29 de septiembre de 2016 00:00

Cañar y Chimborazo se disputan 64 000 hectáreas de páramos

El sector de Culebrillas es parte del área de conflicto limítrofe entre las dos provincias. Foto: Raúl Díaz para EL COMERCIO

El sector de Culebrillas es parte del área de conflicto limítrofe entre las dos provincias. Foto: Raúl Díaz para EL COMERCIO

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Cristina Márquez
negocios@elcomercio.com

El agua que nace de las vertientes de las comunidades indígenas Jubal y Huangras alimenta al proyecto hidroeléctrico Paute y es el punto neurálgico del conflicto limítrofe entre Cañar y Chimborazo. Ambas provincias se disputan la pertenencia de 64 000 hectáreas de páramos.

El conflicto, formalmente en vigencia desde el 2010, está llegando a su etapa final. Un equipo de peritos del Comité Nacional de Límites (Conali), ente adscrito al Ministerio de la Política y que es donde se ventila el proceso, recorrerá la zona en estos días antes de emitir su resolución final.

En la zona de disputa abundan las fuentes hídricas. Hay pequeñas lagunas, ríos y ojos de agua, pues el sector está sobre los 4 000 metros sobre el nivel del mar y el ecosistema de páramo está conservado.

El agua de este sitio es un recurso valioso. Se utiliza para el consumo doméstico en el cantón El Tambo y en las seis comunidades que habitan ahí.

Además, junto a otras vertientes genera regalías hidroeléctricas para Cañar, Morona Santiago y Azogues.

El monto que reciben estas provincias equivale al 5% de la facturación anual de Hidropaute. El valor se entrega a las tres provincias desde 1989, cuando entró en vigencia la Ley 045, que norma estos beneficios. En el 2012 se reformó la norma para incluir también a otras provincias que aportan con sus vertientes a los nuevos proyectos hidroeléctricos o que lo harán en el futuro.

En el 2015, por este concepto percibieron USD 3,9 millones, que se dividen de manera equitativa entre los 31 municipios de las tres provincias (USD 129 000 cada uno).

Pero en caso de que el Conali resolviera el diferendo a favor de Chimborazo, ese monto se reduciría, pues los 10 cantones de esa provincia se sumarán al listado de beneficiarios.

Con ello, el monto anual que percibirían bajaría a USD 97536 por municipio, considerando la cifra del 2015. “El conflicto limítrofe con Chimborazo se inició por la ambición de esta provincia, para recibir las regalías hidroeléctricas de Paute”, sostiene el prefecto de Cañar, Santiago Correa.

Para municipios pequeños de Cañar, como Tambo, los ingresos por regalías representaron el año pasado el 6,33% de su presupuesto (USD 2 millones).

“El dinero es significativo. Lo invertimos principalmente en obras de vialidad y proyectos de cuidado ambiental en comunidades”, dijo Luis Pinguil, alcalde de esa localidad.

Aunque el conflicto data desde la fundación misma de Chimborazo, en 1824 -según el prefecto de esa zona, Mariano Curicama- el diferendo se formalizó hace seis años, cuando la Comisión Especial de Límites (Celir) identificó las 64 000 hectáreas no delimitadas en el sector de Jubal y Huangras.

Durante dos años, las provincias intentaron conciliar sus diferencias. Se hicieron reu­niones, diálogos y recorridos por el sitio del conflicto, pero el plazo para llegar a un acuerdo amistoso venció en abril del 2013, sin solución.

A partir de esa fecha, empezó una batalla legal y política por la adjudicación de esos territorios. Cañar interpuso ese mismo mes una demanda institucional en contra de Chimborazo en el despacho de la Presidencia de la República.

Hoy el tema está en el Conali, entidad conformada para solucionar los conflictos de índole limítrofe que no pudieron ser resueltos de forma amistosa.

Ambas provincias sumaron a su equipo juristas especializados en conflictos limítrofes, historiadores, topógrafos y otros técnicos para preparar la defensa en el juicio. En septiembre pasado concluyó la etapa de pruebas. En esa fase, las provincias presentaron mapas históricos, estudios culturales, actas de nacimiento de los pobladores y otros papeles.

Entre las pruebas que presentó Cañar está, por ejemplo, el primer mapa de delimitación elaborado por el científico alemán Teodoro Wolf, que data de 1892 y que fue convalidado en 1896, durante el gobierno de Eloy Alfaro.

Además, se incluyó una investigación del historiador Bolívar Cárdenas sobre la cultura Cañari, que en su parte fundamental anota la creencia de que los cañaris surgieron de la laguna Culebrillas.

Según Mariano Curicama, prefecto de Chimborazo, la disputa limítrofe con Cañar es estrictamente territorial y no está ligada al dinero que esa provincia percibe por rentas de Hidropaute. “La ley 047 beneficia a las provincias hermanas. Y claro que también le correspondería ese derecho a Chimborazo, pero no estamos peleando por eso”, enfatizó.

Pese a ello, dijo que Chimborazo debería tener acceso a recursos de Hidropaute, pues los ríos Pomacocho, Jubal y Saucay, que nacen en los páramos de Chimborazo, se captan para la explotación energética.

Entre las pruebas que esa Prefectura presentó a Conali están actas de nacimiento, certificados de votación y otros documentos que los habitantes de Jubal y Huangras han venido tramitando en las oficinas públicas de la parroquia de Achupallas, en Alausí, cantón de Chimborazo.

“No estamos dispuestos a retroceder ni un centímetro porque ese territorio es herencia de nuestros padres”, dijo Manuel Vargas, alcalde de Alausí, un cantón con la mayor cantidad de hectáreas en conflicto.

Las autoridades de ambas provincias han protagonizado marchas y vigilias simbólicas para visibilizar su postura.

Este Diario solicitó el pasado 14 de septiembre una entrevista al Ministerio de Electricidad, que dijo por escrito que no manejaba datos sobre el tema. También se pidió información el 28 de septiembre al Ministerio de la Política, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

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