9 de July de 2009 00:00

La CAN recibió ayer los papeles para analizar la salvaguardia a Colombia

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Redacción Negocios

Algunos cabos sueltos surgen en torno a la adopción de la salvaguardia cambiaria a Colombia, definida el pasado martes por la ministra coordinadora de la Producción, Nathalie Cely. 

En primer lugar, la factibilidad de que se la aplique sin una autorización previa de la Secretaría General de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). Según la Ministra, Ecuador está apegado a la normativa andina y, ante el silencio del órgano (que debía pronunciarse el pasado viernes sobre si procede o no la solicitud ecuatoriana), “estamos en facultad de proceder con la medida”. 

El intercambio 
El déficit comercial con Colombia se ha incrementado en un 12% (USD 416 millones), pese a la aplicación de las salvaguardias.  
Las exportaciones a Colombia han disminuido en 26,8%, entre enero y junio de 2009, respecto a igual período de 2008. En cambio, las importaciones cayeron 9% en el mismo período.

Por ello, Cely, que preside el Consejo de Comercio Exterior e Inversiones (Comexi), determinó que empiece a regir una salvaguardia cambiaria -que va del 5% al 86%-  a 1 346 partidas  importadas de Colombia.

Y, aunque señaló que la CAN podría pronunciarse en cualquier momento, dijo que la medida ya entrará en efecto tras su publicación en el Registro Oficial.

Sin embargo, el argumento de la Ministra contrasta con la comunicación que envió la Secretaría  a Ecuador, con fecha 30 de junio, donde pide que se aclaren varios puntos antes de iniciar la adopción de cualquier medida.

En la carta enviada por el secretario general de la CAN, Freddy Ehlers, se pide que Ecuador aclare y complete los elementos técnicos que fundamentan su solicitud de imponer una salvaguardia cambiaria a Colombia.

La CAN observó al país que la solicitud presentada se contradice en la cobertura de la salvaguardia. En el oficio, en efecto, Ecuador, primero, dice  que la medida debería abarcar  a todo el universo arancelario. Luego, páginas después, considera conveniente no afectar la mayor parte del comercio bilateral. Y termina, más adelante, señalando que se autorice en su totalidad la aplicación de la medida de salvaguardia.

Otro punto que pidió  la CAN que se precise fue lo referente a su intención de aplicar el arancel nacional a las importaciones de Colombia. La duda se genera porque desde hace una década que Ecuador aplica un arancel cero a las importaciones que realiza desde los socios andinos.

Y, finalmente, la Secretaría andina pide que se remita la lista de productos que entrarían en esta medida, ya que no se remitió ningún detalle sobre las partidas y sus respectivos recargos. 

Esto coincidió con el hermetismo de las autoridades ecuatorianas, que no entregaron la lista a los medios de comunicación, pese al ofrecimiento.

El pasado martes, luego de una rueda de prensa de la ministra Cely, se tomó las direcciones de correo electrónico de los interesados  para remitirles dicha información, que aún no ha llegado. “Ya lo verán  en el Registro Oficial”, aseguró Cely. 

La información oficial solo describía algunos ítems a los que se les aplicará la salvaguardia, pero no especifica qué recargo arancelario tendrán. 

Conscientes de todas estas observaciones, las autoridades ecuatorianas oficializaron la aplicación de la medida. Sin embargo, recién ayer la CAN recibió la aclaración de todos los puntos solicitados. Y solo desde este momento corren los siete días calendario para que la Secretaría se pronuncie o  extienda  30 días más para su estudio.

Según eso, la CAN debería pronunciarse en primera instancia el 15 de julio; y en forma definitiva, hasta el 7 de agosto. Por lo tanto, la salvaguardia cambiaria a Colombia  aún no podría ejecutarse.

Otro cabo suelto sobre las salvaguardias es la denuncia de la ministra peruana de Comercio Exterior, Mercedes Aráoz, quien señaló que “Ecuador se está demorando en restituir las preferencias arancelarias para sus socios andinos  porque le preocupa el tipo de cambio del dólar en Colombia”.

Al respecto, Cely fue tajante y señaló que “ya se restituyeron”. Aunque el embajador de Ecuador en Lima, Diego Ribadeneira, fue más específico en señalar que “ya están restituidas, pero estamos en un proceso más administrativo para poder publicar esa resolución y aplicarla, lo que se producirá en los próximos días”.

Otro tema  delicado se refiere a la posibilidad de que las empresas afectadas por el retiro de las preferencias andinas en enero exijan a Ecuador una indemnización. La  ministra Cely afirmó que “solo son dos o tres casos y que se seguirá el orden legal”.

Pero, según el experto en temas jurídicos Antonio Cobo, sí es posible demandar una indemnización ya que el Acuerdo de Cartagena es un Tratado Internacional al que la Constitución ecuatoriana le reconoce supremacía jurídica y aplicación directa. “Al haberse restituido las preferencias, el período a considerar para reclamos de pago indebido es desde el 23 de enero de 2009. Conozco que el monto asciende a aproximadamente USD 22 millones”.

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