14 de agosto de 2017 22:32

California y San Francisco denuncian a Trump por las 'ciudades santuario'

El Fiscal general de EE.UU.  Jeff Sessions brindó su testimonio ante la Comisión de Inteligencia del Senado por el caso de la supuesta colusión con Rusia. Foto: AFP

La demanda de San Francisco fue presentada contra el fiscal general, Jeff Sessions, y el Departamento de Justicia, de acuerdo al comunicado. Foto: Archivo/AFP

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Agencia DPA

El estado de California y la ciudad de San Francisco anunciaron hoy, 14 de agosto de 2017, que demandaron al Gobierno de Donald Trump, con el argumento de que sus amenazas de retener los fondos de las llamadas ciudades santuario son inconstitucionales.

Las ciudades santuario son aquellas que se niegan a colaborar con las autoridades federales en la deportación de indocumentados. Hay unas 500 localidades de este tipo en todo Estados Unidos, entre las que se encuentra San Francisco.

La demanda apunta contra nuevas condiciones que "obligarían a las autoridades de California a aplicar las medidas federales en torno a cuestiones migratorias, en vez de permitirles usar sus propios criterios para determinar de qué manera mantener seguras a sus comunidades".

La demanda de San Francisco fue presentada contra el fiscal general, Jeff Sessions, y el Departamento de Justicia, de acuerdo al comunicado. "El Departamento de Justicia no tiene la autoridad del Congreso para imponer estas condiciones, y por buenas razones.
En nombre de la seguridad pública, el presidente está socavando la aplicación de la ley de parte de las autoridades y tratando de retener dinero usado para reducir el crimen. Es como quemar una montaña de carbón en nombre de la protección ambiental", dijo el representante legal de San Francisco, Dennis Herrera, en conferencia de prensa.

Sessions anunció en julio que la administración solo derivaría unos fondos federales conocidos como JAG a las ciudades que cumplieran determinadas condiciones.

Estas son compartir información sobre inmigrates con las autoridades federales, dar acceso a instalaciones de detención local y notificar al Departamento de Seguridad Nacional con al menos 48 horas de antelación la puesta en libertad de inmigrantes indocumentados buscados por las autoridades federales.

Como consecuencia de las nuevas condiciones, California podría perder más de USD 28 millones  provenientes de fondos federales que el estado usa para apoyar a las autoridades, a las víctimas de crímenes y a testigos, dice el comunicado. A principios de agosto la ciudad de Chicago presentó una demanda similar.

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