Pólit: “Informes de Contraloría sobre Manduriacu fueron descontextualizados”

El contralor General del Estado, Carlos Pólit, acudió hoy, miércoles 23 de septiembre del 2015, a la Asamblea Nacional, donde afirmó que los informes de la Contraloría tomados por la Comisión Anticorrupción para denunciar presuntas irregularidades en la hidroeléctrica Manduriacu fueron “descontextualizados”.

“O no saben o no entienden los informes de Contraloría o hay mala intención”, insistió Pólit al indicar que esta difusión ha creado un ambiente de desconfianza en el Ecuador.

A su ingreso a la comisión de Fiscalización de la Asamblea, Pólit entregó una ayuda memoria en la que negó un sobreprecio respecto al costo de Manduriacu.

La mañana de ayer, la Comisión Anticorrupción, organización ciudadana cercana a organizaciones sindicales, de jubilados y colegios profesionales, denunció un supuesto perjuicio para el Estado de USD 102,5 millones en la construcción de la central hidroeléctrica Manduriacu.

La Comisión sostuvo sus argumentos en base a dos informes de la Contraloría del 2013 y el 2015 en los cuales se establecería que debido a estudios de factibilidad de la central presuntamente deficientes que motivaron modificaciones técnicas en la obra y un incremento en su precio.

La central se contrató con la brasileña Odebrecht por USD 124,8 millones pero terminó costando USD 227,38 millones debido a tres contratos complementarios y otros ajustes de obra, aparentemente no auditados según la Comisión Anticorrupción.

La Comisión dijo que la Contraloría no había establecido responsables en sus informes pese a identificar la deficiencia en los estudios. Asimismo, estableció como responsables al prefecto de Pichincha, Gustavo Baroja, la Celec, Odebrecht, CFE de México como Fiscalizadora y Caminosca por haber elaborado los supuestos estudios con presuntas deficiencias.

En la ayuda memoria, la Contraloría destacó que hasta el 30 de septiembre del 2014, fecha de corte del segundo examen realizado a Manduriacu, la entidad contratante Celec Enernorte, suscribió tres contratos complementarios por USD 40,22 millones que representan un 32,2% del monto del contrato inicial que asciende a USD 124,4 millones, sin incluir el IVA.

Según la Contraloría, la Comisión se equivoca al considerar el costo de los contratos complementarios con IVA y compararlos con el precio del contrato principal sin IVA “distorsionando el porcentaje final de dichos contratos complementarios”.

Según la Contraloría, los USD 57 millones adicionales que menciona la comisión sí fueron auditados.

La entidad rechazó el calificativo de “sobreprecio” respecto al costo final del proyecto debido a los ajustes y los cambios de diseños y especificaciones técnicas. Esos ajustes derivaron en la firma de contratos complementarios y por ende en un incremento de las cantidades de obra de acuerdo con la Ley de Contratación Pública.

“Equivocadamente los miembros de la Comisión determinan estos aspectos como sobreprecio, sin considerar que el sobreprecio está conceptualizado en el establecimiento anti técnico e ilegal del costo unitario de los rubros que intervienen en el proyecto que no guardarían relación con los precios que normalmente se utilizan en el mercado de la construcción, lo cual no tiene ninguna relación con la inversión adicional que debe efectuarse para la implementación del proyecto debido a justificaciones técnicas o requerimientos de la entidad que motivaron el cambio de los diseños para la implementación y terminación del proyecto.”, señaló la ayuda memoria.

Sobre la participación de Hidroequinoccio, empresa que dependía del Gobierno de Pichincha, la Contraloría reconoció que los estudios de prefactibilidad y factibilidad originales fueron ejecutados por esta firma. Pero aclaró que los exámenes especiales se realizaron a Celec Enernorte que ejecutó la obra. “Por lo tanto, al haber sido los estudios iniciales realizados por otra empresa diferente a la examinada, no correspondía el análisis de los mismos en los referidos exámenes; sin embargo, se podría efectuar una acción de control específica a Hidroequinoccio, como entidad a cargo de la ejecución de los estudios.”, señaló la Contraloría.

E insistió en que en el informe DAPyA-0009-2013 que corresponde al primer examen especial existe un análisis extenso de la falta de Licencia Ambiental previo al inicio del proceso de ejecución del proyecto.

Al respecto, la entidad aclaró que de acuerdo con la normativa interna de la Contraloría, en el texto de los informes sobre las acciones de control no se incluyen las responsabilidades que se derivan de los hechos identificados en su ejecución.

Esto, ya que el proceso de determinación de responsabilidades es un trámite posterior y adicional de los exámenes especiales y que es tramitado en forma individual a cada uno de los posibles responsables. Por ello, el texto del informe contiene exclusivamente comentarios, conclusiones y recomendaciones respecto de los incumplimientos identificados en la ejecución del examen.

“En el caso de los exámenes mencionados en el informe de la Comisión Anticorrupción, la Contraloría General ha efectuado el trámite para la determinación de las responsabilidades que correspondan a los administrados por las inobservancias reveladas en los informes de los exámenes especiales, siguiendo el procedimiento previsto en la ley y los reglamentos aplicables al tema”, destacó la Contraloría.

Y finalizó señalando que la Comisión Anticorrupción no tiene facultad legal para sugerir el establecimiento de responsabilidad en contra de los servidores públicos.

Para esta tarde estaba prevista una conferencia de prensa del prefecto Gustavo Baroja pero fue postergada para mañana.

Suplementos digitales