10 de January de 2010 00:00

Las capacidades especiales entran al mundo laboral

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En un inicio parecía una normativa que se iba a quedar en el papel. Desde el 30 de enero de 2006, el artículo 42 del Código del Trabajo dispone la obligación de los empleadores de dar una oportunidad de empleo a quienes tienen algún tipo de discapacidad.

Grupos de personas con problemas de movilidad, no videntes, con problemas auditivos, con síndrome de Down o algún tipo de retardo mental empezaron, a partir de ahí, a buscar opciones de capacitación con la finalidad de estar listos a demostrar su capacidad. Dentro de la aplicación de esta disposición, ratificada en la Constitución de 2008, el Consejo Nacional de Discapacidades (Conadis) mantiene a través de su página de Internet una bolsa de empleo que sirve como conexión entre quienes buscan empleo y las empresas que tienen una vacante.
 
Aunque quienes organizan estos programas reconocen que faltan muchas cosas, como difundir qué tipo de trabajo pueden desempeñar sin problemas las personas según la discapacidad que presenta, y la eliminación de barreras para facilitar su integración, el primer paso ya  está dado. Y cada vez más entidades reconocen que esta inserción laboral no es tan difícil como se pensó cuando fue propuesta.

‘Todo Régimen debe ser receptivo a las críticas de la prensa’

Entrevista a Gerardo Albarrán
Director de www.saladeprensa.org

Redacción EL COMERCIO

¿Una sociedad democrática necesita que la comunicación esté regida por una ley?

Una sociedad democrática no debe temer a la ley, cuya función es fijar las normas mínimas de convivencia social. En el caso de la comunicación, una ley en la materia debe ceñirse a proteger un bien jurídico concreto: el derecho a la información de los ciudadanos, el cual ejercen sobre todo  a través de los medios, que comercian con un bien que no les pertenece: la información.



 ¿POR QUÉ  ESTÁ AQUÍ?
Su experiencia.  Periodista y ensayista mexicano. Director de la revista digital  Sala de Prensa,  que desde hace una década es referente en la academia de comunicación. Editor del semanario Proceso y fundador del diario La Jornada. Esta entrevista fue realizada por  vía telefónica.

Si esa ley proviene del poder político, del Gobierno, ¿qué tan moralmente legítima puede llegar a ser?

Tan legítima como lo haya sido el proceso democrático que le llevó al poder a su Presidente y a los legisladores que deberán sancionarla. Esa legitimidad no puede regatearse en función de intereses particulares.

Pero el presidente  Correa ha declarado que ‘el enemigo principal’ de su revolución es la prensa, a la cual llama ‘mediocre y corrupta’...

Todo Gobierno democrático debe ser receptivo a la crítica y al cuestionamiento permanente de la prensa, cuya tarea no es ser su aliado, sino su escrutador.

El ciudadano, a fin de cuentas, del mismo modo que evalúa al Gobierno de turno expresa su aprobación o desaprobación en las urnas y mediante cualquier otro mecanismo democrático de participación, también tiene la capacidad para distinguir si los medios cumplen con su función social o si se extralimitan al punto de constituirse en oposición militante, que ni de lejos es su papel.

¿Entre los puntos más polémicos del proyecto de ley está la creación de un Consejo de Comunicación, con facultades para sancionar  medios. ¿Debe el Gobierno tener la  facultad de decidir  lo que se puede decir y lo que no?

Ningún Gobierno puede abrogarse facultades más allá de lo que marquen sus leyes. En una democracia, el debate público debe ser abierto, robusto y desinhibido. Y los debates hay que ganarlos con ideas, no con amenazas legales. Una de las ventajas de la democracia es que crea una suerte de "mercado de las ideas", donde ponemos a competir  nuestras convicciones. Deben ganar las mejores.

Muchos ciudadanos que apoyan  esa ley aseguran que es ‘la única manera de parar los abusos de la prensa’...

No conozco a la prensa ecuatoriana como para evaluarla. Sin embargo, me atrevo a comentar que no se sirve a la sociedad desde los medios enarbolando banderas presuntamente democráticas con fines embozadamente comerciales, en un ejercicio aparente de defensa de libertades. Pobre favor le hacen al periodismo y a la industria periodística quienes confunden la libertad de empresa con la libertad de prensa.

Algunos sectores de la prensa, en cambio, sostienen que esta es capaz de autorregularse sin necesidad de control gubernamental...

La autorregulación no lo es todo, como tampoco lo es la ley. Ambas deben ser complementarias. Como periodistas, no debemos olvidar que la autorregulación es una obligación ética de los medios. Cuando está ausente hay  la tentación gubernamental de suplir las deficiencias deontológicas de los  medios. Esta situación no es privativa de Ecuador, ni es nuevo lo que vemos en Venezuela o Argentina. Ha ocurrido incluso en naciones tomadas como paradigmas democráticos: Estados Unidos y Gran Bretaña, por ejemplo, que a mediados del siglo pasado estuvieron cerca de legislar para frenar el amarillismo, la banalidad y la irresponsabilidad de los periódicos de la época.

Como trasfondo de la polémica, el debate en Ecuador se ha centrado en  la libertad de prensa y de expresión. ¿Es posible la convivencia de una ley y de esas libertades?

Por supuesto que sí. Recordemos que las libertades de prensa y de expresión no son absolutas, y que eventualmente entran en conflicto con otros derechos que deben ser protegidos (el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen, por ejemplo).

Una buena ley debe contemplar que la libertad de expresión tiene que  estar protegida frente al derecho penal, no frente a otro tipo de procedimientos.

Más en lo profundo, lo que parece estar sucediendo es una guerra mediática. Voces  gobiernistas aseguran que mientras el Gobierno no controle a la prensa, no será posible una revolución.

Planteado así, ¿debo suponer que los pensadores antigobiernistas se pronuncian por mantener el estatus quo? La polarización en una sociedad expresa la debilidad de sus instituciones políticas y sociales, entre las que está la propia prensa. La política debe ser el espacio privilegiado del debate y la razón. Nuestras sociedades harían bien procurando no alejarse de este espíritu. En todo caso, conviene tener presente que cuando nos enfrentamos a los intolerantes es cuando ponemos a prueba nuestras convicciones liberales.

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