6 de julio de 2017 00:00

El caso Caminosca enfrenta a legisladores de Alianza País y Creo

Albornoz se defendió de las acusaciones por el caso Caminosca, ayer, en el Legislativo. Foto: Galo Paguay/EL COMERCIO

Albornoz se defendió de las acusaciones por el caso Caminosca, ayer, 5 de julio de 2017, en el Legislativo. Foto: Galo Paguay/EL COMERCIO

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Adriana Noboa
Redactora (I) 
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Esteban Albornoz rechazó las presuntas vinculaciones con el caso de corrupción Caminosca, en el cual esta empresa habría pagado coimas a funcionarios del Gobierno.

El legislador oficialista acusó a Jeannine Cruz y a Ana Galarza, asambleístas de Creo-SUMA, de fraude procesal, uso doloso de documento, inducir a error a la justicia y engañar a la fe pública. Ellas habían pedido que se investigara su posible vinculación con el caso.

Cruz entregó información a la Fiscalía General sobre Caminosca, en la que dijo que la empresa señalaba a Albornoz, entre otros funcionarios ecuatorianos, por haber recibido pagos ilegales.

El oficialista dio una rueda de prensa en la Asamblea Nacional para negar esa acusación. Estuvo acompañado de siete compañeros de bloque, entre ellos, Marcela Aguiñaga, exministra del Ambiente y ahora presidenta de la Comisión Legislativa de Justicia.

Ahí, el legislador mostró el laudo arbitral de un tribunal de Estados Unidos sobre el caso Caminosa. El mismo que Cruz llevó a la Fiscalía el 7 de junio. Pero él dijo tener el documento completo y que en la página 53 se señalaba que no hubo hallazgos de que los funcionarios del Gobierno hayan recibido coimas de la empresa.

Entonces, las acusó de haber entregado solo 45 páginas del documento, que contendría 132, “para conseguir micrófono a costa de todo”. Además, dijo que los documentos presentados eran copias simples, sin certificar ni apostillar. “También es corrupción denunciar sin pruebas”, advirtió.

Albornoz lanzó una hipótesis: la empresa estaría utilizando a las legisladoras por algún propósito, por lo que pedirá que la Fiscalía las convoque a rendir su versión, para que informen cómo obtuvieron la documentación.

En su criterio, se trata de hacer daño a su imagen política, pues considera que la primera intención era afectar a su candidatura al Legislativo.

Aseguró que no las acusará personalmente ante la Fiscalía por los presuntos delitos que las acusa. Eso lo deja en manos de las autoridades. “Cualquier persona que hace uso doloso de documentos tiene que responder a la Fiscalía”.

Marcela Aguiñaga respaldó a su compañero y pidió que se respete el Estado de Derecho, lo que eso no implica permitir las injurias y difamaciones. “Esperamos que la Fiscalía investigue, diga la verdad, si ha existido algún funcionario que haya recibido dineros a cambio de favoritismos en las contrataciones públicas”.

Para Aguiñaga “ese es el gran baño de verdad que necesitamos tener los ecuatorianos”. Y, en el discurso, todos sus coidearios están de acuerdo.

El caso salió a la luz en febrero y la Fiscalía inició una investigación previa. Albornoz pidió a inicios de marzo y nuevamente en mayo que se investigara el caso. Lo mismo hizo el vicepresidente Jorge Glas, también en mayo, ya que su nombre era otro de los que constaba en la documentación de la empresa.

Esto es lo mismo que exigen las legisladoras de oposición. Que las autoridades investiguen el caso. Por lo que, de ser convocadas a rendir versión, sí asistirán. Así lo afirmó Galarza, al tiempo que cuestionó: si Albornoz es inocente, por qué no demanda a Caminosca, ya que la empresa es la que lo involucra en la supuesta red.

Lo que hizo la asambleísta Cruz, agrega su compañera de bancada, fue lo que corresponde al debido proceso: pidió una asistencia penal, en la cual la Fiscalía General solicita la información de por qué y con qué pruebas de cargo Caminosca los ha involucrado.

Las declaraciones de Albornoz no las amedrentan, según Galarza. Para ella es una muestra de cómo funciona “el gobierno del diálogo, en el cual se trata de perseguir a quienes estamos tratando de fiscalizar”.

Precisamente, la Comisión Nacional Anticorrupción, organismo ciudadano, respaldado por las organizaciones sociales de oposición, presentará hoy una denuncia de cohecho y concusión en contra de siete funcionarios presuntamente involucrados, entre ellos, Albornoz y Glas.

La suma de coimas ascendería a USD 3 331 442, según este organismo ciudadano, parte de cuyos miembros formaban la Comisión Cívica Contra la Corrupción, hasta inicios del gobierno denominado de la Revolución Ciudadana, que extinguió a la entidad.

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