Pablo Celi, rodeado de guardaespaldas, fue a la Asamblea para ofrecer a José Serrano colaboración en la fiscalización. Foto: Pavel Calahorrano / EL COMERCIO
La noticia de que la casa del contralor general Carlos Pólit había sido allanada la madrugada del 2 de junio cayó como un balde de agua fría entre los funcionarios de la máxima entidad de control.
A primeras horas de la mañana, las principales autoridades se reunieron para decidir cómo enfrentar la crisis.
Ese mismo día, el abogado del Contralor, Hernán Ulloa, anunció en Guayaquil que la investigación era una retaliación, pues “hace muy pocos días” la Contraloría había presentado un informe con indicios de responsabilidad penal en contra del fiscal Carlos Baca. No obstante, según conoció este Diario, el informe aún no ha sido aprobado.
Aunque la tensión que se vivió en la Contraloría tuvo un primer desenlace esta semana, los vientos de la tormenta que estaba por desatarse llegaron en febrero. El exministro Carlos Pareja Yannuzzelli, prófugo en Miami, difundió un video en el que afirmaba haberle entregado a Pólit maletines con dinero en su suite del Swissotel y sugirió que Pablo Celi y otros funcionarios supuestamente cobraban tarifas por los informes en la Refinería de Esmeraldas. En esos días Pólit estaba con licencia y concursaba para un nuevo período al frente de la Contraloría.
Celi, quien entonces actuaba como contralor encargado, demandó a Pareja por difamación en la Fiscalía, el 14 de febrero. La Contraloría emitió un comunicado señalando que se trataba de intimidar las acciones de control en la Refinería que establecieron glosas por USD 131 millones.
En la entidad, Celi ha ocupado varios cargos en distintos períodos desde el 2008. Empezó como asesor y luego se fue ganando la confianza de Pólit, quien desde el 2014 lo nombró subcontralor general. Dos años antes, colaboró con el gobierno de Rafael Correa. El 2012 fue designado representante del Ecuador ante el Centro de Estudios Estratégicos de Defensa de Unasur, en Buenos Aires, Argentina.
Celi tiene una amplia trayectoria en el sector público, aunque siempre ha mantenido un bajo perfil. Fue asesor en el Congreso, a inicios de los 90; subsecretario y ministro de Educación, en el gobierno de Abdalá Bucaram; asesor de planificación con Lucio Gutiérrez, y asesor presidencial de Alfredo Palacio.
La formación académica ha sido una constante en su carrera. Es sociólogo y politólogo. De hecho, actualmente sigue un PhD en España, a donde precisamente iba a viajar el viernes 2 de junio para entregar un trabajo y cumplir tareas específicas de su doctorado. Retornaría al país cuatro días después. Pero la crisis desatada le obligó a suspender el desplazamiento.
Esa mañana transcurrió en la Contraloría entre llamadas y averiguaciones sobre los alcances de la investigación a Pólit por supuesta concusión en el proyecto San Francisco, construido por Odebrecht.
Cerca de las 16:00, Celi fue sorprendido en su despacho por la visita de cinco funcionarios, entre ellos Ligia Cobo, directora de Talento Humano; Adrián Bustos, secretario general; y Sabett Chamoun, subcontralora administrativa.
Entonces, Chamoun le comunicó que debía firmar la acción de personal sobre su remoción: “Esa es una decisión que él (Pólit) ha tomado, no me lo haga más difícil doctor”, le dijo Chamoun, mientras él respondió: “les voy a hacer difícil, Sabett, no voy a firmar”.
A los pocos segundos, Celi reaccionó violentamente: rompió los documentos y empujó a Bustos. La escena quedó registrada en un video difundido el miércoles 7. La molestia de Celi, conocido por su temperamento vehemente, se debió a que Pólit no le comunicó directamente su decisión, ni siquiera por vía telefónica, pese a que el contacto entre ellos era habitual para hablar sobre temas sensibles.
Ese mismo día, Pólit difundió una declaración juramentada en el Consulado de Miami, donde se encuentra con licencia médica desde el 26 de mayo. En esencia aseguraba que firmó la remoción de Celi mientras estuvo en funciones en Quito, el 25 de mayo.
Aún se desconoce por qué transcurrieron ocho días entre la supuesta firma de la acción de personal y su notificación. Tampoco ha trascendido el motivo de la remoción.
En reemplazo de Celi, Pólit nombró a Chamoun. Ella empezó su trayectoria en la Contraloría como su asesora. Antes se desempeñó como jueza del Tribunal Contencioso Administrativo en Quito y fue intendenta nacional del Sistema de Seguro Privado.
El miércoles pasado, Chamoun entró a la Contraloría para posesionarse como subrogante. Llegó resguardada por varios policías. Luego, desde el despacho del Contralor, convocó a una rueda de prensa. La confusión reinaba en las diferentes oficinas.
A las 16:00, ingresó el fiscal Juan Carlos Zúñiga, acompañado de policías para investigar un “delito flagrante” por la irrupción al despacho del Contralor. Los accesos fueron bloqueados por más uniformados y ningún funcionario podía salir: las puertas estaban con cadenas y candados.
Varios empleados contaron que debieron suspender la atención al público y que el sistema informático fue inhabilitado. La exasambleísta Cristina Kronfle, quien trabaja en la Dirección de Auditoría de Atención Prioritaria, dijo que estaba “aterrada” porque sus diez años de asambleísta no vio una situación similar.
Entrada la noche, Chamoun abandonó la Contraloría y Celi permaneció en su despacho, donde atendió a la prensa. El Fiscal salió a las 21:00.
Al día siguiente Celi confirmó que él había pedido la intervención de la Fiscalía y aseguró que mientras Pólit no regrese al país seguiría al frente de la institución. Luego, rodeado de guardaespaldas y policías, cruzó la calle que separa a la Contraloría de la Asamblea para, a puerta cerrada, ofrecerle a su presidente, José Serrano, “colaborar con la fiscalización”.
Chamoun, según supo este Diario, se mantiene en contacto con Pólit, planificando sus próximas acciones.
En la Asamblea la suerte del Contralor parece estar echada, aunque las causales de su enjuiciamiento político no se han explicado con claridad.
En contexto
La investigación abierta en contra de Carlos Pólit por supuesta concusión, en el caso de la hidroeléctrica San Francisco, desató una disputa por su reemplazo temporal en la Contraloría. Aún hay vacíos sobre quién debe subrogarlo, mientras permanece en EE.UU.