Redacción Política
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Con barra propia. Así llegó ayer al Consejo Nacional Electoral (CNE) Christian Cruz Larrea, uno de los candidatos impugnados dentro del concurso para integrar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).
Unos 15 minutos antes de empezar la audiencia para tratar la impugnación presentada en su contra, sus familiares y amigos ocuparon las primeras bancas del auditorio Matilde Hidalgo de Prócel. Empezaron puntuales.
Diego Morales presentó su alegato ante el Pleno del CNE. Acusó a Cruz de haber falsificado los documentos de la Organización Continental Latinoamericana y caribeña de estudiantes (Oclae).
En apenas 15 minutos, Morales, quien es secretario ejecutivo de esa organización, resumió su acusación. “No hay registro donde consten las condecoraciones que presentó Cruz en sus carpetas”. El impugnado estuvo en silencio.
Cuando llegó el espacio de réplica para el candidato sonaron los primeros aplausos. Al podio llegó Iván Vinelli, abogado de Cruz. Empezó su intervención, acusando al CNE de cometer una “falsa aseveración”. Argumentó que los documentos, supuestamente falsos que se acogieron no fueron los presentados por Cruz.
A pocos minutos de que concluyera el tiempo para su intervención, Vinelli leyó un documento adicional, firmado por autoridades estudiantiles que ratificaban la participación de Cruz en el mencionado Congreso. Así, el abogado quiso demostrar que el candidato sí participó en la Oclae y, por tanto, no hubo falsificación.
El silencio en el auditorio se irrumpió. Vinelli volvió a denunciar irregularidades a lo largo de este concurso. Los vocales del CNE, en ese momento, no emitieron ningún criterio.
Cruz tenía todavía que responder otra impugnación. Esta se trataba, supuestamente, de haber alterado un certificado del Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis). Sin embargo, la denuncia se desestimó por la ausencia de la impugnante Cristina Sandoval.
A las 11: 00, se instaló la audiencia contra David Rosero, el candidato de mayor puntaje entre los hombres. La sala se copó de simpatizantes de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE) de la cual Rosero fue su dirigente.
Después de instalada la audiencia por supuesta alteración de documentos se archivó el caso por la inasistencia del impugnante, Leonardo Cuichán. Él contó a este Diario vía telefónica y a breves rasgos que recibió amenazas. “Prefiero cuidar mi integridad y la de mi familia , por eso no asistí”.
Seis de los candidatos con mejor puntuación fueron impugnados
En contra de la candidata Linda Vidal consta una impugnación por ocultar información sobre denuncias en su contra por maltrato en el Colegio Fiscal de Guayaquil. La postulante ocupa el séptimo lugar en la lista de las mejores aspirantes mujeres.
Carlos Vera Quintana, ex vocal del Consejo de Participación transitorio, es impugnado por sus vecinos por una deuda de USD 7 484 para el mantenimiento del edificio en el cual vive en Quito.
Lorena Herrera es cuestionada por ocupar dos cargos públicos. Habría colaborado con el Municipio de Guayaquil, suscribiendo un contrato por USD 11 000 por prestación de servicios , y en el Ministerio de Inclusión Económica y Social en 2009.
Jaime Lara tiene dos impugnaciones en su contra por un juicio de concusión (cobro injustificado que hace un funcionario público en provecho propio) durante sus funciones como agente fiscal.
David Rosero fue impugnado por que, supuestamente, el título de bachiller de este ex militante del MPD no está refrendado ni notariado por el Ministerio de
Educación. Lo mismo ocurre con un documento que le extendió el Frente Popular (afín al MPD).
En contra de Christian Cruz se aceptaron dos impugnaciones por falsificación de documentos. Uno de ellos fue archivado durante la audiencia de ayer. El Pleno deberá resolver sobre el otro caso.