31 de May de 2015 19:33

Carlos Pólit: ‘La corrupción se debe combatir con voluntad política’

Carlos Pólit, Contralor General del Estado. Foto: Paul Rivas/ El Comercio

Carlos Pólit, contralor General del Estado. Foto: Paul Rivas/ El Comercio

Compartir
valorar articulo
Descrición
Indignado 54
Triste 1
Indiferente 2
Sorprendido 1
Contento 12
Paúl Zamora

Entrevista a Carlos Pólit, contralor General del Estado.

¿Cómo avanza el control a los bienes de los funcio­narios públicos?

Todo funcionario público cuando ingresa a esta área debe presentar una declaración de bienes y actualizarla. En el caso de los 137 asambleístas, se han conformado equipos de trabajo y de acuerdo con la recopilación de datos, la información obtenida será tabulada y analizada en cada caso particular. De haber inconsistencias, se comunicarán los resultados provisionales al examinado para que presente sus documentos aclaratorios.

Dentro de la Asamblea hay preocupación y se habla de que se investigará a los cónyuges e hijos...

Muchos sectores políticos distorsionan la realidad de una auditoría. No es que vamos a investigar a la esposa ni al hijo menor de edad. Recabaremos información para ver si a nombre de ellos existe algún patrimonio que no haya sido declarado por el funcionario.

Legisladores de Creo piden que esta auditoría especial se extienda a otras autoridades…

Permanentemente estamos investigando los bienes. Hemos hecho acciones de control al propio Presidente de la República, al Vicepresidente saliente y al actual, al sector policial y militar y a todos los altos cargos de Estado. Nos tocó realizar un examen especial a todos los ministros, por pedido del Presidente, y en el sector gubernamental no encontramos irregularidades.

¿En qué niveles del Gobierno entonces se ha encontrado la mayor cantidad de anomalías?

Se han reflejado incrementos patrimoniales en funcionarios de diferentes instituciones del Estado, y de todos los niveles. Se han encontrado aumentos patrimoniales en funcionarios de la Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Asamblea, exministros de Estado de períodos anteriores…

¿Cuántos indicios de responsabilidad penal se han establecido por tema de patrimonio y de este grupo cuántos son asambleístas?

A la fecha, 525 informes aprobados; de estos, 8 casos con
indicios de responsabilidad penal corresponden a congresistas, y uno a un asambleísta en el período del arquitecto Fernando Cordero.

¿Quiénes son?

Eso no se puede saber, pues está bajo investigación...

Mirando el bosque, ¿en cuántas auditorías se han determinado indicios de responsabilidad penal sobre contratos en el Sector Público y que hayan sido enviados a la Fiscalía?

Desde el 2007 hasta mayo del 2015 se han enviado a la Fiscalía 1 512 informes con indicios de responsabilidad penal.

Pero, ¿apenas un 10% de estos informes ha tenido una solución? 

Esa declaración la hizo el propio Fiscal General y él tiene la información de en qué porcentaje han avanzado esas investigaciones. Es importante señalar que tenemos una coordinación cercana con la Fiscalía e incluso han creado un sistema informático para tratar nuestras denuncias. Además, de ahora en adelante, estamos entregando directamente al Fiscal General cualquier indicio penal que salga del país.

¿De qué sirve toda esta coordinación si no se traduce en resultados concretos?

Tenemos que trabajar mucho más coordinados y las altas autoridades de país tenemos que reconocer que no hemos hecho los esfuerzos para coordinar entre todos un combate permanente a la corrupción. Deberíamos mensualmente reunirnos las autoridades de control para expresar los hallazgos en el ámbito de la corrupción. Estamos todos en deuda pero vamos a profundizar ese trabajo.

Algunos analistas aseguran que es el sistema el que impide una lucha contra la corrupción...

No se trata de que falla el sistema; fallamos nosotros, los que tenemos las leyes, los reglamentos, por falta, quizá, de voluntad. El sistema es correcto, se ha implementado un sinnúmero de leyes y somos los funcionarios los que debemos responder por cada una de nuestras actividades. Se pueden cambiar todas las leyes, pero si no hay voluntad no sucederá nada. Es la sociedad la que tiene que imponerse ante la corrupción, no solamente en los entes públicos, sino también en el sector privado que entrega las coimas.

Hablando de cifras, ¿cuál es el monto recuperado fruto de glosas y procesos administrativos?

Desde el 2007, la Contraloría a través de la acción coactiva ha recuperado más de USD 300 millones en acciones civiles y administrativas. Un caso emblemático en temas petroleros es la sanción civil que impusimos a Repsol, y a través de la cual devolvieron USD 120 millones en petróleo. Esto es lo que se ha podido recuperar pero hay muchos cientos de millones que faltan por hacerlo.

¿Qué esperan?

Tenemos casos difíciles. Hay una reforma que no dio paso la Asamblea que le permitía a la Contraloría realizar las coactivas a instituciones como, por ejemplo, Petroecuador. Ahora, si yo gloso a los funcionarios de Petroecuador tengo que enviarles a ellos para que hagan la coactiva y se cobren. Lo mismo sucede en los gobiernos autónomos municipales y provinciales, pues si existe una acción civil o administrativa tengo que enviarles a ellos para que se cobren…

La Asamblea acudió a usted en busca de trasparentar las acciones de los legisladores. Ahora, tramitan una enmienda sobre la Contraloría que le restaría su capacidad de control, ¿no es contradictorio?

He sido claro en mis expresiones sobre la capacidad de control de este organismo. Ellos están analizando la enmienda y tengo la certeza de que va a haber conciencia de que sería penoso que se elimine la auditora de gestión, que es la parte más importante del manejo de la cosa pública, liderada por los funcionarios del Estado. Si esa enmienda se aprueba, debilitará el control de los bienes y recursos que son de todos los ecuatorianos.

Descrición
¿Te sirvió esta noticia?:
Si (11)
No (0)