Cinco cambios para impulsar el dinero móvil

Foto: Archivo/EL COMERCIO Verónica Artola, gerenta del BCE, explicó en noviembre la reforma en la Asamblea.

Foto: Archivo/EL COMERCIO Verónica Artola, gerenta del BCE, explicó en noviembre la reforma en la Asamblea.

Verónica Artola, gerenta del BCE, explicó en noviembre la reforma en la Asamblea. Foto: Archivo / EL COMERCIO

El Ejecutivo insiste en que el dinero electrónico deje de estar en manos del Banco Central del Ecuador (BCE) y pase al sistema financiero privado, esto es, bancos privados, públicos y cooperativas.

Para ello, el presidente Lenín Moreno incluyó cinco cambios en el veto parcial al Proyecto de Ley para la Reactivación Económica enviado a la Asamblea para debate el pasado 11 de diciembre.

Mañana está previsto que la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea comience a estudiar el documento. “Tomará unos ocho días el análisis en la Comisión antes de ir a votación al Pleno”, aseguró el asambleísta Pabel Muñoz, presidente de la Comisión.

Se trata de uno de los temas del proyecto que generó más fricciones en el Legislativo.

En el informe para segundo debate, el 26 de noviembre, con mayoría de Alianza País (AP) el Pleno decidió eliminar la propuesta del Ejecutivo con respecto al dinero electrónico.

El primer cambio que propone el Gobierno a ese proyecto aprobado por el Legislativo consiste en eliminar el término “moneda electrónica” del Código Monetario. También, desaparece de las funciones del Banco Central la de emitir moneda electrónica.

Así, el Jefe de Estado cumple con un compromiso hecho a la banca en agosto. La Asociación de Bancos Privados (Asobanca) sostiene que en manos del Central, el dinero electrónico genera desconfianza. En la Asamblea eliminaron esta propuesta por considerar que no fue una promesa de campaña de Moreno, dijo Muñoz.

El segundo cambio en el veto es el que establece que la Junta de Política y Regulación Monetaria tendrá entre sus funciones la de regular la gestión de los medios de pago electrónicos, que serán operados por las entidades del sistema financiero nacional.

Pero se especifica que las entidades deberán dar acceso total de sus plataformas de medios de pago electrónicos al BCE, ya que el ente seguirá siendo regulador y supervisor de las operaciones.

La tercera propuesta consiste en los incentivos al sistema. El veto propone devolver dos puntos del impuesto al valor agregado (IVA) a los usuarios que paguen sus consumos con dinero electrónico. En su propuesta original enviada el 1 de noviembre a la Asamblea, el Ejecutivo planteaba devolver un punto por usar cualquier medio de pago electrónicos y no solo dinero electrónico.

No se trata de un incentivo nuevo. Actualmente la Ley para el Equilibrio de las Finanzas Públicas dispone que se devuelva dos puntos del IVA a quienes usen dinero electrónico y un punto a quienes usen medios de pago como tarjetas de débito y crédito.

El cuarto punto insiste en la propuesta de que la Junta Monetaria establezca plazos y montos a partir de los cuales los servicios básicos se deberán pagar mediante transferencias bancarias o medios de pago electrónicos.

Inicialmente, el Ejecutivo planteaba que también se establezcan plazos y montos para el pago de salarios, pero ese planteamiento se retiró.

El quinto aspecto con el que se busca incentivar el uso de estos medios de pago se relaciona con la iniciativa de que todas las personas naturales y jurídicas con RUC cuenten con, al menos, un canal de cobro para medios electrónicos.

El frente económico defiende estas propuestas con miras a reducir el uso de efectivo en Ecuador, que anualmente alcanza los USD 2 000 millones. Además, se espera que este medio de pago, que está vigente desde el 2014, despegue.

En casi tres años la plataforma apenas ha movido USD 62 millones a través de 5,1 millones de transacciones, según datos del BCE, con corte al 10 de diciembre.

Del total del monto transado, USD 49,8 millones se movieron durante este año.

Verónica Artola, gerenta del BCE, reconoció que una debilidad del BCE es que no cuenta con la cantidad de ventanillas y cercanía al público con las que sí disponen la banca y las cooperativas.

Hasta el 10 de diciembre el BCE reportó 406 724 cuentas activas. La entidad planteó en agosto pasado que los actores de la Economía Popular y Solidaria usen la plataforma que ya está desarrollada y en la que invirtió USD 3 793 987.

Marisela Flores, jefa de Operaciones de la Cooperativa Atuntaqui, dijo que se reunió hace una semana con funcionarios del BCE para dialogar sobre cómo la Cooperativa podría comenzar a operar desde la plataforma del Central.

En contexto

La Asamblea aprobó el Proyecto de Ley económica con un 65% de cambios. Uno de ellos fue eliminar la propuesta de traspasar el manejo del dinero electrónico a la banca. También, suprimió la opción de que el decimotercero pague impuesto a la renta.

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