Cuando el país está inquieto por el problema de la inseguridad, los cambios en dos ministerios importantes en materia de orden público parecen ser más un eco del 30-S que una respuesta a nuevos planteamientos para afrontar el problema.
Mientras tanto, se elaboran estrategias de reformas legales y hasta constitucionales. A la vez, se estudia una posible consulta popular para dejar en manos del pueblo la severidad de ciertas reformas y se logra consensos en temas que pueden ser tan populares como ingenuos. La respuesta del establecimiento luce tenue frente a la percepción ciudadana, que no refleja sino un estado de cosas alarmante y que tiene un alto precio: una terrible descomposición social e inclusive el costo de vidas humanas.
Dos de los responsables del frente político que más tienen que ver con la seguridad dejaron sus cargos. Tanto Gustavo Jalhk como Miguel Carvajal supieron ser leales y dieron la cara en las horas más difíciles, pero no pudieron o no supieron avisorar la crisis de insubordinación policial del 30 de septiembre. Hoy su relevo hace las veces de fusible, ante las evidentes fallas que pusieron en riesgo inclusive la seguridad presidencial. El Presidente no cambió al Ministro de Defensa.
A Jalhk y Carvajal los ha reubicado, en concordancia con la teoría del reciclaje de funcionarios, que ha sido práctica común en el Gobierno. La experiencia de los ministros relevados tendrá otras perspectivas.
Los sucesores, Alfredo Vera y Homero Arellano, tienen perfiles distintos. Uno, viejo político de la era de la partidocracia, tendrá en sus manos la difícil misión de coordinar entre el Gobierno y una Policía desmotivada. Otro, un militar cercano a la cúpula, cuyo nombramiento encaja acaso en la renovada confianza del Presidente en FF.AA.