4 de julio de 2017 00:00

Dos vacíos legales, tras la censura de Carlos Pólit

El Consejo de Participación Ciudadana se reunió ayer, para tratar un reglamento. Foto: Galo Paguay/EL COMERCIO

El Consejo de Participación Ciudadana se reunió ayer, para tratar un reglamento. Foto: Galo Paguay/EL COMERCIO

Compartir
valorar articulo
Descrición
Indignado 29
Triste 1
Indiferente 1
Sorprendido 0
Contento 0
Diego Puente
Redactor (I)
[email protected]

El excontralor Carlos Pólit aún puede ocupar cargos públicos, pese a la censura que recibió en la Asamblea.

En la Ley no hay nada que se lo impida. El proceso en su contra puso en evidencia ese tipo de “vacíos legales”, como explican Soledad Buendía, legisladora de A. País, y el constitucionalista Rafael Oyarte.

El artículo 85 de Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que los funcionarios públicos podrán ser sujetos de censura y destitución de sus cargos, tras el juicio político.
Pero no contempla la posibilidad de que un servidor ­renuncie antes del proceso, y eso pasó con Pólit.

Buendía, también integrante del Consejo de Administración Legislativa (CAL), señala que si se destituía al funcionario también se habría aplicado una inhabilitación política. Por eso solo procedió la censura. “Creo que aquí hay que hacer un cambio norma­tivo (reforma)”.

En Alianza País cobra fuerza la idea de construir y aprobar una Ley de lucha contra la corrupción que incluya la figura de muerte civil. Así, ningún funcionario público acusado de corrupción podría volver a ejercer un cargo.

Oyarte recuerda que hasta antes de la Constitución de 1998 sí se inhabilitaba a los funcionarios públicos censurados por el Legislativo. Aplicaba para el tiempo restante que debían desempeñar sus funciones. En el caso de Pólit habría sido hasta el año 2022.

Cuando se redactaba la Constitución de Montecristi, en el 2008, el tema fue objeto de análisis. Sin embargo, con una mayoría oficialista, se decidió no incluirlo. Ahora, en AP surge la necesidad de cambiar la normativa vigente.

El segundo vacío legal que dejó el proceso contra Pólit es sobre cuál es la entidad encargada de procesar su renuncia. En la Ley de la Contraloría (2002) no se especifica qué organismo.

Buendía dijo que por eso se consultó a la Secretaría del CAL. Se debe determinar si es el Legislativo o el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), que lo seleccionó.

Raquel González, presidenta del Consejo, considera que es la Asamblea Nacional, porque ahí fue posesionado. De ahí que ahora esperan la notificación de la censura contra Pólit, para empezar un nuevo proceso de selección del Contralor que podría durar hasta nueve meses.

El consejero Edwin Jarrín adelantó que prevén hacer cambios en el reglamento para la selección. Por ejemplo, que los postulantes, como requisito, presenten una declaración juramentada de bienes.

Para asambleístas como Wilma Andrade, de Izquierda Democrática, no se puede dejar la selección en manos del mismo organismo que escogió a Pólit. Ella hizo un pedido al pre­sidente Lenín Moreno para que llamase a una consulta popular y se defina la continuidad o eliminación del Consejo de Participación Ciudadana. La solicitud no tuvo respuesta hasta ayer, 3 de julio de 2017.

Paola Vintimilla, legisladora por el socialcristianismo, considera necesaria una “reforma profunda”. Se ha hecho eco de una propuesta construida por gremios, organizaciones sociales y la Corporación Participación Ciudadana. Buscan un diálogo para saber si debe seguir o no el Cpccs.

Descrición
¿Te sirvió esta noticia?:
Si (6)
No (0)