“En memoria de las víctimas de abuso infantil en el sistema educativo”. Esta es la leyenda que deberá rezar en la placa que debe instalarse en el aula donde 44 niños y niñas, entre 9 y 10 años de edad, sufrieron atentado contra el pudor en el periodo lectivo 2010-2011.
Esta historia sucedió en un colegio de Quito y ahora la justicia condenó al agresor a 7 años de cárcel y a indemnizar a cada víctima con USD 10 000.
En la audiencia de juicio y después en apelación a la sentencia ante la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, la fiscalía Mayra Soria dice haber comprobado que el procesado es culpable de este hecho.
El tribunal Tercero de Garantías Penales de Pichincha, conformado por Vladimir Jhayya, Ivón Vásquez y Julio César Obando, que conoció esta causa en audiencia de juzgamiento en marzo del 2016, otorgó a las víctimas el derecho a la reparación integral solicitado por la fiscal Mayra Soria, con base en el artículo 78 de la Constitución.
Esto es que en máximo un año, a partir de la ejecución de la sentencia, se debe colocar la placa en ceremonia pública en un lunes, donde asistirán como invitados los padres de las víctimas, representantes del Ministerio de Educación y también del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia -UNICEF- en Ecuador.
El 23 de mayo del 2016, el fallo de los jueces de primera instancia fue ratificado por la Sala Penal de la Corte Provincial, conformado por los jueces José Miguel Jiménez, Patricio Vaca y Maritza Romero. Al momento se considera la sentencia como ejecutoriada, ya que el procesado no ha solicitado otro recurso para refutar su condena.
La sentencia determina que la Cartera de Educación debe ser notificada para que en el Estado se establezcan “políticas públicas para conminar a las instituciones educativas privadas de estándares más altos para el ingreso de personal docente y administrativo”.
En cuanto a la institución educativa, el aula donde los estudiantes fueron despojados de su derecho a la intimidad sexual e integridad psicológica deberá convertirla en salón exclusivo de audio y video donde todos los años se impartirán charlas de prevención contra la violencia infantil. Esto a más de colocar la placa.
“Es el reconocimiento al derecho a la verdad, a la reparación simbólica para las víctimas del abuso del poder, en este caso, en el ámbito educativo. Es lo que quieren los padres de las víctimas, que se conozca su verdad”, dice la fiscal Mayra Soria.
¿Cómo sucedieron los hechos?
A sus 9 y 10 años, cuando cursaban el sexto y después el séptimo año de educación básica, su profesor, tutor y dirigente, en horas de clase, cometió en todos ellos atentado contra el pudor, dice la Fiscalía.
“So pretexto de impartir clases de sexualidad en la materia de Ciencias Naturales, el procesado (contador de profesión) obligaba al grupo de estudiantes a su cargo a ver películas pornográficas, bajo el discurso de que “estas son las relaciones sexuales, esto es lo que van a hacer de grandes” y después de verlas les obligaba a imitar las escenas”, indica la Fiscalía.
El profesor fue llamado a juicio el 30 de octubre del 2012, por atentado al pudor, contemplado en el artículo 504.1 del Código Penal anterior, pero como estaba prófugo se suspendió la audiencia de juzgamiento, hasta que fue detenido el 17 de septiembre del 2015, en el sector de Solanda, al sur de Quito.