1 de febrero de 2017 00:00

El cáncer segó la vida de general indagado por lesa humanidad

oto: el comercio Édgar Vaca y otros expolicías presentaron, en el 2010, un libro sobre terrorismo.

Édgar Vaca y otros expolicías presentaron, en el 2010, un libro sobre terrorismo. Foto: Archivo / EL COMERCIO

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Javier Ortega

El asilo a favor de Édgar Vaca movilizó a las autoridades. La Fiscalía pidió a la Cancillería y a la Embajada en Washington que exija a Estados Unidos una explicación del por qué se otorgó hace 15 días ese recurso de protección al exjefe policial.

Hace 48 horas, el fiscal general, Galo Chiriboga, viajó a ese país y reconoció que uno de los temas de su agenda era la extradición de este exoficial.

Pero la madrugada del martes 31 de enero, desde Quito y Nueva York, familiares y abogados de Vaca confirmaron su muerte debido a un cáncer hepático.

En Ecuador, Vaca afrontaba un juicio por supuestos delitos de lesa humanidad por tortura, violencia sexual y desaparición forzada de Susana Cajas, Luis Vaca y Javier Jarrín, exintegrantes del grupo subversivo Alfaro Vive Carajo (AVC).

En los años 80, el exoficial fue la cabeza del Servicio de Investigación Criminal, conocido como SIC-10, y de la Unidad de Investigaciones Especiales (UIES), un cuerpo inicialmente integrado por policías y militares de élite para combatir a los grupos irregulares.

Casi 30 años después de esos hechos, Vaca y otros nueve generales y coroneles del Ejército fueron procesados penalmente por delitos de lesa humanidad. Ese juicio se activó en el 2013 con base en el informe de la Comisión de la Verdad (CV), creada por el actual Gobierno, para indagar las violaciones de DD.HH., entre 1984 y el 2008.

Esa delegación documentó 118 casos e identificó a 456 víctimas, quienes responsabilizaron de los abusos a agentes estatales. En ese informe se dice que el 10 de noviembre de 1985, Cajas, Vaca y Jarrín fueron capturados en Esmeraldas, por militares que les pidieron sus identificaciones. Sin orden judicial, los soldados los llevaron al Cuartel Batallón Montúfar.

Desde allí los trasladaron al Batallón de Inteligencia Militar, en Conocoto (Pichincha). Cajas y Jarrín fueron arrestados y liberados 15 días después.

El informe del 2010 indica que en esas dos semanas ambos fueron torturados.

Solo Luis Vaca siguió retenido y en situación de desaparición forzada por tres años. Los tres siguen con vida.

La investigación señaló al exjefe policial como uno de los posibles responsables.

En el viaje que Chiriboga hizo el lunes 30 de enero habló de este tema con Paulo Abro, secretario ejecutivo de la Comisión Intermaricana de DD.HH. (CIDH).

Allí le entregó información sobre casos de supuestas violaciones a los derechos humanos que se habrían perpetrado en el Ecuador.
“Muchas de las personas que han cometido estos delitos están en EE.UU. Queremos que la CIDH cuente con toda la información y que no tenga una visión de que se trata de perseguidos políticos”, sostuvo Chiriboga a EFE, en Washington.

Pero el martes, a las 13:00, Mauricio Dueñas, abogado de Vaca, también se pronunció en Quito sobre estos hechos y recordó el trabajo del exoficial.

“No hay que desconocer que la época señalada por este Gobierno como de violación a los DD.HH. es la que fijó los límites y garantías para que hoy el Ecuador viva en paz y no seamos una sucursal de Colombia con las FARC”, dijo Dueñas.

Habló de persecución en contra de su cliente y aclaró que no huyó, sino que en 2013 viajó ­para tratarse del cáncer.

Vaca permaneció en la Policía entre 1967 y 2003 y estuvo vinculado con grupos de inteligencia. Uniformados recuerdan que él lideró la UIES cuando esta desarticuló grupos dedicados al narcotráfico.

En el 2010, el exjefe policial y otros oficiales retirados publicaron el libro ‘Terrorismo y subversión: La verdad que no se ha dicho’. Allí se sostiene, entre otras cosas, que ellos identificaron “hechos de un ayer que laceró al Ecuador”.

La muerte del oficial también causó reacciones de Susana Cajas. La exintegrante de AVC dijo que Vaca “muere sin dar la cara a la justicia ecuatoriana”. Y criticó a la Corte Nacional, donde se tramitaba el juicio, porque su “lentitud generó impunidad”.

No fue la única. Pedro Restrepo advirtió el jueves 26 de enero que el exjefe policial estuvo involucrado en la desaparición de sus dos hijos.

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