Una vez llega diciembre y la necesidad de renovar las preferencias arancelarias andinas en el Congreso de los Estados Unidos pone a los empresarios y a parte del Gobierno ecuatoriano a jugar una carrera contra el tiempo. Esta vez, la tarea es doblemente difícil: el triunfo del ala más reaccionaria del Partido Republicano ha vuelto casi imposible llegar a acuerdos bipartidistas sobre cosas fundamentales para la economía estadounidense, como el paquete de estímulos para recuperar la economía o la reducción de impuestos, peor aún para temas secundarios como preferencias para tres países –Colombia, Perú y Ecuador- que en este momento son periféricos para los intereses estadounidenses. Es muy posible que si no se llega al menos a un acuerdo en el tema de las preferencias, el nuevo Congreso de mayoría republicana que se posesiona en enero puede generar agrias discusiones ideológicas que terminen aislando al Ecuador de los beneficios de la Atpdea y del sistema general de preferencias además.
En medio de este panorama tan conflictivo, es necesario destacar que la iniciativa del Centro Carter para tender puentes de diálogo entre la clase política estadounidense y la sociedad civil de los países andinos puede ser constituir un voluminoso grano de arena para la renovación de la Atpdea. Jimmy Carter en persona firmó una carta dirigida a los representantes del Congreso estadounidense que son decisivos para la toma de estas decisiones, explicando los beneficios que estas proveen a ambas partes. Carter también pidió que se incluyan incentivos para la participación de empresas pequeñas y medianas en la dinámica comercial que promueve la Atpdea y además resaltó los avances que estos países han logrado en la lucha contra las drogas. La misiva de Carter se unió a otra similar que fue enviada también por la secretaria de Estado Hillary Clinton pidiendo el apoyo del Congreso para dicha renovación.
Sin embargo, nada está dicho. Ayudaría mucho que los mensajes del Gobierno del Ecuador sean más coordinados y se deje de lado temas secundarios como los wikileaks, cuando miles de empleos dependen de las preferencias que están por caducar. Si hay una visión y acción concertada entre empresarios y Estado, una extensión considerable de cuatro años puede ser posible. Hay que recordar que un promedio del 78% de las exportaciones ecuatorianas a Estados Unidos se beneficia de las preferencias y esto significa una ganancia importante para las empresas exportadoras del país. Además, en los últimos años los exportadores han entrado también a competir con manufacturas medias y productos elaborados y esto ha ayudado a generar valor y aprendizajes dentro del sistema productivo del país. Cosas así merecen un ejercicio de concertación nacional que puede ser excepcionalmente productivo, en todo el sentido denotativo y connotativo de la palabra.