13 de marzo de 2018 00:00

Carlos Baca, con 307 días en el cargo, se enfrenta a la destitución

Baca Mancheno. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

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Redacción Seguridad

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Carlos Baca cumple este martes, 13 de marzo del 2018, 307 días al frente de la Fiscalía General. El funcionario fue elegido para un período de cinco años, pero ahora se enfrenta a una potencial destitución en la Asamblea, debido al audio filtrado hace dos semanas.

En mayo del 2017, Baca llegó a la institución con el compromiso de enjuiciar a los “corruptos, pese a quien le pese”.

10 meses después, el balance es de dos altos exfuncionarios procesados: el exvicepresidente Jorge Glas, detenido desde octubre, y el excontralor prófugo Carlos Pólit; ambos investigados por la trama de corrupción de Odebrecht.

Este caso ya tenía avances cuando él llegó a la institución: Alecksey Mosquera, exministro de Energía, había sido capturado un mes antes, y la Policía ya rastreaba a otros sospechosos como Ricardo Rivera, tío de Glas; Carlos Villamarín, exfuncionario de Senagua; y a tres empresarios.

Desde entonces, Baca ha logrado una sentencia por estos hechos; la de asociación ilícita, en la que está involucrado el exvicepresidente. Hay otros procesos activos por concusión, lavado de activos, captación ilegal de dinero y otra docena de expedientes en investigación reservada.

¿Qué más se ha hecho desde el despacho de la Fiscalía General? El viernes, 9 de marzo, durante su comparecencia en el Legislativo, Baca usó los minutos finales para hablar del trabajo institucional. En una presentación de 52 páginas, las seis últimas se refieren a este punto.

Dos ejes han concentrado la atención del funcionario: el fortalecimiento de la Fiscalía y la lucha contra la corrupción.
Por ejemplo, se capacitó a 3 030 fiscales, se evaluó a otros 2 648 funcionarios y se contrató a 28 nuevos investigadores y a 115 empleados de apoyo (entre secretarios y asistentes).

Además, se crearon las unidades de Transparencia y Lucha contra la Corrupción (opera actualmente con 11 fiscales) y la de Antilavado de Activos.

¿Es suficiente lo hecho en estos 10 meses de gestión? Jaime Hernández, excatedrático universitario y jurista, señala que el Fiscal “queda debiendo” en torno a la recuperación de los dineros de la corrupción.

“Eso hace dudar de la Fiscalía. No se sabe en dónde están esos fondos ilícitos. Además, ha procesado a los funcionarios por delitos leves”.

Por ahora, lo que ha trascendido es la existencia de dinero aparentemente ilegal en Panamá, Estados Unidos, Curazao, México, Hong Kong, China y Venezuela.

De hecho, a esos países llegaron oficios de la Corte Nacional de Justicia, que solicitaron “incautar, con fines de repatriación, los fondos y participaciones accionarias” de los 13 sospechosos que fueron indagados por asociación ilícita.

Las investigaciones refieren que las entidades bancarias de esas naciones se usaron para triangular el pago de coimas.

Tras 10 meses de gestión, a Baca también se lo cuestiona por el “manejo político” que ha dado a Fiscalía, según Farith Simon, presidente del Tribunal del Colegio de Abogados de Pichincha. “Esto nace desde su elección, porque fue electo bajo consideraciones políticas. Y eso ha tenido un impacto en la forma en cómo él trabaja”.

El mismo criterio tiene Ramiro Román, de la Comisión Anticorrupción. Para él, la gestión del Fiscal “se ha basado en una coyuntura política”.

“Los casos que no están en ese parámetro no caminan. Por ejemplo, hemos presentado varias denuncias; entre estas la de Caminosca, pero no avanzan. Lo mismo sucede con la muerte del general de la FAE Jorge Gabela”, refiere Román.

Su relación con Moreno

El conflicto con Thania Moreno, fiscal General subrogante, también ha provocado reacciones. El 8 de marzo, Gustavo Jalkh, presidente de la Judicatura, reconoció que esta situación es “sui generis, que no se había dado antes”.

El distanciamiento entre ambos se profundizó el viernes, tras la comparecencia de Baca en la Asamblea. El Fiscal ubicó a Moreno como una de las personas que complotan en su contra, junto con José Serrano y el contralor prófugo Pólit.

Ayer, la Fiscal le contestó y dijo que no tiene problemas en ir al Legislativo en caso de ser convocada. “Si me llaman al Pleno como funcionaria púbica, encantada iré para desvirtuar todas las acusaciones políticas que se han realizado y lo haré con documentos. Pero no quiero ir a la Comisión de Fiscalización, sino al Pleno”.

Además, señaló que su relación con Serrano ha sido solamente profesional. Aseguró haberlo conocido en el 2011, durante la investigación del caso Envigado, con la que se desarticuló a una organización dedicada al sicariato en Quito.

“Ese fue el antecedente en el que conocí al (entonces) Ministro del Interior. De allí, más de 80 casos en los que pude desarticular estructuras con el apoyo de la Policía, esa fue mi conexión. Recibí todo el apoyo del señor José Serrano. Lo mismo pasa con el actual ministro (César) Navas”, manifestó.

Hay quienes consideran que el trabajo de Baca en estos 10 meses sí ha sido “correcto”. El exfiscal general Washington Pesántez, por ejemplo, indicó que su gestión es positiva si se la compara con la de su antecesor, el exfiscal Galo Chiriboga. “Él ha tenido una actuación principal en los casos de Odebrecht. Más allá de los cuestionamientos por su elección, su trabajo es positivo. Fue a la Asamblea y pidió que se eliminara el famoso informe de Contraloría para iniciar los procesos penales. Es un buen síntoma”, comentó Pesántez.

Precisamente, el viernes, Baca recordó al Pleno de la Asamblea este tema y citó, además, el proyecto de ley de extinción de dominio que presentó a los legisladores, en diciembre del 2017.

De aprobarse ese proyecto, las autoridades judiciales podrán “atacar y perseguir” toda clase de activos relacionados con la actividad criminal.

Por esto, el defensor público Ernesto Pazmiño también considera positiva la gestión de Baca. Sin embargo, aclara que la corrupción no solo está en los casos Odebrecht y Petroecuador. “Se encuentra en otras esferas que deben investigarse, como en ministerios, alcaldías, prefecturas, etc”.

En su comparecencia en la Fiscalía, Baca citó otras dos unidades creadas entre septiembre y noviembre del 2017: la de Desaparecidos y la de Delitos de Violencia Sexual en contra de Menores.

En el despacho del Fiscal están los expedientes abiertos por la muerte de Emilia, la niña lojana agredida sexualmente y asesinada en diciembre del 2017; y el caso de David Romo.

Estas investigaciones son parte de los 56 casos calificados como emblemáticos por su delicadeza y el nivel de conmoción social que provocaron.

El 12 de marzo del 2018, Telmo Pacheco, presidente de Asfadec, gremio de amigos y familiares de personas desaparecidas, dijo que la nueva unidad no ha acelerado la indagación de los procesos. Y que hay expedientes “emblemáticos” sin avances.

En contexto

El Fiscal General compareció el viernes en la Asamblea y habló del supuesto complot que hay en su contra para sacarlo del cargo. En el concurso, Carlos Baca obtuvo 94 puntos sobre 100. Fue consejero de Rafael Correa y dirigió la Comisión 30-S.

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