16 de agosto de 2014 00:05

La sed de Carlos Ochoa

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Carlos Rojas A. 
Editor Político (O)

Para hacer política en el Ecuador y obtener éxito hay que estar del lado de los poderosos. No es necesario cumplir con más requisitos engorrosos como, por ejemplo, el debate ciudadano.

Basta con que el Superintendente de la Información llame a una rueda de prensa y anuncie que enviará un proyecto de reformas a la Ley de Comunicación. El objetivo: ajustar el mapa de sanciones a los medios porque, a su juicio, estas no guardan proporcionalidad. Y ajeno a toda legislación moderna, sobre todo en materia de derechos humanos como el de la libertad de expresión, Carlos Ochoa cree que es posible endurecer los castigos en figuras como el linchamiento mediático.

Para el Superintendente, según la versión del diario gubernamental El Telégrafo, este supuesto delito que puede acabar con la vida y honra de una persona, no puede ser únicamente sancionado con una disculpa pública. La necesidad de reformar la ley de medios, que apenas cumplió algo más de un año de vigencia, surge por dos coyunturas. La primera -que es la oficial- es “la investigación sobre posibles incumplimientos de la Ley Orgánica de Comunicación”, que se presentó a inicios de semana, y cuyo autor es Rommel Jurado, consultor cercano al oficialismo desde que se la discutía en la Asamblea.

La otra coyuntura puede ser más política. Surge en momentos en que la institucionalidad que se creó en la ley (Superintendencia y Consejo de Regulación) han mostrado sus límites a la hora de regular al principal actor en la comunicación de este país: el Gobierno Nacional.

Y como las críticas por el desequilibro son permanentes, la opción de Ochoa es vigilar más y castigar más...

La actitud del Superintendente no debe sorprender. Se conoce de sobra lo que piensa de la prensa privada. Lo que preocupa es que uno de estos días la sociedad amanezca con una ley de medios más restrictiva, sin que para ello haya existido debate. Únicamente, 100 manos levantadas.

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