2 de octubre de 2017 13:13

Fiscal abre nueva indagación contra Jorge Glas por cohecho en Odebrecht

El Fiscal General del Estado, Carlos Baca, solicitó al juez nacional Miguel Jurado que se ordene la prisión preventiva de Jorge Glas y de su tío Ricardo Rivera por nuevas evidencias halladas en la investigación por el caso Odebrecht. Foto: Pavel Calahorra

El Fiscal General del Estado, Carlos Baca, solicitó al juez nacional Miguel Jurado que se ordene la prisión preventiva de Jorge Glas y de su tío Ricardo Rivera por nuevas evidencias halladas en la investigación por el caso Odebrecht. Foto: Pavel Calahorrano/ EL COMERCIO.

Compartir
valorar articulo
Descrición
Indignado 18
Triste 2
Indiferente 2
Sorprendido 3
Contento 231
Redacción Seguridad

El fiscal Carlos Baca Mancheno anunció este lunes 2 de octubre del 2017 que además del expediente por asociación ilícita existe una indagación reservada en contra del vicepresidente, Jorge Glas, y del tío de este, Ricardo Rivera, por el presunto delito de cohecho. La revelación fue hecha durante una audiencia en la cual Baca pidió la prisión de Glas y de Rivera, en el proceso por asociación ilícita, en el caso Odebrecht.

Según la Fiscalía, “aparecen nuevos presuntos indicios respecto al delito de cohecho” relacionados a cinco contratos que se otorgaron a Odebrecht en el área de Sectores Estratégicos: el Poliducto Pascuales-Cuenca, hidroeléctrica Manduriacu, Trasvase Daule-Vinces, el movimiento de tierras para la Refinería del Pacífico y el Acueducto La Esperanza.

El cohecho -al igual que el peculado, la lesa humanidad o los crímenes de guerra- es un delito cuya sanción no prescribe en Ecuador. Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), incurren en cohecho “los servidores públicos que reciban o acepten, por sí o por interpuesta persona, beneficio económico indebido o de otra clase para sí o un tercero, sea para hacer, omitir, agilitar, retardar o condicionar cuestiones relativas a sus funciones”. La pena, por este delito, llega hasta 7 años de cárcel.

El Fiscal General del Estado señaló que adicionalmente se investiga un presunto lavado de activos, cometido a través de personas jurídicas. Baca evitó dar detalles de esos casos de cohecho y lavado, pero dijo a Miguel Jurado, juez de la Corte Nacional de Justicia, que se tratan de “delitos afines”, por lo que pidió que se dispongan medidas cautelares que impidan la fuga de los procesados.

En la indagación por presunto lavado de activos, la Fiscalía investiga, entre otros, a la Empresa Diacelec, a Telconet (de Tomislav Topic), a Glory International Industries CO. LTD., a Televisión Satelital (de Ricardo Rivera), a la Empresa Dramiston, a Carlos Pareja Cordero, a Empresas Plastiquim/Cosani, a Calos Pólit y a Golden Engineering Services S.A.

El COIP contempla penas de hasta 13 años de cárcel por el delito de lavado de activos, si este ha sido cometido utilizando instituciones públicas, o dignidades, cargos o empleos públicos.

Una tercera indagación se refiere a una posible defraudación tributaria de las empresas Equitransa y la constructora Odebrecht. Según la Fiscalía, estas empresas intermediaron los pagos de sobornos entre la firma brasileña y los funcionarios públicos.

En su petitorio de la prisión preventiva contra Glas y Rivera, el fiscal Baca dijo que existen nuevas evidencias que “agravan” la situación.

Entre las nuevas evidencias están la información remitida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, a través de una Asistencia Penal Internacional, en la que se confirman transferencias de dinero desde las cuentas de Odebrecht, a cambio de la adjudicación de proyectos del Estado ecuatoriano. En códigos, aparecen las palabras “Tío”, Manduriacu”, “obra”, por el pago de USD 150 000.

La Procuraduría General del Estado de Ecuador, en su argumentación para acusar penalmente al Segundo Mandatario remitida el jueves 28 de septiembre del 2017 a la Corte, señaló que desde el 2007 (como presidente del Fondo de Solidaridad, luego como ministro de los Sectores Estratégicos y Vicepresidente), Glas “habría tenido facultad de autorizar obras, contratos y seleccionar empresas a ser contratadas”.

En el documento, la Procuraduría dice que Rivera, tío del Vicepresidente, habría actuado “en calidad de intermediario entre la Empresa Constructora Norberto Odebrecht S.A. y el ingeniero Jorge Glas Espinel”. La entidad presume que, entre 2011 y 2016, el tío del Segundo Mandatario recibió el 1% de los contratos en cinco proyectos: el Trasvase Daule-Vinces, la preparación de tierras de la Refinería del Pacífico, el Acueducto La Esperanza, el Poliducto Pascuales-Cuenca y el proyecto Hidroeléctrico Manduriacu.

Este 2 de octubre, Baca señaló que otra evidencia, además de la información del Departamento de Justicia, son los testimonios anticipados de cinco personas, entre estas de José Conceição Santos, el delator de Odebrecht, y de Alfredo Alcívar, quien fue asistente de Ricardo Rivera. El Fiscal dijo que sus declaraciones son “coherentes” y que corroboran una posible asociación ilícita. La tercera evidencia, dijo el Fiscal, es la versión de Rivera, en donde se sostiene la relación con el Vicepresidente.

Sobre Rivera, quien cumple arresto domiciliario en Guayaquil, el Fiscal presentó un parte policial de la Comandancia del Guayas. Ese documento revela el “riesgo de fuga” del tío del Vicepresidente. Según Baca, el procesado no siempre utiliza el dispositivo de vigilancia electrónica que le fue ordenado usar desde el 3 de agosto pasado, cuando se le presentaron cargos.

Baca también dijo que la casa de Rivera no es segura. El parte policial determina que en el patio existen tres puertas. Una da a la calle, otra hacia el dormitorio y la sobre tercera no se sabe hacia dónde da paso.

En la segunda parte de la audiencia, el juez dio la palabra a los abogados. Eduardo Franco Loor, defensor de Glas, rechazó que exista riesgo de fuga de su cliente. “La prisión preventiva es el acto más degradante” y citó sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde se reconoce que la prisión preventiva es una medida excepcional.

Franco dijo que de darle prisión preventiva al Vicepresidente se pondría causar un “desequilibrio político de la democracia”.

Por su lado, Anibal Quinde, abogado de Rivera, pidió que no se le sustituya el arresto domiciliario de su cliente por prisión, porque tiene problemas cardíacos y necesita atención médica. Además, dijo, su cliente es de la tercera edad.

Además de la prisión preventiva, Baca solicitó al juez Jurado que se disponga la prohibición de enajenación de bienes y el congelamiento de las cuentas del Vicepresidente.

Baca se refirió a las declaraciones publicas de Glas, en las que se define como perseguido político. El acusador del Estado señaló que esos pronunciamientos ponen en riesgo el trabajo de la Fiscalía. “Nuestro trabajo no responde a ningún partido político”.

Descrición
¿Te sirvió esta noticia?:
Si (38)
No (6)