28 de junio de 2014 20:43

Las casas barriales son usadas para fiestas ilegales

fotos cortesía policía nacional

Compartir
valorar articulo
Descrición
Indignado 10
Triste 0
Indiferente 0
Sorprendido 2
Contento 0
Javier Ortega. Redactor
jortega@elcomercio.com
(I)

Es viernes por la tarde. Un grupo de 50 jóvenes baila en un local. Algunos charlan y ríen. En la puerta, la organizadora cobra USD 2 por el ingreso.

Nada fuera de lo común salvo por tres irregularidades: el evento es en una casa barrial de Solanda (sur de Quito), hay menores de edad y alcohol.

En los últimos meses la Policía y la Intendencia de Pichincha han clausurado casas barriales y sedes sociales por albergar eventos masivos. La Ordenanza Municipal 097 obliga a los administradores a dar un buen uso, cuidado y mantenimiento a estos espacios.

Pero esa normativa, en algunos casos, se incumple, dice Édwin Castelo, intendente de Policía de Pichincha. “Los locales fueron creados para convocar a la comunidad, no para hacer eventos públicos o privados con fines de lucro”.

De hecho, el precio es lo que más atrae a quienes alquilan estos establecimientos. Los dirigentes cobran entre USD 60 y 90 por ocho horas de uso.

Ese dinero está destinado a cubrir los gastos administrativos del inmueble. Eso sí, la Ley prohíbe la venta de bebidas alcohólicas, reconoce Myriam Manobanda, presidenta de la Federación de Barrios de Quito. Y agrega: no pueden convertirse en discotecas. La responsabilidad del control de lo que allí ocurre es de los dirigentes.

Los estatutos de estos establecimientos determinan que se firmen contratos de arrendamiento y se cobren garantías para resarcir posibles daños. Eso ocurrió en la casa barrial de Solanda. El padre de la organizadora firmó un documento y canceló USD 100 por ese rubro.

En el acuerdo, al que accedió este Diario, se dice que el local sería utilizado para celebrar un cumpleaños, pero los agentes encontraron jabas de cerveza, muchachos que cargaban vasos con licor y otros que fumaban, recuerda el capitán Carlos Albán, jefe policial del circuito de Solanda.

La Intendencia clausuró la casa comunal y arrestó al arrendatario. “Mi hija cumplió 17 años y le hicimos una fiesta en ese local. Muchos de los menores no eran sus amigos y por eso colaboraron y pagaron USD 1,50”, dijo el detenido ante un juez de contravenciones.

El hombre fue condenado a un día de cárcel por admitir a “menores en tabernas”. Esta infracción está tipificada en el artículo 605 del Código Penal

Semanas después, los uniformados descubrieron otro baile en una casa barrial en el mismo sector. Albán decomisó cinco jabas de cerveza y retiró a 100 jóvenes. Incluso se confiscó un cuchillo a un adolescente.

Los muchachos, para burlar los controles, cubrieron con fundas negras los ventanales de la sede social. La Policía considera que estos casos no son aislados. En ese operativo hallaron “carteles de eventos que se realizarían en fechas futuras, con fines de lucro y con el expendio de alcohol”.

Andrés Escobar, jefe operativo de la Intendencia de Pichincha, revela que desde marzo se detectaron 14 fiestas clandestinas en sedes barriales, domicilios o clubes privados.

Las casas comunales, espacios creados para designar a la directiva del barrio, discutir los problemas de la comunidad, para elegir a la reina... ahora se han convertido en focos de inseguridad e ilegalidad, cree Albán. “Se usan para caídas juveniles, bailes, hornados solidarios en los cuales la presencia del alcohol es evidente”.

Con los tragos en la cabeza se desencadenan riñas e incluso homicidios, admite el oficial y pone el ejemplo de los hechos violentos que se reportaron en febrero pasado en la Villa Flora.

Ochenta policías con 15 patrulleros llegaron para controlar la situación. Encontraron casquillos de bala, cristales rotos, sangre, jóvenes que se lanzaron desde el tercer piso.

Los datos del último informe del Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana refieren que, entre enero y mayo del 2014, las peleas callejeras provocaron el 27% de los homicidios que se reportaron en Quito. En los primeros cinco meses, 21 personas fallecieron durante una discusión en la vía pública.

El último hecho violento ocurrió hace una semana en Nayón, en las afueras de la capital. Un grupo de jóvenes fue atacado durante un evento musical que se desarrolló en el terreno descampado de una casa.

Los asistentes, para evitar el ataque, se lanzaron a la quebrada que colinda con el inmueble.

Dos días después, el coronel Ramiro Mantilla, comandante del Distrito Metropolitano de Quito, señaló que la Tenencia Política de esa parroquia autorizó el concierto de hip-hop.

El Intendente de Pichincha considera que el espacio no cumplía con los requisitos para desarrollar el evento. “Se puso en riesgo a las personas. Si con los 50 jóvenes que asistieron pasó lo que pasó, imagínese lo que hubiera ocurrido con más personas en ese espacio. No se debió autorizar”, recalca.

Sandra Peralta, de la Tenencia Política, dijo a los medios de comunicación que se permitió el concierto porque “no había riesgo de que ocurriera algo”.

La situación es la misma en las casas barriales y en las sedes sociales. Los locales no están equipados para albergar eventos masivos. Son pequeños, no hay extintores, salidas de emergencia, muros para reducir los decibeles, etc.

En la Intendencia y en la Policía no quieren que se repita un caso parecido a Factory. De ahí que en este año los uniformados han desplegado operativos en las casas barriales.

Aquel viernes, luego de la irrupción de los agentes, la cumpleañera y su padre tuvieron que devolver los USD 2 que los jóvenes dijeron haber cancelado por ingresar a la fiesta.

En contexto

En los espacios comunales están prohibidos los eventos masivos con fines de lucro y la venta de alcohol. El pasado fin de semana, en Nayón, en el noroccidente de Quito, se produjo una riña masiva aparentemente provocada por jóvenes que llegaron a una fiesta.

Descrición
¿Te sirvió esta noticia?:
Si (0)
No (0)