7 de agosto de 2017 00:00

El caso de Carlos Pólit permaneció bajo reserva 67 días

El 2 de junio pasado, los agentes allanaron el domicilio del excontralor Carlos Pólit. Foto: Archivo / EL COMERCIO

El 2 de junio pasado, los agentes allanaron el domicilio del excontralor Carlos Pólit. Foto: Archivo / EL COMERCIO

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Geovanny Tipanluisa

A la audiencia de esta tarde (15:00), en la que la Fiscalía formulará cargos al excontralor Carlos Pólit, no solo fueron convocados los abogados del exfuncionario.

En una providencia del pasado miércoles, la Corte Nacional también llamó al procurador General del Estado, Diego García, pues en el documento se dice que su presencia es necesaria porque se indaga un delito en contra de la administración pública. De hecho, el pasado 2 de junio, la fiscal general subrogante, Thania Moreno, abrió un expediente contra Pólit por presunta concusión dentro del caso Odebrecht.

Ese delito está tipificado en el art. 281 del Código Penal y se configura cuando un funcionario público “abusando de su cargo” exige la entrega de “contribuciones, sueldos, cuotas o derechos” ilegales. De comprobarse las acusaciones, el procesado podría ser encarcelado de 3 a 5 años. La indagación reservada en este caso tomó 67 días y en ese tiempo los investigadores han realizado diligencias como las desarrolladas el mismo día de la apertura del expediente.

Ese 2 de junio se ejecutaron allanamientos y se incautaron dos inmuebles relacionados con Pólit. Uno de estos es la suite 52 ubicada en la Torre A, del Swissotel, en Quito. En el parte policial elaborado por el agente Danny Ibarra se dice que allí localizaron una caja fuerte en el interior del vestidor y baño, pero se señala que por las seguridades con las que se encontraba se hizo “imposible abrirla”.

Por eso pidieron a la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia que autorice romper las seguridades, pues no se descartaba que en su interior existiese documentación personal. El juez Luis Enríquez aceptó la solicitud y el material incautado ha permanecido bajo reserva hasta hoy, dentro de la etapa de indagación previa. El 16 de junio, los jueces también autorizaron que se extraiga información contenida en una computadora portátil de color negro.

Igual ocurrió con una tarjeta de memoria externa, sin marca, de 8bg de capacidad. Este dispositivo se obtuvo el 9 de junio pasado, luego de que el fiscal Carlos Baca Mancheno y el denominado Cooperador C1 de Odebrecht firmaran un acta de entrega recepción en Brasil. Según datos que constan en el sistema judicial, esa tarjeta contiene archivos en formatos, incluidos audio y video. La Corte ordenó que una vez realizada esta diligencia, “(el material) se mantenga en estricta reserva, en un expediente separado”.

Y citó el artículo 494 segundo inciso del Código Integral Penal. Uno de esos audios es el que se conoció la semana pasada y allí, el delator José Conceição Santos dice que Odebrecht pagó a Pólit USD 4,1 millones en sobornos. Estos elementos y otros los presentará la Fiscalía para formular cargos en contra del excontralor general.

“Las evidencias del caso Pólit serán puestas en conocimiento del país en la audiencia”, dijo el fiscal Baca. Y aseguró que el audio en el que interviene el delator Santos tiene 38 minutos. “Hemos confirmado muchas de las cosas que se dicen en esa grabación que tienen que ver con todo el hecho de la concusión del excontralor”.

El abogado de Pólit, Hernán Ulloa, dice que los audios no pueden ser tomados como pruebas dentro de un proceso penal. “Ese es un elemento de investigación, tanto es así que la delación por sí sola no constituye prueba alguna ni puede servir como suficiente elemento para realizar una imputación”. Según este jurista, no hay pruebas en contra de su cliente.

“Yo he conversado con el defensor anterior (del excontralor) Jorge Acosta y me ha informado que hasta el momento no hay ningún elemento de convicción que permita asegurar el pago de los USD 4,1 millones”. Acosta dejó este caso el pasado viernes y en su escrito dice que se aleja de la causa porque se han producido “profundas diferencias” con el exfuncionario, “en cuanto a la estrategia y modo de afrontar los requerimientos” de la defensa.

“El doctor Pólit contrapone esperanzas y ofertas políticas a la evidente necesidad de abordar una defensa técnica”. En medio de esos hechos, la Corte designó a Gustavo Ludeña, defensor público, para que de manera individual o conjunta asuma la defensa del excontralor. Con la audiencia de hoy se levanta la reserva que había en este caso de concusión y el proceso pasa a la fase pública de investigación.

El Código Penal (art. 592) dice que esa etapa de la indagación no podrá exceder los 90 días. Luego, los jueces llamarán a otra audiencia en la que se conocerá un fallo judicial a favor o en contra del procesado.

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