20 de agosto de 2015 17:42

Cancillería habla de la discrecionalidad del Estado para conceder, negar o revocar visas en audiencia de Picq

La audiencia por la acción de protección presentada a favor de Manuela Picq terminó la tarde de este jueves 20 de agosto. Foto: María Isabel Valarezo / EL COMERCIO

La audiencia por la acción de protección presentada a favor de Manuela Picq terminó la tarde de este jueves 20 de agosto. Foto: María Isabel Valarezo / EL COMERCIO

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Mariela Rosero

"Ecuador es un estado de derecho y goza de soberanía como cualquier estado del mundo. Hay un principio de legalidad compuesto de facultades discrecionales". Ese fue el argumento de Galo Salazar, delegado del Ministerio de Relaciones Exteriores en la audiencia por la acción de protección presentada a favor de Manuela Picq, que desde las 15:05 se desarrolla en la Unidad Tercera Judicial de Pichincha, en la Veintimilla y Juan León Mera, centro norte de Quito.

El abogado de la Cancillería argumentó que la concesión, negación o revocación de una visa es potestad soberana y facultad discrecional del estado ecuatoriano.

"Sucede en todo el mundo", apuntó y expuso lo que dicen legislaciones de extranjería en Colombia y España.

De esta forma también desconoció el reclamo puntual que hizo la defensa de la brasileña francesa que es pareja del presidente de la Ecuarunari, Carlos Pérez Guartambel. Esto en relación a que hasta este jueves 20 de agosto, Manuela no ha sido notificada por parte de la Cancillería de que el 14 se le revocó la visa 1/-8 de intercambio intercultural. La defensa también mantiene otro argumento: el 13 de agosto, en la noche, ella fue detenida y en el parte se indica que al solicitarle documentos confirmaron que su visa estaba cancelada. Pero eso habría ocurrido un día después.

Según Salazar, delegado de la Cancillería, al ser la concesión, la negación y la revocatoria de la visa un hecho discrecional de cada país, no tiene por qué ser notificado. Está en el sistema, en línea. Además, dijo, no se ha violado el debido proceso porque al ser discrecional se basa en actos administrativos internos.

Salazar puso un ejemplo. Dijo que cuando se acude a sacar visa en cualquier país no se le notifica en el domicilio al interesado.
Además dijo que la revocatoria de la visa se puede apelar ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Por lo que aseguró que la acción de protección no era procedente y pidió a la jueza Paola Ayala rechazar el pedido.

Un argumento parecido presentó la Procuraduría General del Estado.

Por su parte, Juan Pablo Albán, abogado de Manuela, recalcó que la facultad discrecional y soberana de un estado no puede ser igual a arbitrariedad.

Él le dijo a la Jueza que si ella no dictaba sentencia favorable a favor de la restitución de derechos de esta ciudadana extranjera, ninguna otra instancia lo haría. Quieren que se revoque la anulación de su visa que dura hasta el 26 de agosto y que la renueven por el sufrimiento causado.

Además dijo que entiende que el abogado de la Cancillería citó otras legislaciones, las de Colombia y España, en cuanto a la discrecionalidad para extender o revocar visas, porque en Ecuador rige la política de soberanía universal. Y también iguales derechos para los extranjeros. Recordó que al ser un país pluricultural se reconocen las costumbres de los pueblos indígenas. Y Manuela desde junio del 2013 está casada, en una ceremonia ancestral, con un cañari, Pérez, presidente de la Ecuarunari.

La audiencia aún no concluye. En el exterior, mujeres lanzan proclamas a favor de Manuela. Piden justicia para ella.

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