28 de diciembre del 2016 00:00

Caso Odebrecht confronta a oposición y Alianza País

César Montúfar, candidato a asambleísta, entregó un pedido a la Fiscalía ayer. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO

César Montúfar, candidato a asambleísta, entregó un pedido a la Fiscalía ayer. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO

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Diego Puente
Redactor
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La oposición se movió en dos frentes ayer, 27 de diciembre del 2016, tras conocerse la semana pasada posibles sobornos de Odebrecht en Ecuador.

El bloque de oposición de la Asamblea Nacional, con Diego Salgado, de Creo, a la cabeza, entregó ayer una solicitud para obtener el formulario con el que recogerá las firmas para el juicio político. Enfilan sus acusaciones contra el vicepresidente Jorge Glas.

Y el candidato a la Asamblea Nacional de Concertación, César Montúfar, acudió a la Fiscalía para entregar un pedido. Quiere que el presidente Rafael Correa y el Vicepresidente rindan su versión en este caso.

En cambio, el oficialismo publicó en tres periódicos de circulación nacional su versión, ayer. Luego, a las 10:30, la presidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, María José Carrión, se pronunció sobre el mismo tema. Y por la tarde, siete horas después, el presidente Rafael Correa hizo lo propio en un conversatorio en Manta (Manabí).

Coincidieron en que no se aceptarán denuncias “sin pruebas” en contra de funcionarios públicos sobre supuestos sobornos. Tampoco que se intente involucrar al vicepresidente Jorge Glas.

En la publicación de prensa, el Gobierno detalló el monto de los seis contratos -uno por emergencia- que firmó con la empresa brasileña, después del 2010. La suma sobrepasó los USD 1 669 millones.

Para la oposición, Glas, al ser el encargado de los sectores estratégicos, debe ser investigado. Y por eso han escogido la figura del juicio político, aunque Salgado reconoce que no será un proceso fácil.

Para iniciarlo se necesita el apoyo de un tercio de la Asamblea; es decir 46 firmas. Salgado no dio nombres de quienes se habrían comprometido a firmar su petición, pero sí que en la actualidad se hace un cabildeo para conseguir el respaldo necesario.

El Presidente calificó a este pedido como “una payasada” y lo relacionó a una campaña para afectar la candidatura a la reelección de Glas.

Aunque Carrión no descartó dar paso al trámite si se presentan pruebas “contundentes”, puntualizó que los interesados en el proceso deberán cumplir con los pasos determinados en el Código Orgánico de la Función Legislativa.

Para enjuiciar políticamente al Vicepresidente se necesita un informe de admisibilidad de la Corte Constitucional. A Salgado no le preocupa que el juicio pudiera empezar después del cambio de autoridades, en mayo del 2017.

“A partir de esa fecha tenemos un año más para gestionar juicios políticos o penales contra diferentes funcionarios”. Adelantó que tiene documentos que presentará cuando considere adecuado.

Cuando el presidente Correa habló ante los medios en el conversatorio, añadió que en Contraloría se auditó los contratos firmados desde el Gobierno central y, según él, no se encontraron irregularidades.

Correa espera que el informe de la Justicia estadounidense no responda a intereses de la política exterior de Washington. “Ya estamos muy viejos para creer en esas cosas y para dar credibilidad, sin pruebas y sin beneficio de inventario, a las declaraciones de un empresario corrupto que negocia su sentencia con el Departamento de Justicia de Estados Unidos”, dijo.

Carrión, en cambio, sostuvo que el Legislativo pidió el 28 de marzo pasado la información a la Contraloría sobre las contrataciones que realizó la empresa. El 31 del mismo mes recibieron una primera respuesta y el 7 de noviembre pasado llegó un alcance en el que la Contraloría detalló los nombres de los contratos analizados.

La legisladora manifestó que, además, existe un pedido de la Cancillería ecuatoriana a la Justicia estadounidense sobre los temas y los nombres de los presuntos funcionarios públicos que estarían vinculados.

“Hay que ver cuáles son las pruebas. Simplemente decir que va a haber un juicio político es absolutamente irresponsable y obviamente responde a intereses político-electorales”.

Mientras tanto, la Fiscalía se pronunció ayer sobre el caso Odebrecht. La entidad dijo que apenas supieron de los hechos, tomaron contacto con el procurador brasileño, Rodrigo Janot, para recabar información. El mismo trámite hicieron con Estados Unidos, por medio de la embajada en Ecuador.

Hace cinco días, el fiscal General, Galo Chiriboga, confirmó que dentro del caso pedirá información a entidades nacionales como el Consejo de Participación Ciudadana, la Contraloría, el SRI y la Superintendencia de Bancos.

En esos días también se hizo pública una tercera asistencia internacional con Suiza, donde también indaga los supuestos actos de corrupción.

Estos anuncios se conocieron tras los allanamientos que se realizaron a las oficinas de la firma internacional en Guayaquil.

En contexto 

En medio de un proceso electoral, la oposición apunta al vicepresidente Jorge Glas como el supuesto responsable de irregularidades en contratación de obras. El oficialismo defendió al Segundo Mandatario y pidió pruebas antes de hacer denuncias.

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