Camino equivocado

Al menos tres anuncios ha habido en esta semana por parte de sectores oficiales que dejan ver que la administración gubernamental persiste en sus planes de impulsar un modelo que, a vista de los resultados, no es capaz de mejorar las condiciones de vida de los ecuatorianos. Dos son de orden conceptual y el otro relacionado a la reforma tributaria en ciernes. Así, se realizó el pronunciamiento que, mediante Decreto expedido por el Ejecutivo, se dejarán sin efecto las patentes de medicamentos registradas en el país. 

Más allá de las razones que impulsen esa decisión, cabe preguntarse: ¿Es ese un mensaje que abona a favor de la seguridad jurídica? ¿Si un Estado reconoce un derecho a través de los procedimientos administrativos, cabe desconocerlo posteriormente de manera unilateral? También se ha indicado que se pedirá al órgano legislativo que denuncie los tratados que establecen la posibilidad de acceder al arbitraje internacional. Si bien ese pedido está en armonía con lo que se decidió en Montecristi, ¿podrá un inversionista confiar en una administración de justicia, a cuyos integrantes un alto funcionario estatal los tacha de delincuentes?

Se menciona que el proyecto de reforma tributaria cuenta con informe favorable sin modificaciones de la mayoría de asambleístas de la comisión encargada de su conocimiento. En plena crisis, cuando precisamente el sector productivo no tiene liquidez, se da luz verde a  medidas que a título de anticipo retirará a favor del fisco más de 200 millones de dólares, como se puede comprobar al aplicar la nueva fórmula de cálculo planteada al estado de situación consolidado de las empresas del país, publicado por la Superintendencia de Compañías. A más de eso se duplicará el impuesto de salida a los capitales, con el consecuente encarecimiento de los bienes.

Si sumamos estos elementos ¿será posible atraer inversión local o extranjera y crear nuevas plazas de empleo?  Se ha visto que el Gobierno ha tenido a su disposición la más grande cantidad de recursos jamás conocida en la historia del país. Pese a ello y a la inversión pública realizada, según reclaman para sí las autoridades, el empleo no ha crecido, sube el desempleo y el subempleo alcanza niveles históricos. ¿Se logrará revertir esta perniciosa tendencia si se retira más dinero del sector privado en beneficio de un elevado gasto estatal?

Todo hace pensar que vamos por el camino equivocado y si no se dan correctivos a tiempo la situación empeorará, en perjuicio precisamente de los más pobres. Al ver esas filas de personas para llenar vacantes ocasionales, se puede inferir que aquellos que esperaron mejorar sus condiciones de vida a través de un empleo se sienten frustrados. Mientras más tarden en reaccionar y emprender medidas que realmente impulsen la economía, el daño  será mayor y quizás irreparable. 

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