El superintendente de Comunicación, Carlos Ochoa, habló sobre los procesos que mantiene en su contra la Contraloría y la Asamblea Nacional. Foto: Paúl Rivas/ EL COMERCIO
El superintendente de Comunicación, Carlos Ochoa, respondió sobre los procesos seguidos en su contra por la Contraloría, que ratificó la destitución de su cargo el lunes 5 de febrero del 2018, y del Consejo de Administración Legislativa (CAL) que calificó el pedido de juicio político en su contra, también ayer.
Frente a la decisión del CAL y la de la Contraloría ¿cabe la posibilidad de que renuncie?
La vida nos otorga responsabilidades y sería de cobardes abandonar las que uno ha asumido. Soy como el bambú: me doblo, pero no me quiebro. Y estoy convencido de la honestidad de mis actuaciones y qué mejor que poder acudir a la Asamblea y en el debido proceso demostrar la legalidad de cada una de las decisiones que se tomaron. Sería de cobardes abandonar el cargo que me confió la sociedad.
Abandonar el cargo del que ayer fue destituido por la Contraloría.
En primer lugar, hemos solicitado a la Contraloría, y no ha podido contestar, que se nos presente la partida presupuestaria del director nacional de noticias de GamaTv, que demuestre que se ha invertido un solo centavo del presupuesto del Estado al presupuesto de Gamavisión. No existe ese documento porque el momento en que yo ejercí mis funciones eran de carácter privado.
Mi contrato de trabajo está inscrito y el acta de finiquito igual. Existe un pronunciamiento de Procuraduría que señala el carácter privado de ese canal, que permitió otorgar, en su momento, utilidades y que se cree un comité de empresa para comprar acciones del canal.
Mal se puede destituir lo que no se ha nombrado. Fue un acuerdo entre privados y en ese ámbito lo demostraré ante el Contencioso Administrativo. Cualquier apelación ahí suspende de manera inmediata la disposición de la Contraloría, lo dice la Constitución de la República. Nadie está por encima de la ley. Ni el Superintendente ni el Presidente ni el Contralor.
Además, está pendiente la determinación de dos glosas en su contra en la misma Contraloría. ¿Las apeló?
Debe quedar bastante claro ante la ciudadanía que lo que me reclama son mis salarios. Mi cargo era de director nacional de noticias, no era de administrativo. Le corresponde al gerente de la institución el manejo de los dineros de la empresa y mal pueden acusar al director nacional de noticias de haber dispuesto de dineros que fueron pagados por su salario en un acuerdo entre privados. Al igual que el acuerdo del vehículo, que formaba parte de mi contrato de trabajo.
En el pedido de juicio político en la Asamblea, el bloque de Creo le acusa de incumplir la Constitución y varias leyes, ¿cómo responde a estas acusaciones?
Primero, la asambleísta Elizabeth Cabezas propugnaba mi presencia en la Asamblea por lo de la Contraloría. Pero hay que recordarle que yo soy funcionario público desde el 15 de octubre de 2013, mal se me puede convocar para que explique de un tema en el que era un empleado privado.
Segundo, quiero felicitar al CAL por esa celeridad inusitada en este proceso en relación con los anteriores. En menos de media hora creo que analizaron las 5 000 páginas que son para poder convocarme a la Comisión. Pero todo funcionario público tiene la responsabilidad de acudir.
En ese marco iremos a señalar ante la Comisión cada uno de los procesos en la seguridad de que todos y cada uno de ellos están sustentados jurídicamente. Pero quiero reiterar que a Carlos Ochoa no lo están llamando por peculado, enriquecimiento ilícito. Lo están llamando por aplicar la ley que aprobó la Asamblea Nacional.
Su administración ha sido duramente cuestionada desde el inicio y cabe la posibilidad de que el próximo Consejo de Transición, que reemplace al de Participación Ciudadana (Cpccs), evalúe su gestión. ¿Esta puede ser una tercera vía para su destitución?
Son ciertos sectores los que han cuestionado mi actuación y generalmente son aquellos a los que se les ha aplicado la ley. Por eso estoy contento de que se me notifique para poder ir a explicar ante la Comisión todas y cada una de las resoluciones administrativas que se han tomado.
Sobre el famoso Consejo que se va a formar, esa consulta nació viciada constitucionalmente. Debió haberse aprobado antes en la Corte Constitucional y ya existen quejas al respecto. Con base en qué va a designar el Presidente ternas para ese nuevo Consejo, en base a qué la Asamblea va a elegir de las ternas enviadas.
Incluso se podría dar que alguien apele ante la CC la legalidad de la consulta y esta podría ser anulada, hay quejas internacionales que, en su momento, también podrían dar al traste con la resolución que se tomó ayer. Así que no me quiero adelantar. Mi juez es solamente la Asamblea, como lo dice la Constitución. Cabe destacar que el 37% señaló estar en contra de esa resolución.
En diciembre la Justicia determinó que usted debe emitir una disculpa pública a EL COMERCIO, por una rectificación que sin sustento jurídico se obligó a publicar en 2014. ¿Por qué no lo ha hecho todavía?
Yo creo en el Estado de derecho. Y al igual que lo vamos a hacer en el ámbito de la Contraloría, apelamos en el ámbito del Contencioso Administrativo la decisión de la jueza y estamos esperando que, en su momento, decida. Y si se agotan todas las instancias, al igual que con Teleamazonas, lo haré, convencido de la seriedad y honestidad y del derecho en el que asumí yo esa decisión, pero siempre en el marco de la ley.
Pero en la sentencia se dejó en claro que no hubo argumentos periodísticos ni legales para ordenar la rectificación.
Ese es el criterio de la jueza. Pero creemos que existieron claras violaciones a la ley y por eso emitimos esa resolución. Y es importante que en un Estado de derecho las diferencias se diriman en el ámbito jurídico y con la imparcialidad de la ley.
Sin embargo, la disculpas que debió pedir a Teleamazonas y las que se solicitan, en primera instancia, para EL COMERCIO, ¿no cree usted que ponen en duda todas sus resoluciones anteriores?
De ninguna manera, cada caso es independiente en el ámbito jurídico. Yo emito resoluciones administrativas que pueden ser apeladas ante el Contencioso Administrativo. Pero son apenas dos de más de 2 000 o 3 000 sanciones que han existido en estos años.
No quiero asumir que soy una persona que no me puedo equivocar. Habré cometido algún error. No soy perfecto, no existe esa persona en el mundo, pero si he cometido algún error ha sido un error de buena fe, administrativamente hablando, convencido de la claridad de nuestros informes y en ese marco sostenemos todas las resoluciones.
Con el cambio de Gobierno, las actuaciones y resoluciones de la Supercom disminuyeron. ¿Por qué?
Totalmente de acuerdo. Eso tiene una explicación lógica. En el momento en que inicia la ley (2013), había un total desconocimiento de ella, luego del proceso de socialización y de aplicación de la misma estadísticamente ha ido descendiendo el número de procesos, por una sencilla razón: la mayoría de medios de este país respetan y acatan la Ley de Comunicación.
¿Por qué no aceptó, en su momento, la propuesta del Gobierno de aceptar una Embajada en Centroamérica?
Jamás existió la oferta. Esa fue una noticia descontextualizada. Tan así que por eso siempre se señaló de la supuesta Embajada. Nunca tuve ninguna noticia por parte de Cancillería. Yo pienso que lo que se trató de hacer y, de alguna manera se consiguió, es tratar de desprestigiar el nombre del Superintendente al ligarlo con otro nombramiento que también se planteaba ante la ciudadanía para un nombramiento en el extranjero. Pero la realidad es que jamás se me planteó la posibilidad por ningún organismo.
Su período concluye el 15 de octubre de este año. ¿A qué se dedicará después?
No he pensado qué voy a hacer. Alguien me preguntaba que si pienso regresar a algún medio, pero eso es como el tango, para bailarlo se necesitan dos, no solamente el deseo de Carlos Ochoa sino también el de algún medio que desee que trabaje en él. Pero la realidad es que ya he tenido dos o tres ofertas de trabajo en medios de comunicación en distintas partes del país. Pero este momento todo mi esfuerzo debe estar dedicado a dejar en claro ante todo el país la honestidad y legalidad de mi trabajo.
¿Eso incluye insistir en las reformas a la Ley de Comunicación?
Ese proyecto está en la Asamblea Nacional desde hace dos años y proviene de la aplicación de la ley y de la seguridad de que existen aspectos que se pueden mejorar, no de la coyuntura política, ni de determinados movimientos que, al no obtener ningún respaldo popular, asumen la reforma de la ley para mantener una presencia en medios. Las reformas, si se dan, deberían obedecer a un consenso de todos los sectores y no crear un traje a la medida para determinados sectores económicos, entiéndase determinados medios.