron los militares no sirvieron como pruebas, pues no constituían material subversivo: las armas eran equipo de cacería, la ‘nitroglicerina’ resultó ser vinagre y la ‘pólvora’, harina.

Además de estudiantes y miembros de AVC, en los supuestos casos de lesa humanidad también hay víctimas como campesinos y religiosos.

En estos últimos se nombra como víctimas al colombiano Diego Pérez, quien trabajaba como misionero de la Pastoral de Riobamba. El 21 de julio de 1986 fue arrestado en Guayaquil y supuestamente torturado por policías del SIC.

Durante seis días permaneciócon una funda en su cabeza, que era llenada con gas. Otro episodio inolvidable fue cuando un médico le inyectó fármacos. “Me recomendó no hacerme matar y que dijera lo que supiera”.

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