26 de marzo de 2018 00:00

Ocho cambios proponen las universidades

Augusto Barrera (centro), con rectores, asambleístas y autoridades del sistema. Foto: Cortesía Senescyt / EL COMERCIO

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Mariela Rosero

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Rectores de universidades y de institutos públicos y privados y también autoridades del sistema le toman el tiempo a la Asamblea. Desde este mes empujan, juntos, el trámite de la reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), que empezó a estudiarse el 2015.

Antes de que termine el anterior período legislativo, en abril del 2017, la Mesa de Educación presentó un informe a primer debate. Pero en mayo, la nueva -con Augusto Espinosa a la cabeza- pidió tiempo para hacer un alcance a ese documento.

Así se llegó al primer debate el 19 de septiembre del 2017. Desde entonces no se logró avanzar debido a falta de quórum en esa comisión. Esto, por el pedido de renuncia al expresidente.
El jueves anterior, una comitiva de las universidades y autoridades entregaron su propuesta a la Mesa.

Augusto Barrera, principal de la Senescyt, revisó con este Diario ocho de los puntos que trae el proyecto que trabajaron. Reivindico -dijo- algunos aspectos duros de la LOES. Pero la reforma “mejora y corrige errores, que sí existieron”. Reconoció que en el 2010, cuando se aprobó la Ley, había un grupo de universidades privadas que hacía todo menos docencia, no tenía aulas, pero sí departamentos de contabilidad. “Sí había una universidad vendedora de títulos y politiquera”. Pero le parece que faltó sintonía y valorar lo que tenía la Academia.


1. No solo ­pesará el examen Ser Bachiller para acceder a cupos en centros ­públicos.

 La reforma incorpora otros criterios para la admisión en el sistema de educación superior pública: récord acadé­mico en el colegio y otros temas de política afirmativa, en regiones en donde hay brechas. Se hace obligatoria la ­nivelación general.

2. Los ingresos de las ‘U’ se mantienen y se hace un ajuste para que no pierdan dinero.

El Fopedeupo se mantiene. Este año son unos USD 1 200 millones. Aparte se invertirá en institutos, son USD 260 millones solo en infraestructura. Y 60 millones en gasto corriente. No se les quitará el recurso no devengado por retraso en entrega.

3. Las universidades contarán con tres representantes ante el pleno del CES.

 Tres rectores de: ‘U’ públicas, autofinanciadas y cofinanciadas tendrán voz y no voto en el Consejo de Educación Superior. Habrá una plataforma única del CES, Ceaaces y Senescyt, para que a los centros no se les pida diferente información.

4. El plazo para que las instituciones tengan docentes titulares con doctorado se amplía.

 Las universidades solicitaron una extensión del plazo, que venció en octubre del 2017, para contar con profesores titulares con doctorado. Piden cinco años más. Buena parte envió a sus docentes con becas, pero les falta tiempo para cumplir con la norma.

5. La acredita­ción no podrá verse en una especie de ‘ranking’ y se cambian los ­plazos.


 Se sustituye el concepto de categorización por acompañamiento. Como docente, el Ceaaces acompañará más a las universidades con problemas. Las ‘U’ acreditadas volverían a ser evaluadas tras 5 años y no cada año. El proceso se iniciará el 2019.

6. Ajustes a la visión de los órganos de dirección de las universidades privadas.

Además de un órgano académico, se plantea que el consejo de regentes -que reúne a promotores y dueños- tenga potestad. Y se proponen tres mecanismos de elección de rectores. Y una ‘U’ promotora de otro país sí podrá contratar con la sede local.

7. El listado con las universidades extranjeras para registro de títulos se elimina.

 La lista de universidades extranjeras, de los que se aceptan los ­títulos que se pueden registrar en Ecuador no tendría más vigencia. Por razones obvias de reciprocidad, si una entidad de otro país reconoce la carrera y el centro, el país también.

8. Los criterios de intervención en las universidades también se modificarían.

 El modelo de intervención cambiaría para ser “más duro con las autoridades y más blando con universidades”, se llegaría a la suspensión de ellas por 180 días. La comisión interventora podría tener funciones de rector, para que no haya una “bicefalia”.
 

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