5 de junio de 2015 16:37

Carta de Human Rights Watch al papa Francisco sobre Venezuela

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José Miguel Vivanco. Human Rights Watch

Su Santidad Papa Francisco I
Palacio Apostólico
El Vaticano

De mi mayor consideración,

Tengo el honor de dirigirme a Su Santidad con antelación a la reunión que mantendrá con el Presidente Nicolás Maduro el domingo 7 de junio. Quisiera, en representación de Human Rights Watch, trasmitirle a Su Santidad la profunda preocupación de Human Rights Watch con respecto a la grave situación de los derechos humanos en Venezuela, en particular en relación con el arbitrario encarcelamiento de opositores políticos y la ausencia de rendición de cuentas por abusos sistemáticos cometidos en contra de manifestantes pacíficos, así como la falta de independencia judicial en el país, debido a la cual es prácticamente imposible que estas víctimas obtengan reparaciones en Venezuela. También nos preocupa la crisis en el sistema de salud, que ha privado a gran parte de la población del acceso a medicamentos e insumos médicos esenciales.

Quisiera instar respetuosamente a Su Santidad a que plantee estos problemas al Presidente Maduro durante su visita y le solicite que adopte medidas concretas para abordarlos. En particular, para cumplir con sus obligaciones jurídicas internacionales de derechos humanos, el gobierno venezolano debería:
· Disponer la liberación inmediata e incondicional de todos los opositores políticos y otras personas que estén siendo perseguidas penalmente de manera arbitraria;
· Llevar ante la justicia a todos los miembros de las fuerzas de seguridad responsables de abusos contra manifestantes pacíficos;
· Adoptar medidas para restablecer la independencia del poder judicial; e
· Implementar medidas destinadas a garantizar un suministro suficiente de medicamentos e insumos básicos que atienda, al menos, las necesidades inmediatas de los venezolanos, y supervisar su distribución.

Detención arbitraria de líderes opositores
En el último año, las autoridades venezolanas han utilizado abusivamente el sistema judicial para detener y perseguir penalmente de forma arbitraria a importantes opositores políticos. Entre estos se incluyen Leopoldo López, uno de los líderes del partido opositor Voluntad Popular; Daniel Ceballos, ex alcalde de San Cristóbal, en el estado de Táchira; Vicencio Scarano, ex alcalde de San Diego, en el estado de Carabobo; Antonio Ledezma, alcalde del Distrito Metropolitano de Caracas; María Corina Machado, ex diputada opositora; y Carlos Vecchio, otro líder de Voluntad Popular.

Human Rights Watch ha efectuado un análisis exhaustivo de la documentación oficial que obra en los expedientes judiciales de estos casos y ha concluido que, en su opinión, en estos casos se violaron garantías básicas de debido proceso y no se aportaron evidencias creíbles que vincularan a los acusados con la comisión de algún delito.

Leopoldo López fue acusado por el gobierno de haber incitado hechos de violencia en el marco de una manifestación llevada a cabo el 12 de febrero de 2014, incluidos ataques contra oficinas y vehículos públicos. El Ministerio Público actuó rápidamente para conseguir una orden de arresto en relación con numerosos presuntos delitos. López se entregó el 18 de febrero, y desde entonces permanece detenido en la prisión militar Ramo Verde.

La orden de aprehensión contra López reconocía que él se había retirado del lugar donde ocurrieron los incidentes violentos antes de que estos sucedieran, y utiliza como prueba de su responsabilidad penal una serie de “pronunciamientos con mensajes subliminales” que López había publicado en Twitter. No obstante, la orden de aprehensión no especifica de qué modo este discurso “subliminal” o indirecto habría provocado concretamente la comisión de delitos.

En abril de 2014, el Ministerio Público acusó a López de intimidación pública, incendio, daños y “asociación”, que se define como la pertenencia a un grupo de delincuencia organizada. El Ministerio Público debió retirar la acusación de homicidio formulada inicialmente contra López, luego de que un periódico venezolano difundiera grabaciones de video donde se mostraba a miembros de las fuerzas de seguridad disparando contra manifestantes que no estaban armados. La acusación contra López se basa en el testimonio de 11 funcionarios u empleados gubernamentales, incluidos tres que ni siquiera mencionaron a López, y en diversos análisis de discursos y tweets de López, incluido uno que lo acusa de no haberse comportado como Gandhi y de convertirse en “un detonante que pudo coadyuvar” a la “exacerbación” de las protestas “debido a la polarización política actual” en Venezuela.

Durante el juicio contra López, la jueza a cargo se negó a permitir que la defensa aportara gran parte de las pruebas que propuso, y el Ministerio Público no presentó evidencias creíbles para sustentar sus acusaciones. El tribunal desestimó todos los argumentos y las evidencias planteados por la defensa, salvo el testimonio de dos testigos que también habían sido propuestos por la fiscalía, según señaló el equipo de abogados de López. En los 11 meses que han trascurrido desde que comenzó el juicio en julio de 2014, el tribunal ha estado revisando la evidencia presentada por el Ministerio Público. No está prevista una fecha para que concluya el juicio, o en la cual el tribunal probablemente emita su decisión.

Aunque el derecho venezolano y los estándares internacionales de derechos humanos establecen que los procesos penales deben ser públicos salvo en circunstancias muy específicas, se ha prohibido que el público general en Venezuela —en particular, periodistas y observadores internacionales— asista a las audiencias del juicio contra López.

En marzo de 2014, el Tribunal Supremo de Justicia juzgó en forma sumaria y condenó a dos alcaldes opositores, Daniel Ceballos y Vicencio Scarano, a doce y diez meses y medio de prisión, respectivamente. El tribunal acusó a los alcaldes de desacato por haber incumplido una orden del Tribunal Supremo de Justicia que exigía asegurar la libre circulación de personas en sus municipios durante las protestas. El Tribunal Supremo no permitió que la defensa presentara la mayoría de las evidencias que pidió que fueran incorporadas, y condenó a los hombres inmediatamente después de audiencias de no más de 7 horas.

Las decisiones del Tribunal Supremo, que en este caso actuó como tribunal de primera instancia, no son recurribles, y esto viola la garantía de debido proceso que reconoce el derecho de los acusados a apelar una condena penal.

Scarano fue liberado tras cumplir la condena impuesta por el Tribunal Supremo, pero enfrenta otra causa penal en un tribunal militar. Se acusa a Scarano de haber ingresado por la fuerza a un centro de votación durante las elecciones presidenciales de abril de 2013, lesionando a tres mujeres, incluida una militar. No obstante, un video de los incidentes que fue analizado por Human Rights Watch sugiere que las mujeres permitieron que Scarano ingresara al lugar, y que la puerta por la cual entró se abría hacia el lado opuesto a donde estas se encontraban las mujeres, de modo que el acto de abrir la puerta no podría haberlas lesionado.

Tras cumplir la condena impuesta por el Tribunal Supremo, Ceballos permaneció en prisión preventiva en Ramo Verde por otra causa penal en la cual se lo acusa de “rebelión” y “agavillamiento” por haber presuntamente “desconoci[do] [al] gobierno legalmente constituido” y “llama[do] a montar barricadas en las calles”.

El 23 de mayo de 2015, Ceballos fue transferido en mitad de la noche a una cárcel común en San Juan de los Morros, aproximadamente a 150 kilómetros de Caracas, adonde, a diferencia de en Ramo Verde, está detenido con otros detenidos en prisión preventiva acusados de haber cometido delitos comunes. Human Rights Watch considera que la integridad física de Ceballos se encuentra en riesgo en su lugar actual de detención. Si bien trasladarlo a un centro de detención preventiva podría haber sido legítimo, fue hecho sin control judicial y sin que fueran informados su familia o su equipo de abogados, según lo que pudo saber Human Rights Watch, por lo cual no tuvieron oportunidad de realizar legítimos cuestionamientos sobre el riesgo para la seguridad de Ceballos que implicaba el traslado.

A modo de protesta, tanto Ceballos como López están actualmente realizando huelgas de hambre que podrían deteriorar gravemente su salud.

El 19 de febrero de 2015, decenas de miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional irrumpieron por la fuerza en la oficina en Caracas del Alcalde Antonio Ledezma y lo detuvieron sin exhibir una orden judicial de arresto, según indicó su equipo de defensores. Ese mismo día, el Presidente Maduro manifestó por televisión nacional que Ledezma sería procesado por los delitos que cometió “contra la paz del país, la seguridad [y] la Constitución”.

El 6 de abril, el Ministerio Público acusó a Ledezma de conspiración y asociación. Entre las evidencias presentadas contra Ledezma se incluyen varios informes de agentes del SEBIN, declaraciones de dos testigos anónimos, una confesión realizada por un ex militar mientras estaba detenido (que se habría efectuado bajo coerción, según la defensa de Ledezma) y videos donde se muestra a tres hombres acusados de “conspiración para la rebelión” en eventos públicos junto a Ledezma o hablando sobre este.

Ledezma estuvo detenido en la prisión militar Ramo Verde hasta el 24 de abril, cuando fue sujeto a arresto domiciliario por motivos de salud.

En diciembre de 2014, el Ministerio Público imputó a la líder política de oposición María Corina Machado por el delito de conspiración, por su presunta participación en un complot para asesinar a Maduro. El presidente se refirió a Machado como “asesina”, mientras que Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Nacional y miembro del partido de gobierno, la acusó de haber borrado los mensajes de correo electrónico que parecen ser la única evidencia que la fiscalía dijo tener en contra de ella. Machado había sido anteriormente destituida de su cargo de diputada, tras haber intervenido en una reunión de la Organización de los Estados Americanos en Washington, ocupando un asiento diplomático de Panamá. Desde junio de 2014, también pesa contra ella una orden judicial que le prohíbe salir del país mientras se investigue su responsabilidad en otra causa penal; Machado no ha tenido acceso al expediente de esta causa.

El 17 de febrero de 2014 se libró una orden de aprehensión contra Carlos Vecchio, miembro del partido político de López. Se le atribuyen, entre otros, los delitos de instigación pública y asociación. En enero, Cabello acusó a Vecchio —que vive actualmente en Estados Unidos— de “planificar actos violentos contra el pueblo venezolano”. El gobierno aún no ha presentado públicamente evidencias creíbles para respaldar sus señalamientos.

Diversos organismos internacionales de derechos humanos, incluidos el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Comité contra la Tortura de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han instado a Venezuela a que libere inmediatamente a las personas que han sido detenidas de manera arbitraria en el país.

Impunidad de abusos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad durante protestas en 2014
En el informe “Castigados por Protestar”, Human Rights Watch documentó 45 casos, que afectaban a más de 150 víctimas, de uso ilegítimo de la fuerza por parte de miembros de diversas fuerzas de seguridad venezolanas –incluida la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana y fuerzas policiales de los estados– ocurridos entre febrero y abril de 2014[1].

Miembros de las fuerzas de seguridad agredieron de manera sistemática a manifestantes no violentos y a transeúntes en diferentes lugares en tres estados y en la capital del país, incluso en entornos controlados como bases militares y otras instituciones estatales. Los abusos incluyeron disparar armas de fuego, perdigones y gases lacrimógenos de manera indiscriminada contra la multitud y, en algunos casos, disparar perdigones deliberadamente y a quemarropa contra personas que no estaban armadas y que, en ciertos casos, ya se encontraban bajo custodia de las autoridades.

Según el Ministerio Público, 3.351 personas fueron aprehendidas por las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones. En muchos de los casos documentados por Human Rights Watch, los detenidos permanecieron incomunicados por lapsos de 48 horas o más antes de ser llevados ante un juez. Numerosos detenidos sufrieron violentas golpizas, descargas eléctricas o quemaduras y otros tratos abusivos por parte de miembros de fuerzas de seguridad que, en algunos casos, constituyeron tortura. En reiteradas ocasiones, jueces y fiscales hicieron caso omiso de evidencias que sugerían que estas personas habían sufrido abusos por parte de miembros de las fuerzas de seguridad durante la detención, incluidos signos evidentes de abuso físico.

Más de un año después, ha habido un escaso avance en el progreso de la rendición de cuentas con respecto a estos abusos. El gobierno indicó que, hasta noviembre, las fiscalías habían recibido 242 denuncias de presuntas violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de las manifestaciones, incluidos dos casos de tortura, si bien Human Rights Watch documentó más casos de tortura. El Ministerio Público informó que los fiscales habían dictado 125 actos conclusivos y presentado acusaciones contra 15 funcionarios de seguridad del Estado, y que dos policías habían sido condenados por “sucesos ocurridos” durante las protestas, pero no aportó información con respecto a la naturaleza de los delitos o de las condenas.

Falta de independencia judicial
El ex Presidente Hugo Chávez y sus partidarios en la Asamblea Nacional llevaron a cabo en 2004 un copamiento político del Tribunal Supremo de Justicia. Desde entonces, el poder judicial ha dejado en gran medida de actuar como un poder independiente del gobierno. Miembros del Tribunal Supremo han rechazado abiertamente el principio de separación de poderes, han expresado en forma pública su compromiso con promover la agenda política del gobierno y reiteradas veces fallaron a favor de este, avalando así la indiferencia del gobierno por los derechos humanos[2].

Desde entonces, el gobierno y sus partidarios han adoptado medidas drásticas para mantener su control político sobre el poder judicial. En diciembre de 2014, la mayoría oficialista en la Asamblea Nacional designó a 12 nuevos miembros del Tribunal Supremo con una mayoría simple de los votos, luego de que no lograran alcanzar una mayoría de dos tercios, para la cual habrían necesitado llegar a un consenso con la oposición. La ley de 2004 que posibilitó el copamiento del Tribunal Supremo dispone que el voto de mayoría simple será válido sólo si, luego de tres votaciones, no se alcanza una mayoría de dos tercios de los votos.

Falta de Acceso a medicamentos e insumos básicos
La falta de acceso a medicamentos e insumos básicos en el país, tanto en el sistema público de salud como en el privado, pone en riesgo la vida y la salud de decenas de miles de venezolanos[3].

En visitas realizadas recientemente a Venezuela, advertimos que había faltantes de medicamentos para tratamiento del dolor, asma, hipertensión, diabetes y enfermedades cardíacas, entre otras. Había también escasez de jeringas, gasas y agujas, y debido a la falta de insumos los hospitales no podían realizar análisis básicos de laboratorio. En marzo de 2015, Médicos por la Salud, una red de médicos residentes que trabajan en hospitales públicos de todo el país, informó los resultados de una encuesta llevada a cabo en 130 hospitales públicos de 19 estados, la cual mostraba que el 44 por ciento de los quirófanos no estaban operativos, y que el 94 por ciento de los laboratorios tenían fallas en el funcionamiento o falta de reactivos. Esta red también comprobó que en los hospitales había escasez o faltantes en el 60 por ciento de los medicamentos o insumos médicos que normalmente se mantienen en inventario, y que la mayoría de los medicamentos incluidos en la Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud no estaban disponibles en farmacias. A fines de 2014, los hospitales públicos tenían en listas de espera aproximadamente a 20.000 pacientes que necesitaban someterse a cirugías.

Esta situación es consecuencia de políticas gubernamentales que han obstaculizado la compra y el acceso a medicamentos e insumos. Venezuela no cuenta con una industria farmacéutica fuerte, y debido a ello el país tiene que importar la mayoría de los medicamentos e insumos médicos. Incluso en el caso de medicamentos que se fabrican localmente, la materia prima a menudo proviene del exterior. Pero la normativa sobre tipo de cambio y los controles de precios que ha impuesto el gobierno obstruye este proceso, y tiene como consecuencia una oferta absolutamente inadecuada de medicamentos e insumos médicos básicos.

Human Rights Watch agradece anticipadamente a Su Santidad por su consideración de esta carta antes de su próximo encuentro con el Presidente Maduro. Aprovecho la oportunidad para expresarle a Su Santidad los sentimientos de mi más alta consideración y estima.

Con los mejores deseos para Su Santidad, se despide muy atentamente,

José Miguel Vivanco
Human Rights Watch

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