20 de January de 2010 00:00

El caso Natalia Emme

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Editorial Diario El Comercio

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El trágico suceso del pasado jueves en Quito, en el cual murió atropellada la señora Natalia Emme por un vehículo de la Fiscalía General del Estado, ha dejado a millones de  ecuatorianos con una serie de interrogantes y un sentimiento de profundo malestar por los acontecimientos posteriores al accidente de tránsito.

Cierto es que todos los ciudadanos estamos expuestos a ser víctimas o responsables de un terrible percance automotor  y,  por tanto, no cabe, de ninguna manera, mezclar situaciones fortuitas con asuntos políticos.

Sin embargo, ha sido la propia actuación de las autoridades la que ha desencadenado una sensación colectiva de rechazo y desconfianza en la transparencia e independencia de quienes dirigen las instituciones.

Su primera obligación, en casos como el del accidente del jueves, es rendir cuentas y dejar claros todos los aspectos relacionados con  acontecimientos que conmueven a la opinión pública.

El país debe conocer las razones del cambio de un automóvil a otro de los presuntos responsables, el gigantesco y ágil operativo policial para dispersar a los testigos, la velocidad con la que despacharon el caso los funcionarios judiciales, la falta de sensibilidad para escuchar a los testigos y los presuntos abusos de poder de la esposa del Fiscal (uso de vehículos oficiales, invasión de la vía exclusiva para el Metrobús, etc.).

Por la salud de la democracia y para proteger la frágil credibilidad ciudadana en quienes manejan los órganos de control, es urgente que en el doloroso caso de la muerte de Natalia Emme se demuestre lo que ahora tanto se repite en los discursos en relación con un cambio en la actitud de quienes manejan las instituciones del Estado.

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