2 de agosto de 2016 19:21

Carlos Ochoa niega que se haya alterado la Ley de Comunicación

Carlos Ochoa durante una rueda de prensa este 2 de agosto de 2016. Foto: EL COMERCIO

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Adriana Noboa

El superintendente de Comunicación, Carlos Ochoa, defendió las resoluciones de esa institución, tras la denuncia penal por supuesta falsificación y uso de documentos públicos que fue presentada.

El proceso fue iniciado por Fundamedios y el Colegio de Abogados de Pichincha el 1 de agosto del 2016. Se lo señala por haber alterado la disposición transitoria sexta de la Ley Orgánica de Comunicación.

Esta modificación habría ocurrido, según las organizaciones, cuando la entidad encargó la impresión de 300 000 textos de bolsillo que contienen la normativa y según la cual Ochoa habría sancionado a 11 medios durante este año.

Para aclarar esta situación, Ochoa convocó a una rueda de prensa este 2 de agosto de 2016, en Quito. Ahí explicó que la Superintendencia “no ha dispuesto ni ordenado ninguna modificación de la Ley, reconocemos que esa es la competencia exclusiva que tiene la Asamblea Nacional”. Esto –dijo- es parte de la respuesta que enviaron al Legislativo, el 18 de julio, tras la solicitud de información que hicieron a la Supercom.

Ochoa recordó que “la supuesta denuncia fue conocida precisamente en una rueda de prensa, por lo que se dispuso una revisión sobre el caso, constatándose que durante el levantamiento del texto, para su entrega a la imprenta, se generó un error de trascripción”. Y aclaró que “la Superintendencia no ha planteado ningún proceso administrativo por el incumplimiento de la disposición transitoria sexta de la Ley Orgánica de Comunicación”.

Según la denuncia de Fundamedios y del Colegio de Abogados, el cambio que hizo la Supercom se ubica en el inciso segundo de la transitoria sexta de la Ley, que se refiere a la gradualidad progresiva para la difusión musical de producción nacional.


El texto original es: “La misma gradualidad se aplicará para la difusión de contenidos musicales que establece el artículo 102, en el plazo de tres años a partir de la entrada en vigor de esta Ley”. Pero en los textos impresos se menciona el artículo 103 (que trata sobre la difusión progresiva de contenidos musicales) en lugar del 102 (referente al fomento de la producción nacional independiente).

La sanción por incumplir el artículo 103 es el pago equivalente a 10 salarios básicos (USD 3 660). Según el registro de Fundamedios, al menos 22 radios han sido sancionadas con este artículo desde el 2014. Y, desde enero del 2016, son 11 los medios sancionados con la transitoria modificada al artículo 103.

En la lista constan Radio Canela, Radio Alfa 98.5 FM , Radio Bonita 93.7 FM (Ambato), Radio Cariamanga 104 FM (Cariamanga), Genial Radio (Santa Elena), Radio Encuentro (Santa Elena) Radio Disney 93.7 FM (Guayaquil), Radio Turbo de Guaranda 93.9 FM, Radio Turbo de Ambato 93.3 FM y en dos ocasiones a Radio EXA FM. Las multas suman más de USD 40 000.

Ochoa descartó esta posibilidad, aunque aceptó que hay 44 resoluciones con base en ese artículo, y señaló que en todas las otras copias de la Ley que se imprimieron anteriormente no hubo ese error de trascripción. Además insistió en que la sanción no se da por la transitoria, sino por el artículo 103.

El Superintendente dijo que la transitoria caducó ya en junio, por lo que no sería necesario reformar la Ley para corregir el error, sino solamente emitir una fe de erratas. Y advirtió que el proyecto de reformas que preparó la institución ya está listo, pero que el momento político del país no es el adecuado para presentarlo.

Dos organizaciones piden enjuiciar al Superintendente de Comunicación

Dos organizaciones pidieron que se inicie una instrucción fiscal en contra del superintendente de la Información y la Comunicación, Carlos Ochoa, por supuesta falsificación y uso de un documento falso.

La denuncia se debe a que la Supercom publicó copias de la Ley de Comunicación con un cambio en el texto sobre difusión de trabajos musicales nacionales, que derivó en sanciones.

La acción penal está impulsada por el Colegio de Abogados de Pichincha y Fundamedios. Su denuncia se basa en el artículo 328 del Código Penal, que contempla el delito de falsificación.

Este Diario hizo un pedido de información el 27 de julio a la Supercom para conocer su posición. Hasta el cierre de la edición seguía en trámite.

En la Asamblea Nacional también se inició un proceso de fiscalización, con un pedido de información a la Supercom.

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