5 de January de 2010 00:00

El caso Ostaiza espera el dictamen

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Redacción Judicial
judicial@elcomercio.com

En seis días termina el plazo para que la Fiscalía emita su dictamen en el caso por supuesto lavado de activos que se sigue en contra de los hermanos Ostaiza Amay. Ellos están implicados además en el  caso Huracán de la Frontera, por presunto narcotráfico.
 
La indagación se inició en septiembre de 2008, cuando la Policía encontró 4,7 toneladas de droga escondidas en una hacienda en el sector de Campanita, en San Lorenzo, en Esmeraldas.



Los viajes de los Ostaiza
La Policía determinó  que Jefferson Ostaiza viajó cuatro veces a Colombia entre 2005 y 2008. Además, hizo un viaje a la República de  China en 2007.
El último ingreso al país  de Jefferson Ostaiza que registra la Dirección Nacional de Migración es el 1 de abril de 2008, proveniente de Colombia.
Édison Ostaiza registra  solamente un viaje a Cuba en agosto de 2008. Mientras que su hermano Miguel Ostaiza tiene dos salidas hacia Colombia en octubre de 2006 y en febrero de 2007, todas por el puente Rumichaca.


En la investigación  por el tráfico de drogas, la Fiscalía  vinculó al ex subsecretario del Ministerio de Gobierno, José Ignacio Chauvín. En la investigación se descubrió que los Ostaiza tenían una red de negocios que supuestamente servían de fachada para lavar el dinero producto de   la venta de droga.
 
Uno de ellos era la empresa Jooamy Ema, cuya función era la producción agrícola y la exportación de esos productos. No obstante, según la Fiscalía, se dedicaba a otras actividades.
Por ejemplo, quiso comprar campos petroleros, vender juguetes a la Policía, organizar el concierto del grupo mexicano Maná, entre otros.
Todos los contratos suscritos por la firma entre 2007 y 2008 están incluidos en el proceso penal por presunto lavado de activos.

La  Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), brazo ejecutor del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos, emitió  un reporte a la Fiscalía tras hallar anomalías  en  Jooamy Ema. 

La empresa fue reportada por la banca, al recibir depósitos en efectivo por montos superiores a lo usual. Las instituciones financieras reportan mensualmente las operaciones que superan los USD 10 000. La hipótesis de la Unidad es que el origen de los recursos de la empresa no se justificaba, considerando que su actividad comercial recién se inició en enero de 2007, con un capital de USD 5 000.  Entre septiembre y diciembre de 2007 hubo depósitos por USD 170 363 provenientes de sectores de riesgo, tanto por la informalidad como por el comercio transfronterizo, desde Tulcán, Riobamba, Nueva Loja y Santo Domingo de los Tsáchilas.

Los hermanos Ostaiza y sus trabajadores fueron imputados por supuesto lavado de activos. El 15 de septiembre pasado se realizó la audiencia de formulación de cargos en el Juzgado Cuarto de Garantías Penales  de Pichincha. Allí se dictó la prisión preventiva de 12 personas, entre ellas de Édison y Miguel Ostaiza,  detenidos en el operativo Huracán.

La prisión preventiva dictada en el caso de narcotráfico caducó en septiembre, pero por el proceso por lavado de activos ellos permanecieron  detenidos en la Penitenciaría del Litoral.
El 8 de diciembre, el fiscal de lavado de activos, Samuel Benavides, vinculó también a Jefferson Ostaiza. Él era el  principal accionista de Jooamy y está prófugo. Si no lo hubiese incluido, el fiscal habría tenido que emitir su dictamen  el 16 de  diciembre.

De acuerdo con  las indagaciones, Jefferson Ostaiza ganaba USD 5 000 mensualmente como gerente de la firma, pero tenía movimientos bancarios de más de USD  180  000 en dos años.
 
Además, compró más de 1 000 hectáreas de terreno en Pedernales por USD 2 16 088,02. Sin embargo, no se pudo justificar la procedencia del dinero, pues las ventas no iban acorde con el dinero gastado, aclaró la Fiscalía.
 
La vinculación se realizó el 11 de diciembre, luego de una audiencia de formulación de cargos, que se efectuó ante el juez cuarto Vicente Altamirano.

A partir de entonces, Benavides tiene un mes para emitir su dictamen. Sin embargo, este plazo puede aumentarse si el agente  encuentra que otras personas también deben ser vinculadas.

Los 13 imputados en el juicio también están procesados  por supuesto narcotráfico. Ese caso lleva   15 meses; siete jueces fueron sancionados por retrasar su curso.

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