Mauro Andino (centro) llega a la inauguración de la Escuela de Formación Política de AP. Foto: Alfredo Lagla / EL COMERCIO
Ante el vendaval de enmiendas constitucionales presentadas por asambleístas, por funcionarios del Estado y por el Presidente, el país se enfrenta a una discusión jurídica que no parece acabada del todo y que finalmente la resolverá la Corte Constitucional.
De las 18 propuestas, ¿cuáles tocan derechos fundamentales, cuáles modifican la estructura del Estado y cuáles serían solamente precisiones formales a la Carta Magna?
Desde fuera de Alianza País, todo este cúmulo de enmiendas solo sería un pretexto para impulsar la que verdaderamente le interesa: la reelección indefinida. Eso fue evidente ayer, durante la inauguración de la Escuela de Educación Política de oficialismo, con el cántico reiterado de “reelección” desde las butacas.
Según el analista Luis Verdesoto, la intención es “confundir” a propósito de algo que no se puede negar: la Constitución “adolece de fallas que se evidencian ahora porque fue elaborada atropelladamente”.
Sin embargo, con tantas propuestas, unas de fondo y otras de forma, y de las cuales pocas se han hecho públicas, Verdesoto sostiene que todos “deberíamos sincerarnos y llevar adelante una reforma constitucional”, que implicaría una consulta popular. Y lo dice no por la cantidad de enmiendas, sino porque muchas de ellas afectarían derechos, como los cambios en el artículo 86 y las garantías constitucionales, que, a criterio del presidente Rafael Correa, “hace muy vulnerable al sector público”, según el enlace del sábado pasado.
A Oyarte no le sorprende esta necesidad de modificaciones que plantea el actual Gobierno. Tampoco las distingue de las que han ocurrido en los malhadados tiempos de la ‘partidocracia’. Y una de ellas sería acomodar la Carta Magna a una ley, cuando el procedimiento debiera ser inverso. Eso ocurriría si la comunicación, que es un derecho según la Carta Magna, se considere un servicio público, como lo señala la Ley de Comunicación.
Lo que no cree Oyarte es que restar competencias a los municipios altere la estructura del Estado, como sí lo considera Verdesoto, para quien se debe ir pensando ya en la regionalización del país, que debería darse en el 2016.
Pero la activista política Martha Roldós no tiene ambages al decir que cualquier cosa que se plantee al interior del taller de hoy solo servirá para consolidar la hegemonía presidencial. “Todo lo demás será apenas como un adorno, como un guiño de ojo”, afirma.
La experiencia del referéndum del 2011 le permite llegar a esta conclusión. En aquel proceso se incluyeron temas que satisfacían a algunos sectores y fueron aprovechados “para meter mano a la Justicia”. Pero lo curioso y contradictorio es que un Gobierno, “que se fortaleció recurriendo a la democracia plebiscitaria”, sepa que en este momento no es un recurso favorable en sus aspiraciones para cambiar la Carta Magna.
Tanto Verdesoto como Roldós sostienen que hay un serio problema en el Régimen: el espíritu de Montecristi se ha perdido.
Pero si Roldós cree que los “violaciones” a la Constitución fueron evidentes desde su promulgación, para Verdesoto están siendo evidentes las fracciones entre la coalición que la redactó y aquella que está ahora en el ejercicio de Gobierno.
Las ambigüedades en algunos legisladores de Alianza País son evidentes. Desconocen de qué tratan en detalle las enmiendas que se analizarán a partir de hoy. Una comisión especial está redactándolas para presentarlas y enviarlas a la Corte Constitucional. Si hay alguna inconformidad, funcionará la disciplina partidaria. Alexandra Ocles, por ejemplo, afirma que “en lo personal” no tocaría la Constitución, pero “como no es una decisión personal, me allanaré a lo que diga la mayoría”.
Para tener un cuerpo de cambios que no necesiten reformas sino solo enmiendas que se votan con mayoría parlamentaria, el bloque oficialista organiza hoy un taller en la sede que tiene en Quito.