Canteras como Tanlahua (foto) y Fucusucu V no operaron ayer, pese a que la suspensión fue levantada el viernes en la noche. No se registró circulación de volquetes. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO
Una oficina de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) se instalará de forma permanente en la Junta Parroquial de San Antonio. Los técnicos supervisarán la actividad en la zona, informaron fuentes del Ministerio de Recursos No Renovables.
Esta cartera de Estado levantó el viernes la suspensión de trabajos para siete canteras de San Antonio de Pichincha. En la lista están El Guambo, Fucusucu III, Fucusucu V, Rosita, Terrazas de Mandingo Blanca II, San Luis Uno y Tanlahua. Estas tienen el estatus de legales.
Sus propietarios deben cumplir con algunas disposiciones. Luis Recalde, esposo de la dueña de la mina Tanlahua, comentó que para operar, además de los parámetros legales deberán regar la vía, mojar el material, cargar los volquetes hasta el borde del balde, cubrir el material con carpas, entre otras exigencias de las autoridades.
En dos semanas, los mineros deberán presentar un plan sobre cómo aplicarán las recomendaciones que un equipo técnico del Ministerio formuló en cada caso para mejorar sus operaciones. En la zona, además, permanecen cuatro equipos de 15 militares. Un uniformado indicó que estarán en el lugar hasta nueva disposición.
Pese a que ya se levantó la suspensión, luego de casi un mes de paralizadas las actividades, los dueños de las minas prefirieron esperar hasta hoy 8 de septiembre, para reanudar las operaciones.
“En eso quedamos”, comentó Recalde, de la cantera Tanlahua. En esta mina, ayer, la maquinaria permaneció parada y aunque el polvo cubría los alrededores no era resultado de la explotación de materiales pétreos sino del fuerte viento.
Durante el cierre, dijo, la pérdida ha sido de alrededor de USD 1 500 diarios. En la mina trabaja Segundo Chipantaxi. Él tiene una preocupación: que una de las canteras no regulares vuelva a operar, pues esta, poco a poco, va cavando el terreno en el que viven él, sus seis hermanos y sus familias.
En Fucusucu V, el fin de semana, tampoco se retomaron los trabajos y un cable de acero limitaba el ingreso. No hubo propietarios de volquetes que demandaran el material.
Entre los moradores -como Segundo Collaguazo, oriundo del sector- la noticia de la reapertura causó doble reacción. Por un lado, termina la tranquilidad de no ver pasar las hileras de los volquetes y, por otro, vuelve una fuente de empleo. En la parroquia San Antonio habitan 32 357 personas.
De acuerdo con datos de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), en San Antonio hay ocho concesiones otorgadas en el 2002 y tres permisos de minería artesanal entregados en este año.
Por otro lado, el secretario metropolitano de Seguridad, Juan Zapata, informó que envió una carta al alcalde Mauricio Rodas, sugiriéndole que levante el estado de emergencia en las cinco parroquias del norte, entre las que se cuentan San Antonio y Calderón. Esta semana se espera una respuesta.