7 de mayo de 2018 00:00

El cantón fronterizo que menos recursos recibe: San Lorenzo

El Comando de la Policía de San Lorenzo fue afectado por la explosión de un carro bomba, el 27 de enero. Foto: Archivo / EL COMERCIO

El Comando de la Policía de San Lorenzo fue afectado por la explosión de un carro bomba, el 27 de enero. Foto: Archivo / EL COMERCIO

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Redacción El Comercio

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En San Lorenzo el agua potable llega a los hogares, pero nunca de forma continua.

En este cantón esmeraldeño, que limita con Colombia, los habitantes saben a qué hora pueden abrir el grifo para recoger, en tanques, el agua que utilizarán para sus necesidades diarias. “Qué más quisiera que dar agua potable a todos, pero no se puede. El presupuesto no da para más”, cuenta el alcalde Gustavo Samaniego.

Dotar de agua potable permanente a la población costaría USD 13 millones, según estudios del Cabildo. Una cifra que sobrepasa su presupuesto.

El Gobierno central asignó a San Lorenzo, en el 2017, USD 5,6
millones. Para este año recibirá 5,1 millones.

El 60% de lo que reciben del Estado, dice el Alcalde, se destina a gastos corrientes (sueldos, mantenimiento, etc.).

Si los USD 5,1 millones se dividen para el número de habitantes, que es de 58 596, el resultado es una asignación de USD 95 per cápita. Se trata de uno de los montos más bajos, frente a otros cantones de línea de frontera norte. Siguen Tulcán y Lago Agrio.

Los alcaldes coinciden en que en el 2018, los problemas de seguridad en la frontera con Colombia han derivado en una disminución de la actividad comercial y ello se traduce en menos rentas. En San Lorenzo, por ejemplo, la mayoría de las rentas son las que pagan las empresas palmeras, “pero con esta situación, hasta los negocios están bajando sus ventas”, sostiene el Alcalde.

Esta situación acentúa las dificultades financieras que desde el 2016 afrontan los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD). Ese año, el Ministerio de Finanzas estableció que la asignación que entregue el Estado a los GAD podrá aumentar o disminuir, según suban o bajen los ingresos permanentes o no permanentes que les corresponde por Ley.

Ese año, el ajuste se tradujo en USD 204,1 millones menos para los GAD. La asignación para Lago Agrio, en Sucumbíos, por ejemplo, bajó de USD 22 millones a 16,8 millones entre 2016 y 2018, dice su alcalde Vinicio Vega. “Este recorte significa que la ciudad ha dejado de crecer, sobre todo en obras como agua potable”.

El Burgomaestre dice que actualmente la asignación fiscal se hace de acuerdo con la población y las necesidades básicas insatisfechas. Aunque el Fisco puede hacer transferencias extrapresupuestarias, este año a Lago Agrio le asignarán solo USD 1,4 millones extras.

En San Lorenzo, el ajuste fue de USD 3 millones menos.

En otros cantones cercanos a la frontera, como Atacames, la generación de recursos propios se ha visto afectada desde el terremoto del 2016 “y ahora con el miedo que han generado los atentados terroristas”, dice su alcalde, Byron Aparicio.

La actividad turística presenta una disminución. Estima que la meta de recaudar USD 4 millones al año no se cumplirá.

Con USD 78 por persona, la ciudad de Esmeraldas es la que menos asignación fiscal reciben en la provincia y en la zona 1 (Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Sucumbíos).

La situación financiera se agrava, pues las ciudades fronterizas tienen un bajo nivel de generación de recursos propios, estos dependen en más de un 65% -en promedio- de las asignaciones que hace el Fisco.

En Quinindé, por ejemplo, este año el Gobierno presupuestó una transferencia de USD 14 millones, indica su alcalde, Ángel Torres. La urbe solo generará USD 2 millones por el cobro de predios y tasas.

En este contexto, el 3 de mayo la Asamblea aprobó la Ley de Desarrollo Fronterizo, que aumentará la asignación por criterio poblacional.

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