El Reino Unido se encuentra conmocionado como consecuencia de la denuncia sobre el uso indebido de viáticos por parte de algunos miembros del Parlamento.
Ciertos bonos con destinos específicos fueron desviados a los bolsillos de los honorables. Las cuantías de los abusos no son mayores, pero lo censurable es el hecho de que fondos de los contribuyentes quedaren en beneficio de cargos públicos. Se dice que el Reino Unido está pasando por una crisis constitucional, por el impacto que en la opinión pública ha tenido la noticia publicada en el Daily Telegraph.
Al Gobierno laborista, principal víctima de los acontecimientos, no se le ha ocurrido amenazar al diario, ni enjuiciar a los periodistas que investigaron el caso, en contraste de lo que ocurre en otros países en los que se piensa que la prensa debe ocultar cuanto molesta al poder.
En España dos hechos recientes han causado revuelo: el primero, que el Presidente del Gobierno haya usado un avión del Ejército para ir a un mitin político. El que haya empleado un bien público con fines partidistas ha levantado tal crítica que el partido de Gobierno corre el riesgo de perder en las próximas elecciones europeas.
¿Cómo habría reaccionado la opinión pública española si el Gobierno se hubiese valido de la televisión pública para promover a los candidatos oficiales? El segundo, el enjuiciamiento por el Tribunal Supremo al juez mediático Baltasar Garzón. Una personalidad pública, afiliado al partido de Gobierno, con fama internacional, que cae imputado por haber montado un procedimiento ilegal, abusando de sus atribuciones. La lección es que la Ley se aplica por igual a todos y que no hay amigos que reciban tratos preferenciales, ni comisiones especiales para investigar sucesos que corresponde conocer exclusivamente al Poder Judicial.
Y, por último, un comportamiento que no se debería seguir: me refiero a Corea del Norte, país en la que el hijo y heredero político del “Presidente Eterno”, el señor Kim Jong-il, que desempeña al mismo tiempo los papeles de Presidente de la Comisión de la Defensa Nacional, Comandante Supremo del Ejército, Jefe de Estado y del partido único, acaba de anunciar que nombrará a uno de sus hijos como sucesor en todas sus funciones públicas. Si bien esa República se denomina “democrática”, parece que el hábito no hace al monje y que más bien estamos frente a lo que podríamos llamar “monarquía comunista”.
No deja de haber cierta similitud con la reelección indefinida que se ha implantado en Venezuela y que se ha puesto de moda en los reinos del socialismo del siglo XXI, instaurándose una suerte de dictadura constitucional, que se pretende legitimar con elecciones periódicas, pero que desconoce las otras instituciones democráticas que impiden la concentración del poder.