24 de agosto de 2017 00:00

Caso Manduriacu se litiga en lo civil y penal

La Comisión Anticorrupción llegó este miércoles, 23 de agosto, a una fallida audiencia de conciliación. Foto: Alfredo Lagla / EL COMERCIO

La Comisión Anticorrupción llegó este miércoles, 23 de agosto, a una fallida audiencia de conciliación. Foto: Alfredo Lagla / EL COMERCIO

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Redacción Seguridad

La investigación por la adjudicación del proyecto hidroeléctrico Manduriacu a la constructora brasileña Odebrecht sigue abierta. Eduardo Barredo, exgerente de la Corporación Eléctrica (Celec), rindió este miércoles, 23 de agosto, su versión libre y voluntaria en la Fiscalía.

Tras declarar por cerca de hora y media en la Fiscalía General, Barredo reconoció que el hecho de que el proyecto fuera financiado con recursos del Banco Nacional de Desarrollo de Brasil implicó que en el concurso se aceptaran únicamente las ofertas presentadas por empresas de ese país.

No obstante, el exfuncionario sostuvo que no hubo presiones de ningún tipo durante la firma del contrato que ahora es indagado por la Fiscalía, dentro del caso Odebrecht.

En el concurso de licitación del proyecto Manduriacu participaron las compañías brasileñas Camargo-Correa, Engevix y Odebrecht. Ganó esta última. Barredo dijo que no le consta irregularidad alguna.

Sin embargo, el exgerente de Celec no descarta que entre las tres empresas brasileñas en el concurso hubiese existido un acuerdo para definir las propuestas presentadas y dejar que Odebrecht fuera la alternativa con la mejor oferta.

En septiembre del 2015, la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) denunció que la obra, si bien fue suscrita con esa oferta, terminó costando un 83% más por contratos complementarios.

Su informe reveló que Manduriacu fue adjudicado a Odebrecht por USD 124,8 millones y que al final costó USD 227,38 millones. La denuncia se basó en dos informes de la Contraloría General del Estado. Uno del 11 de junio del 2013 y otro del 25 de abril del 2015.

Este miércoles, Barredo reconoció que el vicepresidente Jorge Glas estuvo presente en las negociaciones para que el Banco de Brasil otorgara el financiamiento para Manduriacu. Pero dijo que no participó en la adjudicación de la hidroeléctrica.

Frente a la denuncia de la Comisión, Glas aseguró que la obra no reporta irregularidades. De su lado, el entonces ministro de Electricidad, Esteban Albornoz, indicó que la CNA no tiene fundamentos. “Tenemos un monto importante presupuestado para obras de infraestructura vial, electrificación, salud y educación. Eso es USD 14 millones, pues son trabajos adicionales, con lo que la obra asciende a USD 227 millones”.

Por eso, Glas anunció ese día que se presentarán demandas en contra de Anticorrupción.

Y realizó una aclaración en torno al prefecto de Pichincha, Gustavo Baroja: “El Consejo de Electrificación otorgó la licencia ambiental para el inicio de la obra, el 4 de mayo del 2012, a su directo contratista Celec. Así se desmiente que el Prefecto sería el responsable de la contratación y construcción de Manduriacu”.

La hidroeléctrica fue inaugurada en marzo del 2015. Ese año, Baroja demandó a Jorge Rodríguez y a Germán Rodas, de la CNA, y pidió una indemnización de USD 3 millones por daños en su contra.

Dos años después, la acción legal no termina. Para ayer estaba prevista una audiencia de conciliación entre las partes, pero no fue posible pese a que el juez Patricio Román dedicó los primeros 20 minutos de la audiencia a que se concretase un acercamiento.

El Prefecto de Pichincha no acudió; su abogado, Jaime Canseco, atribuyó esa inasistencia a razones de salud.

Los abogados de la Comisión entendieron la ausencia del Prefecto como una muestra de desinterés por conciliar.

Canseco indicó al juez que no tenía un permiso de su cliente para proponer un acuerdo y pidió que el proceso continuara. Con esto, la demanda civil pasará a la etapa de prueba, que es la fase previa antes de que los jueces emitan una sentencia.

En contexto
La Central Hidroeléctrica Manduriacu, que está entre Pichincha e Imbabura, fue inaugurada en marzo del 2015. Las cifras oficiales señalaban en ese entonces que la central beneficiará a 250 000 familias y que generará más de 2 000 empleos directos.

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